Administraciones en red

Es preocupante que haya gente que desee que los trabajadores públicos sean menos y vivan peor. Deberían desear, más bien, que pudieran realizar su trabajo de la mejor manera posible, ya que su objeto es el bienestar de todos.

Ayer El País nos traía negros barruntos con un titular mal construido: «Expertos de la Generalitat proponen prescindir de la mayoría de funcionarios«.  La respuesta no ilustrada (facebuquiana, si se me permite el neologismo) ha variado entre los que han visto en esto otra campaña de recortes y los que se han alegrado de que se dé aún más caña a los funcionarios. Bien, ni los expertos eran de la Generalitat ni parece que propongan reducir el tamaño de lo público.

Hoy, en cambio, -gracias a Carlos Guadián– me he desayunado con un artículo de 2004, en la American Review of Public Administration: «Government Employees: Working Hard or Hardly Working?» que viene a afirmar que los empleados públicos se esfuerzan un poco más que los trabajadores privados y -esto es lo relevante- que la causa principal reside en que la motivación es más intrínseca que en el caso privado. La respuesta facebuquiana: «no puede ser; esto no pasa en España; no es extrapolable».

Tengo para mí que cuando un español medio se imagina un funcionario, se imagina una viñeta en blanco y negro de Forges, donde un señor -¿dónde están las funcionarias?- lee el periódico con los pies encima de una mesa y cuyo trabajo es perfectamente prescindible. En cambio, cuando piensan en un «trabajador de la empresa privada» se imaginan a Charlot en Tiempos Modernos. Estereotipos.

Curiosamente, cuando los servicios públicos evalúan la satisfacción de sus usuarios, casi siempre se encuentran con que es altísima. De 8 sobre 10 para arriba en muchos casos. Y curioso también que, entre las profesiones que despiertan mayor confianza, estén las de la medicina y la enseñanza, ejercidas mayoritariamente por trabajadores públicos.

Volvamos al paper americano. Lo de menos es quiénes trabajan un poquito más o un poquito menos. Lo relevante es esa observación de que los empleados públicos se sienten motivados por valores intrínsecos. ¡Por supuesto! La producción de bienes sociales es satisfactoria por sí misma y realiza valores que la mayoría compartimos, como son la solidaridad, la equidad, el progreso, o incluso la compasión. En igualdad de condiciones, es más satisfactorio velar por la calidad de las aguas de tu ciudad que por vender mucha agua embotellada. Y además, en España ese trabajo se ejerce en una institución donde uno espera trabajar toda su vida, no en una empresa de la que quizá uno se desvincule en cualquier momento. Vida y trabajo van indisolublemente unidos.

¿Es extrapolable a España? Desde luego, aquí también se puede afirmar que la motivación es más intrínseca entre los trabajadores públicos que entre los privados. Aún más, en España los valores públicos están seguramente más asentados, por la mayor institucionalización del empleo público. Como he señalado en otras ocasiones, cuando el huracán Katrina asoló New Orleans, una parte (¿el 30%?) importante de la policía local dimitió. Aquí nadie se imagina a la Guardia Civil dimitiendo para no enfrentarse a un desastre natural. En cambio, si trabajas para una gran compañía no dudarás en marcharte a otra que te ofrezca mejores condiciones. Tu motivación será más extrínseca, con el salario jugando un papel preponderante.

Sin querer alargar mucho el post, diré que esto refuerza mi afirmación de que la medición del desempeño individual -y, aún peor, la instauración de incentivos económicos- es contraproducente en la función pública. El que quiera una explicación más completa, podrá leerla en el libro «Intraemprendizaje Público» que estoy a punto de publicar, dentro de la colección Innap Innova.

Bueno, y la noticia de El País, ¿de qué va? Espero que algún día tengamos acceso a ese informe de 36 páginas (¿por una cara?, ¿a doble espacio?) del grupo de expertos que preside el catedrático Guillem López-Casasnovas. Aún más, espero que tengamos acceso a los datos que sustentan las conclusiones. Por lo poco que sabemos, yo diría que plantea una especie de «informe Abril» para la parte de la Administración pública que no ha pasado por ahí; es decir, para todo menos para la Sanidad. De hecho, el Sr. López-Casasnovas ha desarrollado buena parte de su tarea investigadora en el ámbito de la gestión sanitaria.

En realidad, lo que se dice son previsiones ya contempladas en el EBEP. Una de las ideas fuerza es que no todos los trabajadores públicos han de ser funcionarios. Cuando una función puede ser ejercida por una empresa (pública o privada) quiere decir que no es una función propia de un funcionario. Por ejemplo, junto a los medicos o docentes públicos, tenemos privados que realizan la misma función.

Ahora bien, la mayoría de quienes trabajan en los organismos centrales de las Administraciones no pueden ser otra cosa que funcionarios. Dice la noticia: “cabría limitar los puestos de trabajo reservados a personas que tengan la condición de funcionario a aquellas funciones directamente conectadas con el ejercicio de la autoridad administrativa”. Parece que esta frase se aplicaría a casi todo el personal técnico, en tanto que gestionan autorizaciones, registros, contrataciones, subvenciones, …

O eso pensaba yo. Sin embargo, Carles Ramió, uno de los redactores del informe, dice esto: «Funcionarios solo deberían ser los que ejercen funciones de autoridad (jueces, policías, inspectores de hacienda) y aquellos que tengan un contacto directo con las instancias políticas. El resto pueden ser sencillamente laborales.» 

No lo veo nada claro, Carles. Es cierto que una parte de la AGE está atenazada por el corporativismo de los altos funcionarios -los Sir Humphreys de nuestra Administración estatal. Sin embargo, esto ocurre en mucha menor medida en otros niveles de la Administración. Atáquese ese problema de frente y no la liemos allí donde no existe el problema.

Si optamos por la interpretación menos estricta, ¿quién quedaría fuera? Bastantes grupos. El más numeroso, al menos en el caso vasco, sería el profesorado. Y parece razonable que no sean funcionarios. Esto ya pasa en la Sanidad vasca, cuyos trabajadores son «estatutarios», con unas condiciones de trabajo similares a las del funcionariado, pero adaptadas a su realidad.

Quizá no haya nada de lo que espantarse. Simplemente, habría que volver a ordenar el campo de lo público, con mejores criterios. No se menciona la necesidad de externalizar nada.

El miedo terrible viene de lo que no se dice. ¿Se quiere aprovechar este informe técnico para tomar la decisión política de reducir el tamaño de lo público? No podemos saberlo, pero las actuaciones de buena parte de quienes mandan nos hacen estar muy alertas.

Mikel Toral, por ejemplo, ha comentado esto: «Qué miedo dan. Atacan por todos los frentes y nosotros tan panchos. Con la cobertura de los tecno-expertos lo que preparan es una purga en toda regla. Al tiempo. Para todos los neoultraliberales adegalzar la administración es una obsesión interesada. El bocado que quiten de lo público se lo repartirán con las empresas amigas. Ya lo están haciendo.»

Óscar Cortés ha publicado dos posts muy relevantes, uno para recordar por qué es tan importante lo público. El otro, para reclamar que la reforma, sea como sea, comience por desvelar de forma transparente cuál es el objetivo final de lo que se pretende.

La buena gente de la XiP, mi think tank favorito sobre Administración pública, también, se apresta para defender las posiciones, no sea que lleguen los recortadores y nos pillen dormidos.

Conclusiones del día:

1. Necesitamos trabajadoras y trabajadores públicos, que sigan dedicándose a aumentar los bienes colectivos.
2. Necesitamos conocer ese informe técnico y todas sus implicaciones, para fomentar un debate honrado sobre la reforma de nuestra Administración.
3. La manera de emprender la reforma, si va a ser profunda, debe ser mediante los «procedimientos más participativos, selectivos y graduales«, no vía Decreto unilateral.
4. No hay que cejar en la defensa de lo público. La alternativa es pavorosa. E ineficiente.

Disclaimer: No soy funcionario. Pretendo ser un profesional in(ter)dependiente.