Administraciones en red

Empecemos con una definición:

El Gobierno abierto se define como un compuesto de tres elementos -transparencia, participación y colaboración- que instaura una manera de gobernar más dialogante, con mayor equilibrio entre el poder de los gobiernos y de los gobernados, al tiempo que otorga a la ciudadanía un papel corresponsable. Los fines pretendidos son la mejora en la toma de decisiones y la implicación de los ciudadanos en la gestión de lo público, a través de un aumento del conocimiento y de la puesta en marcha de innovación pública.

Y nada más. No es posible, ni interesante, añadir aún más ambición a este ambicioso desafío. Debemos mostrarnos sumamente escépticos ante las proclamas de que la transparencia acabará con la corrupción, ya que no lo hará. Y, asimismo, conviene no mezclar los códigos éticos, pensados para prevenir la corrupción, con las medidas de fomento de la transparencia. Son asignaturas diferentes y su impartición conjunta no mueve más que a confusión.

La razón de esta melancólica afirmación yace en el hecho de que la corrupción y la probidad, pese a que conceptualmente sean dos extremos de una dimensión continua, en la práctica no se pueden abordar con las mismas herramientas. Las medidas a tomar para favorecer la probidad pública no son las mismas, ni parecidas, que las encaminadas a luchar contra la corrupción.

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