Administraciones en red

Recién llegado de una misión en República Dominicana, donde he dirigido, como consultor del Banco Mundial, un estudio sobre la preparación del país para lanzar una política de datos abiertos, quiero compartir aquí algunos apuntes sobre lo que he podido observar. En buena parte, creo que estas impresiones se pueden extender a otros países de América Latina y el Caribe.

Aclaro que mi experiencia en LATAM es parcial, si bien he tenido ocasión de conocer con cierta profundidad la situación del Perú y, de manera más superficial, la del conjunto de países, a través de lecturas, de otros viajes y de mi presencia en la conferencia interministerial de Gobierno Abierto, en San José 2012. Quien busque un relato mejor fundado, puede acudir, por ejemplo, al último artículo de Álvaro Ramírez-Alujas: Gobierno Abierto en América Latina y el Caribe: Los tiempos están cambiando.

Al viajero europeo, lo primero que le impresiona en República Dominicana, y en buena parte de LATAM, es que Gobierno abierto es una política central que se toma en serio. En esto, se muestran muy diferentes de España y del conjunto de la Unión Europea, con las consabidas excepciones. Voy a citar algunas de las evidencias que más me han llamado la atención:

1. Importancia del compromiso con la Alianza para el Gobierno Abierto

La Alianza para el Gobierno Abierto  (Open Government Partnership) es la gran institución que está guiando el avance mundial hacia gobiernos más abiertos. Nace bajo el doble liderazgo de Estados Unidos y Brasil, ambos en el continente americano, con una adopción inicial de México, Reino Unido, Noruega, Suráfrica e Indonesia. En esta imagen, que habla por sí sola, podemos ver la relación de países firmantes a fecha de hoy (fuente: OGP)

República Dominicana ingresa en 2011 y firma el compromiso en abril de 2012, en la segunda oleada de países, a la vez que España. Sin embargo, en España este compromiso es de tercera división. ¿Cuántos españoles y españolas conocen que somos firmantes del compromiso? ¿Y que sepan a qué nos compromete?  En la República Dominicana, buena parte de las manifestaciones institucionales, de las formulaciones estratégicas y los discursos, citan el compromiso del país con la Alianza y despliegan sus consecuencias.

Hay que valorar que han tenido un cambio de Gobierno después de la firma del acuerdo y que eso no ha devaluado el compromiso; antes bien, lo ha hecho aún más presente.

2. Políticas centrales, top-down, para la implantación de Gobierno abierto

La República Dominicana tiene un Gobierno de tipo unitario o, como diríamos por aquí, «centralizado» que, desde el punto de vista de la gestión, supone ventajas para la implantación de políticas top-down. Obviamente, la descentralización tiene otras ventajas que no son objeto de este artículo. Cuando un Gobierno unitario decide implantar una política, se implanta en el conjunto del sector público, aunque suele costar más extenderla al nivel local.

Esto es algo a tener en cuenta cuando evaluamos el avance hacia datos abiertos en función del número de portales. En la España actual, para cubrir el conjunto del territorio, necesitaríamos cientos de portales: por cada Ayuntamiento mediano y grande, por cada Diputación, por cada Autonomía, el del Gobierno Central… y aún faltarían agencias y empresas públicas periféricas. En República Dominicana bastaría un portal de país y ya han planificado hacerlo, bajo dominio http://www.datos.gob.do.

En República Dominicana, el Ministerio de la Presidencia ha creado la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), que se ocupa de lanzar las políticas de Gobierno abierto, con un foco muy claro en la transparencia. Esta oficina da una dirección política a las iniciativas de su ámbito y se complementa con la OPTIC, que se ocupa de los aspectos tecnológicos y que está publicando normas tan interesantes como:

• NORTIC A2: Norma para la creación y administración de portales web del gobierno dominicano, que fija, entre otros aspectos, los contenidos mínimos de la transparencia.
• NORTIC A3: Norma sobre publicación de datos abiertos del Gobierno Dominicano, donde se determinan las tipologías de datos a liberar, sus formatos, licencias, metadatos, etc

3. Centralidad de la Ley de Acceso a la Información, compromiso con la transparencia

En general, la transparencia es una materia central en los discursos y en las acciones, que aparece de manera transversal en las políticas públicas. Esta es la lista de metas del país, entre las que se encuentra la transparencia:

• Asistencia Social
• Economía
• Educación
• Salud
• Seguridad Ciudadana
• Transparencia
• Turismo

La Ley General de Libre Acceso a la Información Pública (Nº 200-04), se promulgó en fecha 28 de julio del año 2004, y su Reglamento de Aplicación (Nº 130-05) en 2005. A diferencia de la Ley española equivalente, esta norma ha nacido para aplicarse desde el primer día y con profundidad.

Hay dos grandes pruebas de la aplicación de la Ley de Acceso a la Información:

• Los portales de transparencia (transparencia activa):  cada institución habilita un subportal de transparencia dentro de su portal, que recoge de manera estandarizada una amplia serie de informaciones acerca de la gestión del organismo y los resultados de sus procesos clave. Algo parecido pude ver también en el Perú. Actualmente, se está pasando de información en .pdf a información en excel, en aplicación de la NORTIC A3, dando así pasos decididos hacia la apertura de datos. La DIGEIG coordina este proyecto, que se sustenta en la Resolución 1/13 sobre Políticas de Estandarización Portales de Transparencia, de fecha 30 de enero de 2013.

• Las Oficinas de Libre Acceso a la Información (transparencia pasiva): cada institución pública se dota de una OAI para garantizar el derecho de acceso a la información. Hasta el momento son 207. Se ubican en la planta baja de las instituciones y permiten la solicitud de información en persona, por teléfono o por correo electrónico. El personal está bien preparado y las oficinas funcionan en red entre sí, coordinadas por DIGEIG, que es impulsora de la Resolución No. 2/2012, sobre Registro y Ordenamiento de las Oficinas de Acceso a la Información Pública, de fecha 7 de diciembre de 2012.

4. Participación ciudadana en el control social de la acción de Gobierno

En América Latina, y en República Dominicana, se está extendiendo en uso de veedurías ciudadanas para la auditoría social de la gestión pública. Una veeduría ciudadana es un mecanismo democrático de representación de los ciudadanos o de las organizaciones comunitarias, que permite vigilar la gestión pública de autoridades y entidades estatales o privadas, o de organizaciones no gubernamentales, en aquellos ámbitos en los que se empleen los recursos públicos.

Las distintas instituciones se van dotando de comisiones de veeduría que incorporan a ciudadanos, a expertos y a asociaciones, que vigilan aspectos sensibles de la gestión pública, como pueden ser:

• compras y contrataciones
• ofertas de empleo público
• proyectos de obras públicas

Esta búsqueda en el portal de Presidencia puede dar una idea del alcance que está teniendo la incorporación de veedurías ciudadanas.

Una anécdota: estando en Santo Domingo leí, como portada de un diario, una noticia que denunciaba el uso de una marca de pintura distinta de la contratada en la construcción de algunas escuelas. Desconozco el contexto, pero esta es una evidencia de hasta dónde es posible ejercer el control sobre los proyectos públicos.

5. Enormes retos por superar

Los cuatro puntos anteriores representan mi fascinación por el rápido y profundo avance del Gobierno abierto en Latinoamérica, mucho más creíble que el de España. Al tiempo, no se puede ignorar la situación de partida y las dificultades de países como República Dominicana, con grandes retos para el desarrollo.

A mi entender, el gran problema del país es la desigualdad social y la escasa proporción de clase media sobre el total. La gran masa del país vive en la pobreza o cerca de ella. Conjugado esto con un clima amable y una naturaleza generosa, el marco de incentivos favorece la pasividad social y una relación de clientelismo con los partidos políticos. Es más fácil ganar votos comprándolos que planteando un buen programa. No se trata de un mero problema de corrupción política, sino de un problema sistémico que involucra a ambas partes.

Las clases medias, que son las que pagan impuestos, e incluso el empresariado, están deseando el cambio. Sin embargo, no van a encontrar el apoyo de las clases populares. En este difícil contexto, los esfuerzos del Gobierno actual parecen bastante bien encaminados para aumentar la integridad pública y la implicación ciudadana.

La conectividad del país es buena y virtualmente todo dominicano posee un celular. Las oportunidades son enormes y es necesario que algunas instituciones -señaladamente, las universidades- den un paso al frente para capacitar y alinear al país hacia un futuro halagüeño.

Entre tanto, nos ofrecen la maravilla de sus playas y montañas. Recomiendo una visita, a ser posible evitando los resorts y el «todo incluido».