Administraciones en red

Más del 80 por ciento de los empleados públicos “no sienten estima ni reconocimiento a su trabajo«, según un estudio realizado por el sindicato Comisiones Obreras a partir de cerca de 3.000 entrevistas presenciales representativas de los 457.800 empleados públicos de la Comunidad de Madrid.

El 31 por ciento de los empleados públicos padece estrés, debido según las conclusiones del estudio, a la burocratización, las estructuras jerárquicas excesivamente rígidas, la falta de objetivos, la mala organización del trabajo y la escasez de recursos.

El mismo día que he conocido las conclusiones de este estudio, he leído en Cinco Días un artículo de José Barea, Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, sobre la evaluación de los funcionarios. Barea defiende en este artículo que la retribución de los funcionarios debe incluir un complemento variable que corresponda a “la verdadera productividad del funcionario”.

Estas noticias me sugieren una reflexión sobre la relación entre la satisfacción y la productividad de los funcionarios y los incentivos económicos. Apostaría algo a que ya sabéis lo que estoy pensando, pero lo voy a contar de todas maneras.

La evaluación de los funcionarios es un debate de actualidad desde que el estatuto básico del empleado público, en trámite parlamentario, prevé que la evaluación del desempeño tendrá efectos en la carrera profesional, la formación, la provisión de puestos de trabajo y en las retribuciones de los empleados públicos.

Más aun, el estatuto en tramitación establece expresamente que: “La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso quedará vinculada a la evaluación de acuerdo con los sistemas de evaluación que cada Administración Pública determine”. Ya comentamos hace tiempo la repercusión de este precepto en la prensa.

Estoy de acuerdo con Barea en que “la reforma de la función pública, y por tanto de la evaluación de los funcionarios, ha de insertarse en el marco más amplio de la modernización de la Administración y de la evaluación de la ejecución de las políticas públicas”. Así pretendí explicarlo hace unos meses en este blog: “antes de analizar si un determinado puesto está haciendo lo que tiene que hacer o no, si lo hace bien o mal, si hace mucho o poco, digo yo que habría que saber cuáles son los objetivos del órgano o de la unidad administrativa a la que pertenece, con qué indicadores se mide el cumplimiento de esos objetivos y cuáles son los criterios de aceptación para considerar que el citado órgano o unidad administrativa ejercen su función adecuadamente”.

Es difícil evaluar a un jugador si no es en relación con los objetivos del equipo. O dicho de otra forma, si da igual que el equipo gane o pierda, si el equipo no tiene objetivos, ¿qué sentido tiene la evaluación individual de los jugadores?

Pero no es éste el enfoque que me interesa para mi reflexión de hoy. Hoy quería referirme, sobre todo, a la satisfacción profesional de los funcionarios y a su relación con los incentivos económicos.

Estoy de acuerdo con las conclusiones del estudio de Comisiones Obreras en cuanto a la insatisfacción profesional del funcionariado y a la falta de reconocimiento que los funcionarios perciben con respecto a su trabajo. En las administraciones públicas, en general, la motivación del personal con su trabajo es baja, y las causas que aporta este estudio no me parecen desencaminadas: burocratización, estructuras rígidas, falta de objetivos, mala organización del trabajo, escasez de recursos.

No creo, sin embargo, que esto se resuelva con la evaluación del desempeño y la asignación de incentivos económicos a los funcionarios. Al contrario, tengo la sensación de que las experiencias de este tipo que se han llevado a cabo sólo han servido, una vez más, para despilfarrar el dinero público. Me extrañaría que los funcionarios que están cobrando incentivos por su trabajo se encuentren más satisfechos o más motivados. Que se lo pregunten, por ejemplo, a los profesores de la Universidad del País Vasco que recibieron un aumento importante de sus retribuciones durante el curso pasado o a los profesionales del sistema sanitario vasco que han comenzado a cobrar recientemente un eufemístico complemento de “carrera profesional”. No dudo que les gustaría cobrar el complemento (sobre todo, los primeros meses), pero una vez pasada la alegría inicial, mucho me temo que su satisfacción profesional es aproximadamente idéntica a la que tenían antes, o sea, cuando no cobraban el complemento. Y lo siento, pero no me puedo creer que este mayor coste salarial haya repercutido lo más mínimo en la calidad de los servicios.

Me temo que los funcionarios están insatisfechos con su trabajo, a pesar de sus condiciones laborales (estabilidad, jornada, retribución, etc.), y que los incentivos de productividad ponen la venda donde no está la herida.

Conviene recordar, de nuevo, que no todo es cuestión de dinero. Parece que esto de repartir dinero deja muy contentas a todas las partes involucradas, pero es pan para hoy y hambre para mañana, amigos.

Os sugiero a las funcionarias y funcionarios que estáis al otro lado del cable que aportéis a las y los responsables públicos, que también están en otro extremo del cable, ideas que mejorarían vuestra motivación y satisfacción con el trabajo. Tiro la primera piedra: mayor capacidad de decisión sobre nuestro propio trabajo.

Tenéis los comentarios a vuestra disposición.