Administraciones en red

El debate sobre el papel de las redes sociales en las administraciones públicas se ha animado durante las últimas semanas.

Como dije en la presentación de la mesa del Tecnimap sobre redes sociales, el enfoque correcto no es el que se centra en las herramientas, sino que el que atiende a los objetivos. Es un hecho que en las actuales sociedades complejas las administraciones necesitan mejorar sus relaciones con la ciudadanía, con las organizaciones de la iniciativa social, con las empresas colaboradoras y, por supuesto, las relaciones entre ellas mismas, es decir, entre las diferentes administraciones. Y es seguro que las herramientas de la web 2.0 pueden ayudar a conseguir este objetivo de mejorar el funcionamiento en red de las administraciones públicas.

Por supuesto que el tema no es sencillo. Todavía nos enfrentamos a los primeros balbuceos del uso de las redes sociales en las administraciones públicas. Por eso algunos ven, incluso, el riesgo de caer en el electoralismo. Es la tentación lógica cuando las redes sociales se plantean como una moda y las herramientas de la web 2.0 como una oportunidad de marketing electoral.

Otros se preguntan si realmente la ciudadanía quiere que las administraciones estén en las redes sociales, si de esta forma, lejos de servir mejor a la ciudadanía, no llegaremos a convertirnos en una sociedad orwelliana.

En el blog de Gencat se ha suscitado una interesante conversación a partir de una presentación de Jordi Graells y Cristina Ribas, en la que explican el caso de Gencat 2.0, con numerosos ejemplos de uso de las herramientas de la web 2.0 en el ámbito de la Generalitat de Catalunya.

En cualquier caso, como bien dijo Marc Garriga en la mesa del Tecnimap, no nos queda más remedio que el Trystorming ;-).

Pero como esto no va tanto de herramientas como de modelos, no estará de más recordar algunas ideas de Joan Prats publicadas en el anteúltimo número de la revista Gobernanza:

«Las redes de gobernanza presentan aspectos positivos que están justificando su uso y extensión:

• La formulación e implementación de políticas se enriquece con la información, el conocimiento y la colaboración aportados por los diversos actores interactuantes.

• Las políticas y su implementación pueden alcanzar una mayor aceptación y legitimación social consiguiendo una ejecución menos costosa y más efectiva.

• La participación interactiva y simétrica supone que una amplia variedad de intereses y valores serán tenidos igualmente en cuenta, lo que favorece el principio democrático.

• Las redes incrementan las capacidades unilaterales de los gobiernos para orientar la definición y solución de las cuestiones sociales, incrementándose así su efectividad y eficacia.

• Las redes reducen los costes de transacción en situaciones de toma de decisión complejas al proveer una base de conocimiento común, experiencia y orientación lo que reduce la inseguridad al promover el intercambio mutuo de información.

• Las redes pueden reequilibrar las asimetrías de poder al aportar canales adicionales de influencia más allá de las estructuras formales.

• Las redes incrementan el capital social de las comunidades. Exposición realizada siguiendo a A. Cerrillo, La Gobernanza y sus Repercusiones en el Derecho Administrativo, pendiente de publicación».

Para comenzar la semana en modo reflexión, os dejo con esta frase de Joan Prats:

«El propósito último del Estado estratégico y habilitador es redistribuir el poder a la gente. Habilitar a la gente para asumir el poder resulta a la vez correcto e indispensable para alcanzar los objetivos del gobierno. El Estado moderno necesita trabajar de otros modos – menos por mandatos y control y más por colaboración y asociación o partenariado. Esto refleja la clase de ciudadanos de hoy: inquisitivos, menos deferentes, exigentes, informados. La idea central del gobierno estratégico y habilitador es que el poder está situado en las manos de la gente. Es una visión del Estado que incrementa las oportunidades de la gente para implicarse; empoderamos a los ciudadanos para que empujen a las instituciones públicas a rendir cuentas; y aseguramos que los ciudadanos se corresponsabilicen con el Estado para su propio bienestar».