Administraciones en red

Seguramente, lo intrincado del procedimiento dificulta en alguna medida (que me atrevería a presumir pequeña) las actuaciones fraudulentas, pero los intereses que se mueven en estos procedimientos tienen, sin duda, la dimensión suficiente para conseguir superarlos.

El resultado es que no se garantiza el objetivo perseguido, pero sí los inconvenientes asociados al procedimiento.

Estamos, nuevamente, en el problema que planteábamos en los posts anteriores sobre los indicadores, es decir, en el qué y en el cómo medimos (aquí estaríamos en el qué y en el cómo controlamos). El procedimiento de contratación se preocupa mucho de controlar la formalidad de los actos, pero, una vez más, se despreocupa del fondo del asunto. Da igual que los suministros, las obras o los servicios contratados sean o no adecuados, la cuestión es «que todos los papeles estén en regla» y que se hayan verificado todos los trámites e informes reglamentariamente establecidos.

No se nos oculta que es más difícil, pero ¡que bueno sería si pudiéramos medir que cada órgano obtuviera los mejores resultados e impactos de su actuación, con el menor consumo de recursos posible!, en lugar de preocuparnos de las formalidades del procedimiento. A lo mejor, la solución idónea tiene que ser una intermedia entre las orientadas a los resultados y las focalizadas en las formas, que tenga en cuenta, tanto la relación beneficio/coste, como algunas formalidades mínimas.

Mientras tanto, el actual procedimiento de contratación seguirá constituyendo un elemento, si no inhabilitador, sí, al menos, entorpecedor del desarrollo de una Administración digital capaz de dar ágil respuesta a las necesidades y demandas que plantea la actual sociedad de la información.