Administraciones en red

Lo prometido es deuda. Faltaba la crónica sobre la intervención de Carles Ramió en el III Congreso Internacional sobre gestión de los Recursos Humanos en la Administración pública, y vamos con ella.

Como él mismo ha reconocido, se trataba de un tema periférico en un Congreso sobre Recursos Humanos. Tampoco era la mejor hora, la última sesión de una mañana de viernes. Pero quedarse ha tenido premio.

Carles, tirando de estadística, ha conseguido una ponencia entretenida, curiosa e interesante, a la par que todo lo rigurosa que permiten los datos disponibles sobre el tema.

La cuestión de la percepción de la Administración por parte de la ciudadanía tiene trascendencia, ya que apela directamente a su legitimidad y, por tanto, a su supervivencia institucional. Ejemplo: las agencias reguladoras en América Latina han tenido un funcionamiento exitoso y, sin embargo, la mayoría de ellas están en peligro de extinción por su mala imagen pública.

En el contexto internacional, según el World Values Survey, España tiene un “índice de confianza en la Administración” del 41%, similar al de países como Alemania, Austria o Finlandia. El dato sospechoso es que los mayores índices de confianza corresponden a Corea y Turquía. Y el dato curioso es que Nueva Zelanda, que se había considerado ejemplo de la Nueva Gestión Pública, tiene uno de los peores índices.

Los españoles son «burófobos», cuando se les pregunta por la Administración en general. Los clichés de la Administración del siglo XIX siguen vivos en el imaginario social. Esta percepción negativa se traslada también a los funcionarios públicos.

Al mismo tiempo, los españoles se transforman en «burófilos» cuando se les pregunta por administraciones, servicios y funcionarios concretos. Es decir, la percepción global sobre la Administración es negativa, pero se muestra un alto nivel de satisfacción con respectos a los servicios públicos recibidos.

Curiosamente, en los países de nuestro entorno sucede justo lo contrario. Sus ciudadanos se muestran más críticos con respecto a los servicios concretos, mientras que su percepción general de la Administración pública es positiva. Carles explica este hecho por la cultura cívica existente en estos países en los que sus ciudadanos respetan y valoran las instituciones, al tiempo que son consumidores exigentes de servicios públicos.

Desde la perspectiva de los diversos niveles administrativos, los ciudadanos valoran más las instituciones que tienen más próximas. Es decir, las mejor valoradas son las municipales, después las autonómicas y, en último lugar, la Administración del Estado. En los últimos años, parece que las CCAA están mejorando posiciones y acercándose al nivel de valoración de las entidades locales. Hay que tener en cuenta que las CCAA son prestadoras de servicios (Sanidad, Educación, etc.) y que muchas de ellas son también muy próximas al ciudadano debido a su dimensión.

Los tipos de servicios públicos más valorados son la sanidad, la educación y los servicios sociales, y los peor valorados, la vivienda y la seguridad.

En cuanto a los profesionales públicos, los más valorados son los bomberos, el personal de enfermería, los médicos, los cuerpos de seguridad, el profesorado y los asistentes sociales. Los peor valorados, el personal de la Administración de justicia, el personal de las instituciones penitenciarias y el personal de ventanilla.

Paradójicamente (o, tal vez, no), las estadísticas parecen revelar que los españoles no tienen una mala imagen de los funcionarios, siendo más los que los valoran mejor que a los empleados del sector privado (41%), que los que tienen la percepción contraria (22%).

También son interesantes y curiosos los siguientes datos que vienen desmentir algunas “leyendas urbanas” sobre los funcionarios:

• El 80% de los ciudadanos consideran justo que los funcionarios tengan un puesto de trabajo vitalicio que los defienda de la vulnerabilidad derivada de los cambios políticos.
• Únicamente el 33% de la población considera que hay un exceso de empleados públicos.
• El 60% de los ciudadanos confían en los empleados públicos (en contra del 21% que manifiesta poca confianza).
• El 60% consideran que los empleados públicos están bien pagados (es decir, también consideran que no están excesivamente retribuidos).
• La peor valoración está vinculada a la pregunta sobre si el acceso al empleo público se hace bajo los principios de igualdad capacidad y mérito: sólo el 33% lo cree.

Con respecto a los modelos de gestión, los ciudadanos consideran que las organizaciones privadas son más eficaces y eficientes que las públicas. Sin embargo, prefieren que los servicios públicos sean prestados por las propias administraciones públicas, justificando está respuesta “para que no haya problemas de equidad”.

Por perfiles, los ciudadanos más críticos con la Administración son los comprendidos entre los 35 y los 44 años, mientras que los más satisfechos son los más jóvenes y los más mayores. Las mujeres se muestran ligeramente más críticas que los hombres, pero sin diferencias significativas. La postura crítica frente a la Administración aumenta con el nivel de estudios y la posición profesional.

Carles se cuestionó la validez de las encuestas para detectar las percepciones de los ciudadanos sobre el funcionamiento de las administraciones públicas, ya que a menudo ofrecen resultados ambiguos o difíciles de interpretar. Recordó que las administraciones disponen también de otros mecanismos para detectar esta percepción de los ciudadanos, como las quejas y las reclamaciones que presentan ante los servicios de atención al público. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las administraciones no suelen explotar esta información.

Por otra parte, las encuestas demuestran que el marketing institucional funciona. La percepción ciudadana ha mejorado sensiblemente mediante este tipo de campañas de imagen. Otra cuestión es la consideración que merezcan desde el punto de vista de la ética pública.

Carles terminó su ponencia con una reflexión, a modo de consideración final, sobre la elevada consistencia de la percepción de los ciudadanos sobre las administraciones públicas. En su opinión, son percepciones maduras que reflejan una cultura social propia de un país desarrollado. Transcribo literalmente los ejemplos que, para Carles Ramió, evidencian esta consistencia:

• Están satisfechos con la mayoría de servicios que reciben y, por lo tanto, es lógico que las administraciones subestatales sean las mejor valoradas.
• Al estar satisfechos con los servicios que reciben es lógico que tengan mejor percepción de los servicios públicos de masas: sanidad, educación y servicios sociales. También es consistente que los colectivos profesionales mejor valorados sean el personal sanitario, el profesorado y los asistentes sociales.
• Muestran una gran madurez al defender la independencia de los funcionarios del poder político y que consideren que el mecanismo es la estabilidad en el puesto de los empleados públicos.
• Atinan con la evidencia empírica al mostrarse poco convencidos que el acceso al empleo público se hace siempre respetando los principios de igualdad, capacidad y mérito.
• Demuestran criterio al optar por servicios públicos prestados por las propias administraciones para evitar problemas de equidad en el acceso a los servicios y, por lo tanto, relativiza algunos modelos extremos de externalización.
• El índice internacional de 41% en la confianza en sus Administraciones públicas que la posiciona en un punto intermedio entre los países desarrollados y en una posición equivalente a países del entorno europeo como Alemania, Austria o Finlandia.

Hasta aquí este amplio resumen de la intervención de Carles Ramió. Os aseguró que fue mucho más divertido escucharle en directo, pero no me parecía apropiado incluir también en este resumen los chascarrillos y “gracias” del ponente.

En cualquier caso, creo que este análisis sobre la percepción de las administraciones públicas que tienen los ciudadanos rompe algún que otro mito y, desde luego, da que pensar.