Administraciones en red

Empecemos con una definición:

El Gobierno abierto se define como un compuesto de tres elementos -transparencia, participación y colaboración- que instaura una manera de gobernar más dialogante, con mayor equilibrio entre el poder de los gobiernos y de los gobernados, al tiempo que otorga a la ciudadanía un papel corresponsable. Los fines pretendidos son la mejora en la toma de decisiones y la implicación de los ciudadanos en la gestión de lo público, a través de un aumento del conocimiento y de la puesta en marcha de innovación pública.

Y nada más. No es posible, ni interesante, añadir aún más ambición a este ambicioso desafío. Debemos mostrarnos sumamente escépticos ante las proclamas de que la transparencia acabará con la corrupción, ya que no lo hará. Y, asimismo, conviene no mezclar los códigos éticos, pensados para prevenir la corrupción, con las medidas de fomento de la transparencia. Son asignaturas diferentes y su impartición conjunta no mueve más que a confusión.

La razón de esta melancólica afirmación yace en el hecho de que la corrupción y la probidad, pese a que conceptualmente sean dos extremos de una dimensión continua, en la práctica no se pueden abordar con las mismas herramientas. Las medidas a tomar para favorecer la probidad pública no son las mismas, ni parecidas, que las encaminadas a luchar contra la corrupción.

Gobierno abierto y probidad pública: beneficios y límites.

El Gobierno abierto favorece la probidad pública. Los entornos transparentes desencadenan comportamientos más correctos, ante la expectativa de que otras personas puedan evaluar nuestros actos. Existen múltiples ejemplos de esto. Mi favorito es seguramente aquella empresa que decidió, en lugar de limitar y controlar los gastos de viaje a sus empleados, simplemente publicar todos los justificantes en la intranet. Esta pequeña medida sirvió para que cada empleado optara por viajar en la clase turista y por no presentar facturas de cenas en restaurantes de lujo.

No sólo la transparencia, también la participación favorece los entornos éticos. Cuanto más presente está la ciudadanía en los asuntos públicos, es mayor el escrutinio y son más fuertes los incentivos para comportarse correctamente. Esto es especialmente cierto cuando se implica a la ciudadanía en la evaluación de los procesos y de los resultados de servicios y políticas públicas.

Por lo tanto, el gobierno abierto es el mejor compañero de la probidad pública. Sin embargo, por sí mismo no tiene el poder de prevenir la corrupción. La gran ironía es que la transparencia sólo funciona con las personas no corruptas. Establece un marco favorable para que la conducta sea más inteligente y más ética, pero sólo para las personas que quieren actuar de manera ética e inteligente.

Podemos hacer una analogía con los programas de deshabituación tabáquica o las dietas para bajar peso: sólo consiguen resultados entre las personas que realmente desean dejar el tabaco y bajar peso. El corrupto, mientras mantiene una apariencia de transparencia, mostrará algunas facturas y guardará otras en el cajón; publicará la contabilidad de su institución y la relación de bienes personales, al tiempo que mantiene una contabilidad b y posesiones ocultas; ofrecerá toda la información de la contratación, mientras que seguirá cobrando una mordida en negro.

Entre tanto, la corrupción sigue escalando puestos entre los problemas que más preocupan en España. Europa nos sitúa en el top 5 de países con mayor percepción de corrupción. Experimentamos una asfixia casi física ante la avalancha de evidencias, de macrosumarios, de juicios, de correos electrónicos y SMS publicados con que nos desayunamos cada mañana y cenamos cada noche.

Lucha contra la corrupción: el método Rosell

Urge una regeneración del ejercicio del poder. En otro caso, la repetición de megacasos de corrupción, unida a la sensación de impunidad acabará con la legitimidad de muchas instituciones, e incluso amenaza a la propia democracia.

En mi opinión, la solución para reducir el nivel de corrupción pasa más por el palo que por la zanahoria. El estímulo positivo sirve para elevar el nivel de la probidad pública, de autoexigencia de quienes gobiernan. Para prevenir la corrupción, en cambio, sólo funcionará el miedo a recibir un castigo severo y casi seguro. En esta misión, no podemos delegar todo a la Justicia, que tiene sus métodos y sus tiempos, poco adecuados para prevenir. Son precisos mecanismos de intervención inmediata.

Llamemos “método Rosell” al mecanismo más básico de intervención. Casi todo el mundo recordará que Rosell era un presidente del Fútbol Club Barcelona que recientemente dimitió de su cargo ante la inminencia de su imputación en un caso judicial.  Pues bien, Rosell ejemplariza una conducta que, hasta hace unos años, era frecuente: la dimisión cuando un escándalo alcanza cierto tamaño. Este es el comportamiento a generalizar en todas las instituciones. El mecanismo no entra en consideraciones sobre la culpabilidad o no del sujeto, que dirimirá la Justicia. Simplemente, ante la constatación de que el escándalo amenaza con dañar la institución a la que representa, la persona dimite. O se le destituye. En todos los casos.

Esta medida seguramente no es mágica, y debería ser acompañada de otras que, por una parte, sirvan para prevenir y, por otra, que hagan suficientemente amenazador el castigo. En todo caso, el “método Rosell” es lo menos que se puede pedir, el grado cero de la lucha contra la corrupción.

Códigos éticos y de buen gobierno: confusión terminológica

Pondré un ejemplo conocido de aplicación del «método Rosell». El actual Gobierno vasco ha hecho firmar a todos sus cargos un código de buena conducta. Uno de sus puntos, regula las conductas relativas a potenciales conflictos de intereses. En una adjudicación, el entonces Director General de la empresa pública EJIE violó ese punto. Gracias a los mecanismos de transparencia, fue posible que un periodista investigara y aireara este asunto. Como consecuencia, el director fue obligado a dimitir.

Como se ve en el ejemplo, la transparencia fue necesaria -permitió sacar a la luz el caso-, pero no suficiente. Es la ejemplaridad del cese la que ha elevado la exigencia ética. Y esta asignatura se estudia en un libro diferente al del Gobierno abierto. Hay que aprobar las dos.

Termino este post con una opinión que daría para abrir un nuevo debate. Por todo lo dicho anteriormente, soy favorable a separar las medidas de lucha contra la corrupción de las de fomento del buen gobierno. En consecuencia, creo que los «códigos de ética y buen gobierno» deberían quedarse en meros «códigos de ética y buena conducta«, para no perder el foco. El «buen gobierno» es un fin más complejo y que debe abordarse con otros medios.

Volvamos al ejemplo del «código de ética y buen gobierno» del Gobierno Vasco. Cuando define «buen gobierno», comienza haciéndolo en negativo: «El buen gobierno supone ausencia de corrupción, fraude, arbitrariedad, incompetencia, despilfarro, ineficacia e ineficiencia, etc.» A continuación, intenta definirlo en positivo, a partir de los principios de participación democrática, transparencia, rendición de cuentas y el respeto a las leyes. Pero, si uno se lee el código, queda claro que para lo que sirve de verdad es para lo primero, para prevenir la corrupción, fraude, arbitrariedad… Sus principios tienen un carácter coercitivo.

Esta es mi tesis: separemos los palos de las zanahorias. Hagamos códigos de buena conducta que castiguen las malas prácticas. Por otra parte, abramos las instituciones de forma transparente y colaborativa.