Administraciones en red

Hace pocos días, Morgana, en Mujeres Tic de la AGE, llamaba la atención sobre los derechos que se proclaman en las leyes pero que luego no se llevan a la práctica.

Ella ponía varios ejemplos: las medidas sobre violencia contra las mujeres, el derecho al trabajo, el derecho a disfrutar de una vivienda digna o el recién estrenado derecho de acceso electrónico a los servicios públicos que reconoce la Ley del mismo nombre promulgada hace sólo unos días.

En su post Morgana echaba en falta un régimen sancionador para las administraciones que incumplan los mandatos establecidos en esta Ley.

Es cierto que hay derechos, sobre todo los de carácter económico, que pueden ser difíciles de garantizar y que se proclaman, supongo, como una directriz para que los poderes públicos adopten medidas tendentes a extender su cumplimiento hasta donde sea razonablemente posible.

Pero también es cierto que muchas veces la proclamación de estos derechos aparenta un carácter puramente cosmético y no se evidencia un compromiso claro por parte de los poderes públicos para hacerlos efectivos.

Este debate podría dar para mucho, pero me conformaré con una breve reflexión sobre las condiciones para el cumplimiento de la nueva Ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Ya ha habido quiénes se han adelantado a profetizar que esta Ley se ha aprobado para no ser cumplida. Claro que no va a ser fácil que el 31 de diciembre de 2009 los ciudadanos podamos acceder electrónicamente a tramitar y consultar todos los expedientes que tengamos con las administraciones públicas. Pero coincido con Morgana cuando afirma:

“A pesar de ello creo y espero que la ley servirá para dar un gran paso adelante en el desarrollo de la administración electrónica en nuestro país, fundamentalmente a través de la eliminación de barreras jurídicas. Creo, también que puede ayudar a que los dirigentes políticos se tomen a las TICs un poco más en serio”.

No creo que, en un tema como éste, la medida más adecuada para asegurar el cumplimiento de la Ley sea establecer un régimen de sanciones para las Administraciones que no sean capaces de desarrollar sus servicios electrónicos. Al fin y al cabo, estas sanciones las íbamos a pagar precisamente los mismos ciudadanos que no veríamos cumplidos nuestros derechos.

Me parece que sería más efectivo crear las condiciones idóneas para facilitar que las administraciones puedan conseguir los objetivos previstos en la Ley. A bote pronto, propondría las siguientes ideas:

• Realizar acciones de difusión y formación para que los responsables políticos y los funcionarios de las diversas administraciones del Estado adquieran los conocimientos necesarios para desarrollar los servicios públicos electrónicos en su ámbito de competencia.

• Poner a disposición de todas las administraciones infraestructuras de uso compartido que eviten la multiplicación de esfuerzos y de gastos en la creación de herramientas para resolver necesidades comunes. Por ejemplo: pasarelas de pago electrónico, servicios de notificación telemática, licitación electrónica, etc.

• Desarrollar herramientas informáticas de software libre para realizar las funciones y servicios comunes de las Administraciones, como libros de registro, gestores de expedientes, gestores de contenidos web, gestión económica, contratación, etc.

• Definir el esquema de interoperabilidad previsto en la Ley de acceso electrónico a los servicios públicos y promover su aplicación, ayudando a las administraciones a implantarlo mediante medidas de difusión, financiación y soporte técnico.

• Realizar campañas para promover el uso de los servicios electrónicos por parte de la ciudadanía y poner a su disposición los medios necesarios para ello, como la extensión de la banda ancha a un precio asequible en todo el territorio o la habilitación de espacios públicos de acceso a Internet.

En definitiva, me parece más efectivo poner los medios y ayudar a las administraciones para que puedan cumplir las obligaciones que les fija esta Ley, que establecer un régimen de sanciones para las que no hayan sido capaces de cumplirlas.

Eso sí, creo que se debería tener en cuenta cómo está haciendo las cosas cada Administración a la hora de conceder subvenciones para el desarrollo de los servicios públicos electrónicos. Sanciones no, pero premiar a los que se aplican sí.

Con los otros, con los que no consiguen resultados, seguramente hay que tomar medidas de tipo formativo para ayudarles a hacer las cosas mejor. Es más fácil la política del café para todos, pero las necesidades no son siempre las mismas. Aunque sea más difícil, habría que intentar ofrecer a cada Administración la forma de colaboración que mejor se ajuste a sus necesidades.

Es cuestión de emplear el dinero público con diligencia. Nada más y nada menos.