Administraciones en red

Uno de los debates perennes y que resurgen con fuerza cada cierto tiempo tiene que ver con la “apertura de datos por defecto”, en oposición a la “apertura de datos bajo demanda”. En resumen, estas serían las dos posiciones:

• Apertura de datos por defecto: existen argumentos para defender que todos los datos públicos se hagan accesibles a la ciudadanía, en cuanto sea posible. Esta posición es propia de la “economía digital de la abundancia” que caracteriza nuestra época. En internet, los contenidos tienden a ser gratuitos y superabundantes. El usuario es quien determina, a posteriori, la relevancia de los mismos.
• Apertura de datos bajo demanda: antes de liberar un dataset debe pasar un filtro que establezca su utilidad, de manera que no se liberen datos cuya reutilización sea improbable. Esta posición es propia de la economía pre-digital y parte de una concepción de recursos escasos y que desaparecen con el consumo. En principio, es más extraña su aplicación al caso de un bien digital como los datos

La carga de la prueba debería estar, por lo tanto, en la “apertura bajo demanda”, ya que ¿por qué restringir la publicación de contenidos cuando podríamos liberar todos? El abogado de la defensa supongo que hablaría del coste de liberar datos. Sin embargo, veremos que no es mayor el coste de liberar fuentes de datos completas, que el de filtrar qué datasets concretos vamos a liberar.

La apertura de datos sirve al menos para 4 fines:

• Eficiencia administrativa e interoperabilidad de dato público
• Trasparencia y rendición de cuentas, soporte a la participación y a la colaboración
• Reutilización con fines económicos a lo largo de toda la cadena de valor
• Investigación y aumento del conocimiento

Con una perspectiva global, resulta muy difícil filtrar qué datos van a ser inútiles. ¿Nadie nunca los va a necesitar?

Si nos ceñimos sólo al fin económico, nuestro análisis va a ser menos que tuerto. Aún así, empezando por esta parte, el “open data bajo demanda” nunca podría llegar a conseguir los mismos beneficios que el “open data por defecto” salvo en el caso de que acertara en un 100%; esto es, si la ciudadanía no fuera a utilizar ningún dato aparte de los que se liberan. Este es un supuesto absurdo, que queda desmentido por la realidad: la ciudadanía nos sorprende con el uso que hace de los datos.

Por lo tanto, en el numerador (beneficios) siempre va a ganar la opción “por defecto”. En el denominador (costes), también es más barato liberar fuentes completas que seleccionar partes.

Para entender estas afirmaciones, hay que entender cómo una Administración pone en marcha esto que llamamos open data.

Primero, vamos a recordar que una política de apertura de datos es mucho más que la publicación de un portal, y que es también más que la puesta en marcha de un nuevo servicio. Incluye actividades de promoción de la reutilización y de aumento de las capacidades de la sociedad para el manejo de datos. La mayor parte de estas actividades no incrementan su costo con el número de datasets. Incluso, al fomento de la reutilización le favorece el mayor número posible de datos abiertos.

Por otra parte, publicar datos es un caso particular del caso más general de publicar información. Y publicar información es el tramo final de una gestión de sistemas de información. La Administración genera datos para poder funcionar. Podemos decir con propiedad que son datos ya pagados por los contribuyentes. Una vez usados, los datos en formato digital ni se deterioran, ni desaparecen. Una buena praxis de apertura de datos es, simplemente, dar acceso a esos datos, de la manera más sencilla y barata posible. Es como si abriéramos un portillo para que la ciudadanía pueda reutilizar datos que, de hecho, son suyos.

¿Qué ocurre cuando la Administración no ha hecho una buena gestión de la información y no dispone de datos digitalizados y de calidad? Ocurre que la eficiencia de esa Administración es muy mejorable. Obviamente, no podrá liberar datos de los que no dispone. Ahora bien, en algún momento tendrá que resolver ese problema, por motivos diferentes a la apertura de datos. Con esto, lo que quiero decir, es que los gastos de digitalizar la información no son imputables a una política de open data. Es algo que hay que hacer en todo caso. Open data es un subproducto de tener información digitalizada.

Otro factor de importancia es hasta qué punto la Administración está practicando una “transparencia activa”. La medida de la transparencia activa de una Administración viene dada por la representación de sus actividades en internet. Digamos que hay dos posibles modelos: publicar sólo los contenidos que se aprueban, frente a publicar todo menos lo que se restrinja motivadamente. Nuevamente, estamos en el debate de publicar por defecto versus de manera controlada, sólo que ahora en el caso de los contenidos. Cuando se ejerce un control centralizado de la publicación a través de los gabinetes de prensa, se producen menos contenidos, menos transparencia y el coste unitario es mayor. Cuando se practica una política de apertura en la publicación, en cambio, cada funcionario lleva a internet su actividad, de manera rutinaria. A esta realidad, que hemos vivido algunos años en el Gobierno Vasco, la llamo “transparencia como rutina”.

Cuando se practica la “transparencia como rutina”, es fácil poder “liberar datos como rutina”. Simplemente, hay que conseguir que la información que se maneja y que se publica esté estructurada -repito que este es un fin del sistema de información, previo a la liberación de datos-; a partir de ahí, publicar datos es trivial. Filtrar cuáles de esos datos se publican y cuáles no sería un coste añadido, sin ventajas a cambio.

Hasta ahora hemos hecho un análisis económico y operativo del caso de liberar por defecto y por rutina, frente al caso de filtrar previamente qué datos se pueden o no liberar. Si llevamos esto al terreno de los valores, no hay apenas debate. Cualquier persona u organización comprometida con la apertura y la extensión del conocimiento defenderá, necesariamente, el “raw data now” -o, al menos, «data now». Obviamente, dentro de los límites de la sostenibilidad económica y organizativa. Incluso en este aspecto, hemos visto cómo puede ser más rentable, incluso más barato, liberar todo lo liberable que filtrar previamente.

Un factor de confusión viene dado por la sofisticación tecnológica de algunas soluciones de consumo de datos. Hemos demostrado que, en las fórmulas sencillas de servir los datos, vía descarga o RSS, no hay motivo lógico para filtrar qué datos liberar. Ahora bien, el campo de juego cambia cuando contemplamos otras fórmulas de consumo más sofisticadas. La construcción de APIs, o de puntos SPARQL y otras formas dinámicas o semánticas de servir datos son más complejas y pueden ser (no siempre) relativamente costosas. Bien, aquí sí hay un motivo para seleccionar y, desde luego, las claves son poner en contraste el coste con la demanda social y las perspectivas de reutilización.

Por lo tanto, la opción lógica es:

• liberar datos por defecto y por rutina para su descarga,
• selección basada en la demanda para añadir sistemas de consumo avanzados.

Nos queda aún un flanco descubierto. Hemos propuesto ir liberando todos los datos disponibles, sin filtro. Y, ¿qué hacemos con los no disponibles? Bien, aquí es donde tiene sentido “open data bajo demanda”. Ampliando el derecho al acceso a la información pública, defendemos que una Administración ha de liberar como datos toda aquella información que le sea solicitada. Es menos costoso de lo que parece. Lo costoso es la gestión del propio derecho de acceso (transparencia pasiva), pero, una vez aceptado que que hay que contestar las peticiones ciudadanas, por el mismo precio lo haríamos mediante la publicación de los datos.

En resumen:

Open Data por defecto. Open data por rutina. Derecho de acceso y reutilización de la información.