Administraciones en red

En la animada conversación blogosférica que se ha generado este fin de semana en torno al cese de Jordi Sevilla se ha destapado la siempre controvertida cuestión de la discrecionalidad en la Administración pública.

Así, por ejemplo, Rafael Chamorro se mostraba precavido con respecto a la Ley de Agencias: “porque su aplicación puede traer mucha más desprofesionalización a la Administración, como ya ha ocurrido con las entidades públicas empresariales, donde abunda la contratación de personal, realizada de manera mucho menos exigente que la de los funcionarios, favoreciendo la arbitrariedad y el amiguismo”.

Sin embargo, yo me lamento de que los procedimientos administrativos están diseñados a la medida de presuntos delincuentes, de forma que en la Administración por cada persona que “produce” algo hay al menos otra, si no más, que están comprobando que ese “producto” se ajusta a la legalidad. Y así no hay manera.

Reclamo un mayor margen de discrecionalidad para las personas que gestionamos los asuntos públicos. Para los responsables políticos que ostentan la legitimidad democrática para dirigir la Administración pública, y para los funcionarios que deseamos ejercer nuestras responsabilidades con absoluta profesionalidad.

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