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El Estatuto de la Función Pública en la prensa


Durante esta semana los medios de comunicación se han hecho amplio eco del Anteproyecto de Ley del Estatuto de la Función Pública, con motivo de su presentación por Jordi Sevilla ante el Congreso de los Diputados.

Es curioso que mientras la nota de prensa del Ministerio dice que “el texto persigue que los empleados públicos sean mejores profesionales, cuenten con condiciones laborales más atractivas y disfruten de mayor independencia respecto a los partidos políticos”, la mayoría de los titulares de la prensa vienen a transmitir la idea de que “se les ha acabado el chollo a los funcionarios”.

Esta interpretación responde, sin duda, a un pensamiento popular bastante generalizado sobre la escasa productividad de los funcionarios públicos, que podríamos sintetizar en este meme: “los funcionarios no le pegan un palo al agua”.

Desde luego, si los funcionarios trabajan más o menos no es por un síndrome patológico asociado al ejercicio de la función pública, ni tampoco por el mero hecho de que “como tienen el empleo asegurado, ¿para qué van a trabajar?”.

Que nadie se llame a engaño, el desempeño laboral de los funcionarios no va a depender sustancialmente de reformas legislativas. Y me explico.

Seguramente, las condiciones laborales de los empleados públicos evolucionarán hacia un estatus de mayor flexibilidad, porque es lo que está sucediendo con el empleo en general, y es bien sabido que la Administración pública sigue a la sociedad como la sombra al cuerpo.

Pero no creo que esta flexibilidad, ni mucho menos los efectos que se pretenden con ella, vayan a conseguirse a golpe de leyes y decretos. Cabe recordar aquí lo que Francisco Longo afirmaba, refiriéndose al desarrollo de la función directiva: “No creemos que el cambio legal sea, las más de las veces el mejor modo de iniciar las reformas. De hecho, las mejores reformas legales son, en nuestra opinión, aquellas que consolidan e institucionalizan los cambios efectivamente producidos”.

Veamos sólo un ejemplo de cómo se ejerce en la actualidad la flexibilidad que la legislación vigente ya permite. En efecto, si alguna situación administrativa tiene carácter de máxima flexibilidad, ésta es la denominada “comisión de servicios”, en virtud de la cual un funcionario ocupa provisionalmente una plaza vacante, situación a la que ambas partes (la Administración y el funcionario) pueden poner fin, en cualquier momento, a su libre albedrío.

Pues bien, esta figura administrativa se emplea profusamente en la Administración que yo conozco y nunca he visto que se revoque comisión alguna por más que haya habido, en algunos casos, motivos bien fundados.

¿Qué quiero decir con esto? Que por más que la ley lo permita, no me imagino que la Administración vaya a empezar a despedir empleados, como tampoco lo hace ahora con el personal laboral a su servicio, que en la práctica cuenta con la misma estabilidad que los funcionarios, aunque su régimen laboral sea el mismo que el de los trabajadores de las empresas privadas, es decir, la regulada por el Estatuto de los Trabajadores. Y, lo que es peor, no tengo ninguna confianza en que, si lo hiciera, fuera por los motivos previstos como legítimos o justificables. De la misma forma, tampoco creo que los funcionarios se vayan a poner trabajar de repente por el hecho de ver amenazado su empleo, si ello no se acompaña de otras medidas que tienen que ver con el funcionamiento y con la organización del trabajo en las administraciones públicas.

En fin, si lo que se pretende es optimizar la productividad de los empleados públicos, creo que otro tipo de actuaciones serían más eficaces que la precarización de sus condiciones de empleo. Mucho se me antoja que esta solución resulta demasiado simple para un problema ciertamente complejo.

Volviendo sobre los medios de comunicación, y sin entrar en el debate de si los funcionarios trabajan más o menos, que de todo hay, la primera reflexión que me surge es si no cabría esperar (por no decir, exigir) de los medios de comunicación una visión más seria de la cuestión, en lugar de caer en el tópico simplón, cuando no en la caricatura y el esperpento.

Y la segunda reflexión se resume en esta pregunta: ¿alguien se cree que los problemas de la Administración pública se van a solucionar poniendo de patitas en la calle a los funcionarios que no se esfuercen lo suficiente?

Desde luego, si éste es el nivel de análisis del que son capaces los medios de comunicación, poca contribución cabe esperar por su parte a la modernización y mejora de la Administración pública. Sólo hace falta darse una vuelta por este blog para vislumbrar una amplía panorámica de las cuestiones a tener en cuenta a la hora plantearse en serio esta transformación.

Conseguir una Administración pública mejor, es decir, más eficaz para la realización de los intereses generales, depende de todos: de los políticos, de los empleados públicos y de la ciudadanía. Para ello, es necesario consensuar y promover los valores que deberían inspirar el funcionamiento de ese modelo de Administración, lo que tiene mucho que ver con la difusión y el debate de las ideas. No hace falta decir que, en esa labor, los medios de comunicación podrían efectuar una valiosa aportación.

Nosotros, en este blog, modestamente lo estamos intentando.

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  1. 02/04/2006 a las 15:42

    Muy buena tu reflexión, compañero. Yo también creo que los cambios legales deben servir para cristalizar reformas que ya se han iniciado, no al revés.En una línea más vitriólica, tiene interés la segunda parte de este artículo de Javier Cuchí, alias El Incordio.

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