Administraciones en red

La democracia liberal propone un gobierno representativo que se legitima por su capacidad para generar derechos civiles, económicos y sociales dirigidos al pueblo, pero sin el pueblo. Los ciudadanos tomamos el rol de consumidores de servicios públicos, lo que nos garantiza cierto bienestar y un grado de libertad consistente en no sufrir las interferencias de los otros. El concepto de libertad es, pues, puramente negativo y consiste en evitar trabas. Por otra parte, se pretende mantener separadas las esferas de lo privado, donde los individuos ejercen su libertad, y de lo público, que se deja en manos de los representantes políticos.

En este régimen se da por hecho que un cierto grado de corrupción es inherente a la gestión de los bienes públicos, pero que la renovación de los equipos de gobierno por la vía electoral provoca algo así como una periódica limpieza general. Los mejores de los políticos orientan su función a proveer a los ciudadanos-consumidores de los servicios que demandan, bajo el lema «give people what they want», y se sorprenden cuando descubren que, pese a hacer lo que la gente quiere, la legitimidad decae. La democracia liberal fomenta una ciudadanía irresponsable e insatisfecha.

Joan Prats encuentra en el republicanismo cívico una alternativa democrática al actual paradigma dominante. En esencia, consiste en fiar las libertades y los derechos de los ciudadanos, no a la actuación de los profesionales de la política, sino a la virtud cívica de los propios ciudadanos, que se comportan como agentes políticos activos.

“Los republicanos son portadores de un patriotismo cívico distinto al patriotismo constitucional de los liberales. Este patriotismo cívico no se conforma con el respeto a la legalidad, exige sobre todo amor a la polis y su demostración mediante la práctica de las virtudes públicas que sólo puede hacerse en la política”. La separación entre lo público y lo privado deja de ser estanca y se considera que una vida privada no puede ser digna sin ejercer una vida pública digna.

El republicanismo cívico (no confundir con el partido republicano estadounidense) conecta con varios de los principios de lo que está llamándose “Política 2.0”. La política se construye como un saber práctico que emerge de la interacción y las pequeñas contribuciones de muchas personas, sin pretensiones de verdad absoluta, con un espíritu experimentalista y adaptativo, donde tan importante como los resultados es el aprendizaje que se produce por el camino.

Muchos consideran una utopía cualquier planteamiento de este tipo porque desconfían de la sociedad en la que viven. Algunos dirán que se trata de buenas ideas para aplicar en Suiza o en Dinamarca, pero que en un país latino la picaresca va incorporada en el código genético. Los que así opinan no han conocido, o han olvidado, otra realidad. Quienes recordamos cómo era la vida en algunos pueblos, no hace tantos años, sabemos que los padres o los abuelos de estos pesimistas han conocido formas de organización social mucho más integradas y más responsables. Esas formas han perdurado durante siglos, mientras que el actual sistema urbano, liberal e irresponsabilizado, apenas lleva dos generaciones de dominio.

Es tan verdad que no existirá un buen gobierno sin unos buenos ciudadanos, como que no existirán buenos ciudadanos sin un buen gobierno. Se aprende a ejercer la ciudadanía cuando se adquieren responsabilidades en la toma de decisiones, y se va legitimando el gobierno a medida que la toma de decisiones se deja en manos de quienes se ven afectados por ellas. Es un círculo virtuoso en el que nos tenemos que meter. Como dice Joan Prats, “sin comportamientos cívicos, no hay buena Administración que resista”. “La construcción de una ética cívica de inspiración republicana y de una ética política y funcionarial que beba en las mismas fuentes constituye una tarea intelectual y política sin duda estimulante”.

Yo sigo pensando que la lista de valores que propuse en su día puede ser adecuada para ir configurando esa ética cívica, de las Administraciones, de los servidores públicos y de los ciudadanos. No porque sea la lista perfecta, sino porque la considero lo bastante retadora como para que pueda provocar un debate caliente. Tengo también algunas esperanzas de que avancemos en la dirección correcta. Tal vez no haya que esperar a que nos jubilemos y nos reemplace una nueva generación más evolucionada.

La Constitución Europea puede convertirse en el símbolo de lo que se ha hecho mal y de cómo hacerlo mejor. En su momento quisieron que aprobáramos un texto constitucional en el que no habíamos participado, por el cual no nos sentíamos representados y que habí
a sido vendido empleando descaradas técnicas de marketing. Los pueblos holandés y francés, dando, una vez más en la historia, ejemplo de civismo consiguieron echarla por tierra. Parece que de esta crisis puede surgir una nueva forma de hacer política, que se plasma en el Plan D de la Comisión Europea, que fomenta la democracia, el diálogo y el debate. Como sabemos, la vitamina D se sintetiza cuando salimos de nuestros hogares privados y nos exponemos a los rayos solares, en la plaza pública.

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