Administraciones en red

Comienza una nueva legislatura en el Gobierno Vasco, la décima desde la restauración democrática. Cada nueva legislatura es una oportunidad para reformular políticas y abordar asignaturas pendientes. Una de ellas puede ser la “reconversión” de la organización y funcionamiento de la Administración pública. A mí, al menos, me parece un reto muy pertinente en la coyuntura actual.

A este respecto, puede ser buen momento para recordar el Informe de la CORAME. Aquel documento de las 47 medidas que, desde mi punto de vista, supuso el intento más serio de reformar nuestra organización administrativa.

Valoro la importancia de aquel documento no sólo por el alcance integral de su contenido, sino también por la relevancia de las personas que lo impulsaron y suscribieron, dos Vicelehendakaris, dos Consejeros y un Grupo de Trabajo constituido por personas que, en su mayor parte, han ocupado y algunas de ellas ocupan, también en esta nueva legislatura, puestos de gran responsabilidad en la Administración pública vasca.

Me parece que ahora es más necesario que nunca recuperar aquel espíritu de transformación integral que tenía el Informe de la CORAME.

Han pasado casi 20 años y algunas cosas han cambiado desde entonces, para bien y para mal. Se han producido avances en algunos aspectos concretos de los planteados en aquel informe, pero nunca se ha abordado el reto de la modernización como una política integral y coordinada bajo un liderazgo común.

Es verdad que se creó la Oficina para la Modernización Administrativa, prevista en la medida 47 del Informe de la CORAME, pero nunca se le dotó de las competencias ni de los recursos necesarios para abordar la puesta en marcha de las 46 medidas anteriores propuestas en el Informe, seguramente porque tampoco fue asumido ese objetivo por el Gobierno, ni por ninguno de los posteriores.

En este punto me parece interesante citar el artículo de Ernesto Unzurrunzaga: “Estrategias de reforma en la administración pública: el caso de la CORAME en el País Vasco”, en el que analiza exhaustivamente ese plan, realiza un balance de su proceso de implantación y extrae algunas enseñanzas de cara a futuros intentos de reforma.

Buena parte de las medidas de aquel Informe siguen manteniendo su vigencia y, desde luego, sigue más vigente que nunca su espíritu de transformación integral de la Administración.

El Plan de Innovación Pública (PIP) ha querido ser un intento de aglutinar las diversas líneas de actuación tendentes a transformar la organización y el funcionamiento de nuestra Administración pública, siendo conscientes de que quedaban fuera algunas áreas a las que no podíamos llegar, ni por recursos disponibles ni por capacidad de influencia sobre ellas. Me refiero a áreas tan importantes como la gestión económica, la producción normativa o los recursos humanos.

Sería deseable que, lejos de difuminarse esta visión integral del cambio organizativo en la Administración pública, se reforzarán las iniciativas de este tipo, dotándoles del liderazgo y de los recursos necesarios, sin los cuales estarían abocadas a la frustración de sus expectativas.

Tras la experiencia de estos años, tengo claro que una iniciativa de este calado solo puede abordarse bajo el liderazgo de Lehendakaritza, es decir, contando con un apoyo claro al máximo nivel del Gobierno.

Ojalá que aprovechemos la presión de la coyuntura actual para acometer la asignatura pendiente de la modernización administrativa. Mientras tanto, seguiremos trabajando en reformas parciales, que tampoco están mal, pero que saben a poco ante los retos que tiene planteados la Administración pública.

Teniendo en cuenta los cambios que se están produciendo en el entorno, ¿quién sabe cuántas oportunidades más nos seguirá ofreciendo la ciudadanía para construir una Administración pública a la altura de sus necesidades y expectativas?