Administraciones en red

El borrador de la ponencia marco (pdf) que los socialistas debatirán y aprobarán en su congreso de julio, dedica un amplio apartado a la reforma de la administración pública bajo el epígrafe «Mejor administración». Reconozco que es razonable dudar de la trascendencia que pueda tener a futuro el contenido de este epígrafe, teniendo en cuenta que estas ponencias suelen pasar al olvido prácticamente el mismo día de su aprobación. A pesar de ello, me propongo analizar en este artículo los planes de los socialistas para la administración pública recogidos en este borrador de ponencia marco, siquiera como ejercicio de curiosidad para conocer las ideas que manejan los expertos en administración pública del partido socialista.

Y ya puestos a ser curiosos, me voy a entretener en comparar estos planes de consumo interno en el ámbito del partido con las propuestas para la administración pública que los socialistas trasladaron a la ciudadanía en su programa para las pasadas elecciones (pdf) de marzo. Mientras la reflexión contenida en la ponencia marco debería entenderse como la estrategia a futuro de los socialistas para avanzar hacia un modelo de administración acorde con su visión ideológica, las propuestas del programa representan el compromiso asumido con la ciudadanía mediante el contrato electoral, una vez que los socialistas han asumido la responsabilidad de gobernar.

La administración pública en la ponencia marco

En el borrador de ponencia marco (pdf) para su 37 congreso, los socialistas formulan unas propuestas bastante genéricas que, en su mayoría, se quedan en un alto nivel de abstracción:

• Se declara que la nueva sociedad requiere profundizar en la democracia, confiar en la ciudadanía y devolverle el poder. «Los ciudadanos deben tomar las decisiones porque son responsables«.

• Se considera que la transparencia es un instrumento fundamental para mejorar la toma de decisiones, mediante la discusión y el diálogo bien informado, y también como remedio contra el abuso de poder y la corrupción.

• Se reconoce la existencia de un derecho y un deber cívico a la buena administración. La ciudadanía tiene derecho a una buena administración, a una acción de gobierno que promueva y respete el interés general y que aporte transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas.

• Se propugna el paso del llamado estado productor y proveedor de servicios al estado catalizador. Catalizador de crecimiento y catalizador de equidad. La economía actual requiere ser regulada, pero la regulación debe ser sólo la necesaria e imprescindible, y siempre evitando los costes de la hiperregulación.

Sólo en un caso se baja al terreno de la concreción:

• Se propone propiciar un gran acuerdo para que el ciudadano goce de presunción de legitimidad a la hora de ejercer sus derechos y, muy especialmente, a la hora de emprender algún tipo de actividad económica. Esta idea se concreta en la obtención, en el plazo de 24 horas, de todas las licencias necesarias para iniciar una actividad económica.

Y también se concreta un ámbito preferente de actuación:

• Se destaca como prioritaria la reforma de la administración municipal, por ser la más próxima al ciudadano y por su papel capital en materia de cohesión social. Se llega a señalar el Gobierno Local como nuevo escenario de la política (Municipio del Bienestar). Se asume el compromiso de reforzar el principio de autonomía local y la defensa del principio de subsidiariedad.

Las dos primeras propuestas, sin duda, son muy potentes: devolver el poder a la ciudadanía y aumentar la transparencia. Son auténticas ideas-fuerza de este blog. Otra cuestión es la credibilidad que podamos otorgarles, viniendo de quienes llevan cuatro años gobernando sin haber dado un solo paso relevante en esta dirección que ahora proponen. Pero bienvenidas sean estas buenas intenciones, porque todavía están a tiempo de retomar el buen camino. Al fin y al cabo, tienen toda una nueva legislatura por delante.

Resulta curioso observar que los socialistas justo se han puesto a concretar medidas destinadas a las empresas. Cada vez resulta más difícil diferenciar entre la mercancía que venden unos y otros. No en vano las elecciones se ganan en ese magma insípido de los indecisos.

La administración pública en el programa electoral

Si comparamos estas propuestas con las del programa para las elecciones de marzo (pdf), lo primero que llama la atención es el nivel de concreción tan diferente de unas y otras.

Por ejemplo, en el programa no se conformaron con una declaración genérica sobre las bondades de la transparencia, sino que concretaron algunas propuestas, como la de garantizar por Ley el derecho de la ciudadanía a la información pública relevante y de calidad, o la de obligar a la Administración a suministrar información actualizada y fiable sobre la elaboración y ejecución de las políticas públicas, o la creación de una institución que garantice el derecho a la información pública, o la publicación de los presupuestos ministeriales en sus sedes electrónicas, con descripción de las partidas presupuestarias y con los datos necesarios para permitir el seguimiento de su ejecución.

También en el caso de la participación, el programa electoral se extendía en más detalles que la ponencia marco. Se proponía, por ejemplo, la reforma del parlamento para ofrecer más cauces a las iniciativas de la ciudadanía, o garantizar un parlamento tecnológicamente avanzado y cercano a la ciudadanía, o crear un registro telemático accesible las 24 horas 365 días al año, o crear un «canal ciudadano» en las webs del congreso y del senado, o abrir el debate sobre una «iniciativa popular electrónica», o poetenciar las audiencias públicas telemáticas.

También se concretaban medidas con respecto a la simplificación de los procedimientos y a la calidad de los servicios públicos. Por ejemplo, potenciar la Red de oficinas de atención integral al ciudadano -Red 060 y Red SARA- para garantizar un flujo rápido y seguro de información y servicios entre todas las Administraciones, o acelerar la revisión de los procedimientos existentes y suprimir los que ya no sean necesarios, reduciendo las cargas administrativas un 30% a lo largo de la legislatura, o planes de choque para reducir la espera en la tramitación de documentos esenciales (DNI, pasaportes, permisos de conducción, permisos de residencia, etcétera), o generalizar el acceso electrónico a los procedimientos y servicios administrativos, adaptando la Administración General del Estado a las TICs con unos estándares de calidad similares a los de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, o mejorar la calidad de los servicios mediante la aprobación de una Carta Compromiso de Calidad.

Se proponían reformas concretas, también, en lo referente al empleo público. Por ejemplo, reformar los procedimientos de selección y promoción del personal, agilizar el acceso a la función pública e incorporar nuevos métodos de selección para incorporar profesionales con experiencia, ampliar la oferta de becas de formación, revisar los procesos de promoción interna, favorecer la especialización en ámbitos vinculados a la gestión del conocimiento, dirección, ejecución y evaluación de programas públicos y políticas de regulación, el fomento de la movilidad interadministrativa, etc.

Y no me extiendo más con las «promesas electorales» para no agotar al personal.

Algunas conclusiones

Salta a la vista el diferente nivel de detalle de ambos documentos. Seguramente, tiene sentido que así sea. La ponencia marco pretende marcar las líneas generales de la estrategia del partido, mientras el programa electoral debe concretar las medidas propuestas para la legislatura. Además, el programa pretende ser el gancho para conseguir el voto de la ciudadanía. Por tanto, hay que ofrecer medidas concretas que atraigan su confianza.

Algunos aspectos que se mantienen en ambos documentos son los que hemos destacado al principio: participación ciudadana y transparencia. Es positivo comprobar que estas cuestiones se han vuelto inevitables al menos en los discursos teóricos. A ver si a base de repetirlos van calando también en las prácticas políticas.

Por último, el propio Zapatero hizo referencia a algunos de estos temas en la sesión de investidura. Entre las medidas concretas que citó, son destacables la reforma de tres leyes básicas para la administración pública, como son la Ley del Gobierno, la LOFAGE y la Ley del Procedimiento Administrativo (ley 30/92 de RJAPyPAC). También hizo referencia a la simplificación de los procedimientos, atreviéndose a concretar el objetivo de reducir en un 30% las cargas administrativas a las empresas. Lo cual, por otra parte, tampoco resulta fácil de medir.

Las coincidencias en ambos documentos y en la sesión de investidura tienen que ver, seguramente, con el hecho de que hay algunas personas que están detrás de todos estos documentos. Podemos encontrar alguna pista en un post de Félix Serrano, en el que cuenta como Juan Miguel Márquez dice estar preocupado por dos cuestiones de cara al futuro: cómo aumentar la transparencia y la participación.

Me quedo con la sensación de que estos chorros de tinta se pierden entre los mimbres del cesto administrativo sin llegar a materializarse, salvo en una muy pequeña parte. No sé si por la incapacidad de los responsables públicos, por las dificultades inherentes al movimiento de la pesada maquinaria administrativa o, tal vez, porque en realidad nunca fueron elaborados para ser cumplidos, y su único objetivo era servir para el consumo inmediato de sus destinatarios directos. Lo cierto es que después de haber sido aprobados, después de haber servido para su objetivo inmediato (ganar las elecciones o escenificar un gran debate congresual), rara vez se vuelve a saber de ellos. ¿Dónde queda aquello de la rendición de cuentas?

Podrían empezar a practicar la transparencia facilitando en la web del Gobierno la trazabilidad de las medidas incluidas en unos y otros documentos, vinculándolas con su grado de implantación, y aportando mediciones de los impactos conseguidos y de los costes incurridos para ello.

También podría ser un servicio de la blogosfera pública a la sociedad, evaluar el cumplimiento de tantas promesas, de tantos planes, de tantos buenos propósitos. Pero no estoy seguro de que mereciera la pena, porque tal vez ni esos documentos se hicieron para ser cumplidos, ni al pueblo soberano le importa mayormente.