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La contratación: un inhabilitador


Una anécdota real ocurrida el pasado viernes me ha inducido a escribir este post. Si por algo se caracteriza la actual sociedad de la información es por el rápido ritmo con que evolucionan, tanto las demandas y necesidades de la ciudadanía, como la tecnología y los medios, en general, con los que aportar respuestas y soluciones a las mismas. La Administración digital, que corresponde a este nuevo estadio de la sociedad, debe, por tanto, ser capaz de responder con agilidad a estas demandas en permanente y rápido cambio.

Los procedimientos de contratación administrativa, sin embargo, dilatan los plazos desde que se identifican las necesidades hasta que se puede disponer de los medios necesarios para desarrollar las soluciones. De esta forma, la contratación se convierte en un elemento inhabilitador para el desarrollo de la Administración digital.

Con este post comienzo una nueva serie en este blog, dedicada a los elementos inhabilitadores de la Administración digital.

La rigidez del procedimiento se justifica por la limpieza y la imparcialidad con las que debe llevarse a cabo la adjudicación de las contrataciones públicas. Lo cierto es que, mientras la dilatación de los plazos es una realidad evidente, no parece garantizarse el objetivo perseguido de efectuar las adjudicaciones sin que medien intereses ocultos (a veces, ni siquiera tan ocultos).

Seguramente, lo intrincado del procedimiento dificulta en alguna medida (que me atrevería a presumir pequeña) las actuaciones fraudulentas, pero los intereses que se mueven en estos procedimientos tienen, sin duda, la dimensión suficiente para conseguir superarlos.

El resultado es que no se garantiza el objetivo perseguido, pero sí los inconvenientes asociados al procedimiento.

Estamos, nuevamente, en el problema que planteábamos en los posts anteriores sobre los indicadores, es decir, en el qué y en el cómo medimos (aquí estaríamos en el qué y en el cómo controlamos). El procedimiento de contratación se preocupa mucho de controlar la formalidad de los actos, pero, una vez más, se despreocupa del fondo del asunto. Da igual que los suministros, las obras o los servicios contratados sean o no adecuados, la cuestión es “que todos los papeles estén en regla” y que se hayan verificado todos los trámites e informes reglamentariamente establecidos.

No se nos oculta que es más difícil, pero ¡que bueno sería si pudiéramos medir que cada órgano obtuviera los mejores resultados e impactos de su actuación, con el menor consumo de recursos posible!, en lugar de preocuparnos de las formalidades del procedimiento. A lo mejor, la solución idónea tiene que ser una intermedia entre las orientadas a los resultados y las focalizadas en las formas, que tenga en cuenta, tanto la relación beneficio/coste, como algunas formalidades mínimas.

Mientras tanto, el actual procedimiento de contratación seguirá constituyendo un elemento, si no inhabilitador, sí, al menos, entorpecedor del desarrollo de una Administración digital capaz de dar ágil respuesta a las necesidades y demandas que plantea la actual sociedad de la información.

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  1. 18/12/2005 de 21:48

    Eso sí, después habilitamos mecanismos de licitación electrónica para que nos envíen las ofertas por \”internés\”, aportando soluciones donde no están los problemas.Y, además, esas cosas venden, porque te inundan de premios y te conviertes en referente en la materia.Me recuerda al cuento de áquel que buscaba fuera de su casa un anillo que había perdido dentro, pero es que en casa no tenía luz.

  2. 18/12/2005 de 21:48

    Puedes decirlo alto y claro: el procedimiento de contratación pública es el infierno de la burocracia. Según mi experiencia, desde que decides hacer una contratación hasta que la empresa adjudicataria comienza su labor, no pasa nunca menos de cinco meses, en el caso de contratos superiores a los 30.000€, o de cuatro, en el caso de contratos por encima de los 12.000€. La contratación es una pesadilla, especialmente cuando la necesidad es urgente. Pero no sólo es horrorosa en plazos, además es preciso superar una enormidad de requisitos legales, de los cuales no está claro el fundamento.Los que no sufrís este despropósito no llegáis a daros cuenta de la magnitud del problema. El asunto es grave. En los problemas de contratación reside una de las principales causas del atraso en poner en marcha la Administración electrónica.Y, como bien apunta Iñaki, ni siquiera podemos decir que se trata de una barrera necesaria para evitar el fraude y el cohecho. Como dicen los ingleses, \”where there is a will, there is a way\”.¿Qué habría que hacer? Supongo que se podría reformar la normativa, para hacerla más ágil, pero creo que mucho más importante es estructurar los servicios internos de las Administraciones como auténticas empresas de servicio que realizan su labor teniendo bien claro quién es el cliente. Un cliente interno, en este caso.

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