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Necesitamos trabajadores públicos, sean o no funcionarios

09/05/2013

Es preocupante que haya gente que desee que los trabajadores públicos sean menos y vivan peor. Deberían desear, más bien, que pudieran realizar su trabajo de la mejor manera posible, ya que su objeto es el bienestar de todos.

Ayer El País nos traía negros barruntos con un titular mal construido: “Expertos de la Generalitat proponen prescindir de la mayoría de funcionarios“.  La respuesta no ilustrada (facebuquiana, si se me permite el neologismo) ha variado entre los que han visto en esto otra campaña de recortes y los que se han alegrado de que se dé aún más caña a los funcionarios. Bien, ni los expertos eran de la Generalitat ni parece que propongan reducir el tamaño de lo público.

Hoy, en cambio, -gracias a Carlos Guadián– me he desayunado con un artículo de 2004, en la American Review of Public Administration: “Government Employees: Working Hard or Hardly Working?” que viene a afirmar que los empleados públicos se esfuerzan un poco más que los trabajadores privados y -esto es lo relevante- que la causa principal reside en que la motivación es más intrínseca que en el caso privado. La respuesta facebuquiana: “no puede ser; esto no pasa en España; no es extrapolable”.

Tengo para mí que cuando un español medio se imagina un funcionario, se imagina una viñeta en blanco y negro de Forges, donde un señor -¿dónde están las funcionarias?- lee el periódico con los pies encima de una mesa y cuyo trabajo es perfectamente prescindible. En cambio, cuando piensan en un “trabajador de la empresa privada” se imaginan a Charlot en Tiempos Modernos. Estereotipos.

Curiosamente, cuando los servicios públicos evalúan la satisfacción de sus usuarios, casi siempre se encuentran con que es altísima. De 8 sobre 10 para arriba en muchos casos. Y curioso también que, entre las profesiones que despiertan mayor confianza, estén las de la medicina y la enseñanza, ejercidas mayoritariamente por trabajadores públicos.

Volvamos al paper americano. Lo de menos es quiénes trabajan un poquito más o un poquito menos. Lo relevante es esa observación de que los empleados públicos se sienten motivados por valores intrínsecos. ¡Por supuesto! La producción de bienes sociales es satisfactoria por sí misma y realiza valores que la mayoría compartimos, como son la solidaridad, la equidad, el progreso, o incluso la compasión. En igualdad de condiciones, es más satisfactorio velar por la calidad de las aguas de tu ciudad que por vender mucha agua embotellada. Y además, en España ese trabajo se ejerce en una institución donde uno espera trabajar toda su vida, no en una empresa de la que quizá uno se desvincule en cualquier momento. Vida y trabajo van indisolublemente unidos.

¿Es extrapolable a España? Desde luego, aquí también se puede afirmar que la motivación es más intrínseca entre los trabajadores públicos que entre los privados. Aún más, en España los valores públicos están seguramente más asentados, por la mayor institucionalización del empleo público. Como he señalado en otras ocasiones, cuando el huracán Katrina asoló New Orleans, una parte (¿el 30%?) importante de la policía local dimitió. Aquí nadie se imagina a la Guardia Civil dimitiendo para no enfrentarse a un desastre natural. En cambio, si trabajas para una gran compañía no dudarás en marcharte a otra que te ofrezca mejores condiciones. Tu motivación será más extrínseca, con el salario jugando un papel preponderante.

Sin querer alargar mucho el post, diré que esto refuerza mi afirmación de que la medición del desempeño individual -y, aún peor, la instauración de incentivos económicos- es contraproducente en la función pública. El que quiera una explicación más completa, podrá leerla en el libro “Intraemprendizaje Público” que estoy a punto de publicar, dentro de la colección Innap Innova.

Bueno, y la noticia de El País, ¿de qué va? Espero que algún día tengamos acceso a ese informe de 36 páginas (¿por una cara?, ¿a doble espacio?) del grupo de expertos que preside el catedrático Guillem López-Casasnovas. Aún más, espero que tengamos acceso a los datos que sustentan las conclusiones. Por lo poco que sabemos, yo diría que plantea una especie de “informe Abril” para la parte de la Administración pública que no ha pasado por ahí; es decir, para todo menos para la Sanidad. De hecho, el Sr. López-Casasnovas ha desarrollado buena parte de su tarea investigadora en el ámbito de la gestión sanitaria.

En realidad, lo que se dice son previsiones ya contempladas en el EBEP. Una de las ideas fuerza es que no todos los trabajadores públicos han de ser funcionarios. Cuando una función puede ser ejercida por una empresa (pública o privada) quiere decir que no es una función propia de un funcionario. Por ejemplo, junto a los medicos o docentes públicos, tenemos privados que realizan la misma función.

Ahora bien, la mayoría de quienes trabajan en los organismos centrales de las Administraciones no pueden ser otra cosa que funcionarios. Dice la noticia: “cabría limitar los puestos de trabajo reservados a personas que tengan la condición de funcionario a aquellas funciones directamente conectadas con el ejercicio de la autoridad administrativa”. Parece que esta frase se aplicaría a casi todo el personal técnico, en tanto que gestionan autorizaciones, registros, contrataciones, subvenciones, …

O eso pensaba yo. Sin embargo, Carles Ramió, uno de los redactores del informe, dice esto: “Funcionarios solo deberían ser los que ejercen funciones de autoridad (jueces, policías, inspectores de hacienda) y aquellos que tengan un contacto directo con las instancias políticas. El resto pueden ser sencillamente laborales.” 

No lo veo nada claro, Carles. Es cierto que una parte de la AGE está atenazada por el corporativismo de los altos funcionarios -los Sir Humphreys de nuestra Administración estatal. Sin embargo, esto ocurre en mucha menor medida en otros niveles de la Administración. Atáquese ese problema de frente y no la liemos allí donde no existe el problema.

Si optamos por la interpretación menos estricta, ¿quién quedaría fuera? Bastantes grupos. El más numeroso, al menos en el caso vasco, sería el profesorado. Y parece razonable que no sean funcionarios. Esto ya pasa en la Sanidad vasca, cuyos trabajadores son “estatutarios”, con unas condiciones de trabajo similares a las del funcionariado, pero adaptadas a su realidad.

Quizá no haya nada de lo que espantarse. Simplemente, habría que volver a ordenar el campo de lo público, con mejores criterios. No se menciona la necesidad de externalizar nada.

El miedo terrible viene de lo que no se dice. ¿Se quiere aprovechar este informe técnico para tomar la decisión política de reducir el tamaño de lo público? No podemos saberlo, pero las actuaciones de buena parte de quienes mandan nos hacen estar muy alertas.

Mikel Toral, por ejemplo, ha comentado esto: “Qué miedo dan. Atacan por todos los frentes y nosotros tan panchos. Con la cobertura de los tecno-expertos lo que preparan es una purga en toda regla. Al tiempo. Para todos los neoultraliberales adegalzar la administración es una obsesión interesada. El bocado que quiten de lo público se lo repartirán con las empresas amigas. Ya lo están haciendo.”

Óscar Cortés ha publicado dos posts muy relevantes, uno para recordar por qué es tan importante lo público. El otro, para reclamar que la reforma, sea como sea, comience por desvelar de forma transparente cuál es el objetivo final de lo que se pretende.

La buena gente de la XiP, mi think tank favorito sobre Administración pública, también, se apresta para defender las posiciones, no sea que lleguen los recortadores y nos pillen dormidos.

Conclusiones del día:

  1. Necesitamos trabajadoras y trabajadores públicos, que sigan dedicándose a aumentar los bienes colectivos.
  2. Necesitamos conocer ese informe técnico y todas sus implicaciones, para fomentar un debate honrado sobre la reforma de nuestra Administración.
  3. La manera de emprender la reforma, si va a ser profunda, debe ser mediante los “procedimientos más participativos, selectivos y graduales“, no vía Decreto unilateral.
  4. No hay que cejar en la defensa de lo público. La alternativa es pavorosa. E ineficiente.

Disclaimer: No soy funcionario. Pretendo ser un profesional in(ter)dependiente

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  1. Miquel López
    09/05/2013 en 18:35

    Gracias Alberto por el artículo; tú siempre al quite. Lo más sorprendente es que parece como que los ‘hacedores’ del informe y que se han encargado de propagar una visión muy negativo de los funcionarios catalanes (ver artículos publicados esta semana) no se sintieran funcionarios… Curioso porque mayoritariamente son del ámbito universitario. Y, si os apetece, podríamos hablar de las eficiencias del mundo universitario… Es que….

    • 09/05/2013 en 18:44

      Gracias, Miquel. Desde luego, la Universidad sí que reclama una reforma urgente, a la luz de sus resultados. En mi opinión, habría que desmontar una parte del gerencialismo que se está imponiendo para volver a un sistema que maximice la motivación intrínseca de quienes tienen la suerte de trabajar en un lugar privilegiado para el conocimiento.

  2. Feinmann
    09/05/2013 en 18:51

    Respecto a que el profesorado no tenga porque ser funcionario, me gustaria recordarte la campaña que hizo Madrid intentando ganar autoridad para los profesores, y la ley que se hizo para que tengan la consideración de autoridad pública, lo que contrasta con ideas como las del informe, que creo que puede resumirse en que todos los que pueden poner multas han de ser funcionarios.

    • 09/05/2013 en 18:54

      En mi opinión, creo que el estatus de funcionario no añade autoridad al profesorado y nos metería en la contradicción lógica de tener que otorgar esa misma autoridad a los docentes de la enseñanza concertada o incluso privada. El caso del personal sanitario vasco -personal estatutario- puede ser de aplicación aquí sin aparentes problemas.

      • Feinmann
        09/05/2013 en 19:56

        Ciertamente, el origen de la autoridad del profesorado no sale de una ley, sale del apoyo y autoridad que les reconozcan los padres ante los hijos.

  3. 09/05/2013 en 19:27

    Exelente artículo Alberto, como siempre.
    La verdad es que cuando leí la noticia en El País me quedé un poco atónito. Lo que se presentaba en el artículo está bien construido y explicado, pero la función de autoridad pública y certificación pública puede reducirse a una persona que firme el parte, como las multas de la OTA, que al final las firma un policía local, pero a tí te la pone un agente privado. Llenamos las calles de agentes privados y en última instancia se llama a un agente local para que firme.
    El profesor López Casasnovas es muy bueno, pero siempre ha planteado que ante una opción privada, que se aparte lo público. De los otros no esperaba tanta radicalidad. Es cierto que no se habla de reducir los servicios públicos, pero se empieza por eliminar las trabas para que los servicios públicos se privaticen y se termina por privatizar y eliminar. En los servicios públicos hay un nicho de negocio importante. Se empezó con los transportes, la energía, las comunicaciones y ahora a por la sanidad y la educación. Como bien dices el problema es lo que no se dice.

    Creo recordar que, por lo menos López Casasnovas, Ramió y Longo son funcionarios de la universidad pública, aunque este último está ahora en Esade, ¿no?

    • Feinmann
      09/05/2013 en 19:53

      Ciertamente, hay quien se aprovechan de su posición para tener un pie en cada lado, y poder tener así lo mejor de ambos mundos, el público y el privado.

  4. 09/05/2013 en 21:12

    Estupenda entrada, Alberto. Será difícil escapar de la bochornosa demagogia barata del vendaval neocón, pero un discurso honesto y equilibrado siempre viene bien.
    Comparto el Disclaimer y lo doblo: ni soy funcionario ni lo quise ser nunca. Pero necesitamos profesionales reconocidos en la función pública.

  5. 10/05/2013 en 08:05

    Brillante post Alberto. Simplemente dos comentarios: 1) Respecto a la motivación intrínseca del empleo público estoy plenamente de acuerdo que debería ser así y, en gran medida, en España lo es. Pero lleva ya tiempo preocupándome que ese valor vaya perdiéndose entre muchos de los nuevos que buscando un trabajo público lo hacen más por tener unas condiciones laborables decentes (aspiración muy legítima) que por un conciencia asentada del servicio público. 2) Respecto a quiénes deben ser funcionarios y quién no. El comentario de Ramió es superficial pero la línea por la que apuesta la comparto. Quienes tengan funcioines de autoridad, salvaguarda del interés público o precise mantener una autonomía respecto al poder político deben ser funcionario. El resto no entiendo por qué debe serlo. Por hablar del ámbito sanitario, que conoces bien. Un médico debe ser funcionario (o estatutario), por ejemplo, para reforzar su autonomía en el ejercicio de su profesión y que no se vea sometido a presiones para por ejemplo recortar la dosis que se le debe dar a un paciente, si es por criterio de costes y en contra de su opión profesional. Pero, ¿debe serlo un auxiliar sanitario? ¿ un celador? Sinceramente no lo creo. ¿Debe serlo un administrativo dedicado a mantener bases de datos de expedientes? ¿Un ordenanza? Seguramente tampoco.

    • 11/05/2013 en 20:01

      Óscar, respecto de tu punto 1, no sé el grado en que va disminuyendo la motivación intrínseca entre los trabajadores públicos; lo que sí sé es que entre los trabajadores privados la caída es en picado. Ya no quedan empleados como mi padre, que confiaba pasar 50 años de vida laboral en la misma empresa, a la que defendía como si fuera propia.

      El diferencial es cada vez mayor en favor de los empleados públicos. Los trabajadores privados con motivación intrínseca se hacen emprendedores, con la posible excepción de los cooperativistas.

  6. Feinmann
    10/05/2013 en 10:51

    Llegados a intentar discernir, habría que hacer un análisis diferencial entre las propiedades de los puestos de trabajos de laborales y funcionarios en las administraciones. La parte interesante es a que presiones políticas puedan estar sometidos unos y otros para mediatizar sus actuaciones, y que protección necesitarían unos y otros para que sus actuaciones sean guiadas únicamente por la ley y el interés publico y no puedan ser mediatizadas por intereses externos. Ejemplo real: un interino falsificó la firma de un jefe de servicio, el cual denunció el caso en el juzgado de guardia, el interino fue juzgado y condenado, con la eximente de que había seguido ordenes de cierto concejal, y que por su situación de interinidad estaba en condiciones precarias como para negarse a realizar una orden ilegal. Curiosamente, el concejal quedó indemne. http://cort.as/413e

  7. Antonio Mesa
    10/05/2013 en 13:26

    Como siempre, interesante el informe y de acuerdo con tus conclusiones. Sin ánimo de demagogia, nunca se plantea la reducción de políticos y cargos directivos de muy dudosa utilidad, donde se establecen los mayores casos de corrupción, y mientras tanto lanzando globos sonda de este tipo.

  8. &er
    13/05/2013 en 08:55

    Aupa Alberto
    Gracias por el post. Me encanta el ejemplo del Katrina, me parece buenísimo.
    ¿Habrá algún estudio al respecto?, tendré que leerme el paper al que haces que referencia a ver…

    • 13/05/2013 en 09:22

      Gracias, Ander.
      A veces he contrapuesto el ejemplo del Katrina con el de Chernobyl, donde los funcionarios bomberos fueron a una muerte segura para tratar de minimizar el efecto del desastre nuclear. Sin embargo, puede ser que en Chernobyl fueran engañados. Seguramente es mejor ejemplo el más reciente de Fukusima, que nos muestra lo que hacen los empleados públicos cuando llega una desastre: cumplen con su papel aunque su salud se vea comprometida.

  1. 09/05/2013 en 18:48
  2. 10/05/2013 en 20:08
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