Administraciones en red

Compañeras y compañeros de la cosa pública, el gobierno abierto ha muerto, viva el buen gobierno.

Áreas de buen gobierno

No os sobresaltéis. Con este eslogan pretendo reírme de mí mismo y de la tendencia que tenemos algunos a lo que Quevedo llamaría remudar vocablos. Y, sin embargo, «remudar vocablos es limpieza«. Cada tanto, merece la pena revisar nuestra visión y  redibujarla. A veces, incluso rebautizarla. Renovemos la pasión, que la vida es corta.

Los que llevamos un tiempo trabajando en materia de gobierno abierto, sentimos cierta preocupación al ver con qué frecuencia se toman sus tres ejes –transparencia, participación y colaboración– como productos que hay que fabricar, sin entender el por qué ni el para qué. Las administraciones avanzan a golpe de imperativo legal y de programa electoral más que de celebraciones del valor público alcanzado.

Con esta lógica, veo ayuntamientos que establecen métricas como las siguientes:

• Número de expedientes de solicitud de información resueltos
• Número de ítems de publicidad activa publicados
• Número de conjuntos de datos abiertos
• Número de consultas participativas
• Número de participantes en procesos de participación
• Porcentaje del presupuesto en presupuestos participativos

En todos los casos, se considera que cuanto más, mejor, lo cual no es necesariamente cierto.  Si pregunto por el impacto que esperan obtener, me suelen citar la disminución de la corrupción, una mayor legitimidad pública, el fortalecimiento de la democracia y otros de este tenor. ¿No sentís que hay un salto abismal entre indicadores de resultado e impactos previstos? El gobierno abierto, separado de otros elementos de gobernanza, se mueve en el vacío.

Manuel Villoria es uno de los estudiosos que ha propuesto ampliar el campo de juego y volver a un concepto más antiguo, el del buen gobierno. El problema es que la etiqueta buen gobierno no tiene una definición estricta a la que asirnos y en diferentes textos se le asigna diferente contenido. Así, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno no contiene una definición del término, pese a estar presente en su propio nombre. El título II, donde se habla de buen gobierno, lo refiere a una serie de normas de conducta para los altos cargos de la Administración, de manera que se ajusten a unos criterios de buena gestión y eviten conductas que afecten a su objetividad o que les lleve a enriquecerse de manera ilegítima. Por lo tanto, se trata de una concepción orientada a integridad pública y a la lucha contra la corrupción.

Volviendo a Manuel Villoria, él maneja un concepto más amplio, que sitúa «entre la integridad institucional y la innovación democrática». De esta manera, buen gobierno sería

«aquel que promueve instituciones formales (normas y reglamentos) e informales (lógicas de lo apropiado en cada organización pública) que fomentan la transparencia, la rendición de cuentas, la eficacia, la coherencia y la participación» [i].

Buen gobierno engloba y pone en relación:

• Integridad profesional y objetividad institucional
• Planificación y evaluación de planes y de políticas públicas
• Gestión innovadora
• Apertura de datos
• Transparencia y acceso a la información
• Rendición de cuentas
• Participación y colaboración ciudadana.

¿Cuál es el hilo conductor que da una lógica conjunta a estas disciplinas que antes estudiábamos por separado? Hay acuñada una expresión afortunadísima: «hacer bien la cosas buenas«. Planificamos, transparentamos, participamos, innovamos… para funcionar mejor y para alcanzar metas más acertadas.

No conozco bien el origen de esta expresión. Yo la he escuchado en labios de mi admirada Koldobike Uriarte y la he leído en publicaciones relacionadas con el «Libro Blanco de Democracia y Participación Ciudadana» del Gobierno Vasco. Felicidades al autor o autora, sea quien sea. Ahora es de todos.

¿Buen gobierno es la mejor manera de llamar a esta visión más inclusiva de los retos de los gobiernos del siglo XXI? No lo sé. Como decía, no existe un amplio acuerdo sobre esto.  La palabra gobernanza – y sus variantes gobernanza pública, buena gobernanza, gobernanza colaborativa– también ha sido propuesta como concepto que agrupe la idea de hacer bien las buenas cosas. Así, el Libro Blanco de la Gobernanza Europea propone este término como paraguas para cinco principios acumulativos:

• «apertura: las instituciones europeas deben otorgar más importancia a la transparencia y a la comunicación de sus decisiones;
• participación: conviene implicar de forma más sistemática a los ciudadanos en la elaboración y aplicación de las políticas;
• responsabilidad: es necesario clarificar el papel de cada uno en el proceso de toma de decisiones para que cada agente concernido asuma la responsabilidad del papel que se le ha atribuido;
• eficacia: deben tomarse las decisiones a la escala y en el momento apropiados, y éstas deben producir los resultados buscados;
• coherencia: las políticas que la Unión Europea lleva a cabo son extremadamente diversas y necesitan un esfuerzo continuo de coherencia».

Lo cierto en que gobernanza es un término que pocos sabrían definir con precisión y diferenciarlo de otros cercanos. Mientras no surja un mejor término, yo me quedo con «buen gobierno», con minúsculas; esto es, hablamos de «buena gobernación», no de «buen Gobierno», que nos llevaría a otro campo más político.

Ayer tuve ocasión de reflexionar sobre las piezas que compondrían un programa de buen gobierno en la Administración local, de la mano de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Pero eso da para otro artículo, cuando junte tiempo para escribirlo. Prometido.

ACTUALIZACIÓN: Promesa cumplida. El post: Buen gobierno: piezas, fases y relaciones.

[i] Villoria Mendieta, Manuel: «El buen gobierno, entre la integridad institucional y la innovación democrática», en Revista Democracia y Gobierno Local. Núm. 20, 2013, pág. 5.