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Burocracia profesional en el sector público: breve nota


MintzbergEn estos momentos de escándalo en la Universidad pública viene bien recordar las peculiaridades de la gestión en instituciones como estas. Sigue una breve nota.

La universidad, ya sea pública o privada, se configura organizacionalmente como una burocracia profesional. La burocracia profesional es una de las tipologías organizativas estudiadas por Mintzberg. Se caracteriza porque el poder reside en los productores, en el núcleo operativo. Por lo tanto, los mandos intermedios y el ápice estratégico funcionan como gestores a su servicio, para conseguir que desempeñen su trabajo de la mejor manera posible.

En una burocracia profesional, los profesionales son todos como Messi: el club está a su servicio para que juegue a gusto. Este sería un objetivo devotamente apetecible y existen instituciones que lo incorporan a su ideario, por ejemplo en torno a un nuevo estilo de relaciones. Sin embargo, lo característico de la burocracia profesional es que concede el poder a cada profesional de manera individual, mientras que formulaciones democratizadoras del entorno laboral descienden el poder a los colectivos, al equipo.

Un catedrático tiene libertad de cátedra. Un juez posee autonomía judicial. Un médico tiene libertad de prescripción. En una burocracia profesional, están al mando y gozan de libertad en el ejercicio de su profesión.  La institución que sanciona su actuación no es la empresa u organización pública para la que trabaja, sino su colegio profesional, la reunión de sus iguales. Por lo general, existen procesos de selección y promoción largos y con fuerte aculturación para admitir nuevos miembros de pleno derecho: el MIR, los profesores asociados, etc.

Otros profesionales que trabajan en su entorno carecen de esta libertad. Muchas veces, se les sitúa en estructuras externas: la administración judicial, el PAS, el personal no facultativo.

Los párrafos anteriores pretenden ser meramente descriptivos. Así son estas organizaciones. No valoro su idoneidad a priori.

Como consecuencia de este desequilibrio de poder, las burocracias profesionales  experimentan problemas de coordinación y acostumbran a resistirse al cambio organizativo. El ejercicio de la profesión en la relativa intimidad del aula, de la consulta o del tribunal es lo que realmente importa a estos profesionales, que no suelen mostrar mucho entusiasmo por grandes cambios organizacionales. Cuando hablamos del sector público, la cosa se complica aún más, por la dificultad de ofrecer incentivos al cambio. Por nombrar uno: la capacidad de contratar y despedir en función de la adhesión al cambio.

No obstante, conocemos un caso de enorme éxito: el de la sanidad pública. Con ciertas diferencias entre diferentes servicios autonómicos de salud, en general España goza de excelentes servicios sanitarios, sorprendentemente coste-efectivos, con muy altos niveles de satisfacción. Y para conseguirlo ha habido que realizar cambios estructurales de profundo calado que han precisado de la implicación de los profesionales de la medicina -y tambien de la enfermería, la administración, etc.

Queda, pues, establecido que el cambio en las burocracias profesionales públicas es posible. Se puede.

Pues bien, ahí nos quedan dos instituciones de enormísima importancia donde los cambios no han calado: la judicatura y la universidad. El sistema judicial sigue siendo un elefante con flebitis, con escándalos rutinarios como el de los dilatados plazos hasta que se resuelve un caso. Todo el que haya sufrido prisión preventiva sabe de qué hablamos. Y la Universidad pública… Ay, la Universidad. No sólo se ausenta de los primeros puestos de los rankings mundiales, sino que se regodea en su paralizante endogamia.

Tranquilidad. Yo tampoco tengo la solución. Sin embargo, me permitiréis que acabe esta nota con un apunte en ese sentido.

Quiero hacer notar que el gran pacto profesional en la sanidad pública consistió en profesionalizar la gestión sanitaria. Los profesionales de la medicina siguen siendo soberanos en cada consulta, pero han aceptado que otros profesionales, consagrados a la gestión, se ocupen de asuntos como ordenar el flujo de pacientes, la asignación de casos a diferentes niveles y profesionales, la implantación de sistemas de información, la promoción de protocolos conjuntos entre niveles, la medición de las variables del negocio, etc. Y, muy importante, el sistema ha dedicado un gran esfuerzo a dotarse de profesionales de la gestión, ya sea vía formación o vía contratación.

¿Podemos imaginar algo semejante en la Universidad pública? ¿Y en la justicia? ¿Y que funcione de verdad? No sólo lo podemos imaginar, sino que supongo que habrá incluso algunas buenas prácticas parciales. Os animo a que las comentéis.

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