Administraciones en red

• «La promoción y el impulso de los servicios electrónicos en las administraciones públicas, focalizando los esfuerzos en algunos proyectos especialmente significativos, como son los encaminados a suprimir la petición de determinados documentos (fotocopias de DNI y certificados de empadronamiento), otros encaminados a la extensión de servicios de Administración Electrónica (notificaciones telemáticas, pago telemático, registro, etc.), otros destinados a crear una oferta de servicios en torno al DNI Electrónico y, por supuesto, la creación de una red multicanal de atención al ciudadano (la red 060).
• La cooperación institucional, reforzando la colaboración con Comunidades Autónomas, mediante la Red SARA y con la sociedad civil mediante el Consejo Asesor de Administración electrónica.

Además, el MAP quiere redefinir su papel en la Administración General del Estado, «como creador y sostenedor de servicios y plataformas de intermediación que descargan de trabajo a los organismos de la Administración: realizando servicios de información, de seguridad, de validación de DNI, de preparación normativa, de un registro unificado para la AGE, etc.

Creo que todos estos temas nos resultan bastante conocidos a todos los que nos dedicamos al proceloso mundo de la modernización administrativa y de la Administración electrónica en cualquiera de las Administraciones del Estado.

Personalmente, destacaría la referencia a la cooperación institucional y a la participación de la sociedad civil, cuestiones ambas tan importantes como difíciles de llevar a la práctica adecuadamente.

Juan Miguel Márquez subraya la importancia del DNI electrónico como elemento «catalizador esencial para acelerar el proceso de modernización, ya que obliga a adaptarse a la administración y dota al ciudadano del elemento clave para identificarse y firmar ante cualquier Administración«. Desde su punto de vista, «va a haber un antes y un después en Administración Electrónica con el DNI Electrónico«.

Está claro que la firma electrónica es un elemento indispensable para el desarrollo de la Administración electrónica, pero hay que tener en cuenta que el DNI electrónico no es el único medio que permite firmar electrónicamente. Así, diversas Comunidades Autónomas, además de otras entidades públicas y privadas, han desarrollado sus propios certificados de firma y están trabajando en su despliegue entre la ciudadanía y las empresas. Habrá que ver cómo conviven estos sistemas y en definitiva será el propio mercado quien ponga a cada uno en su sitio.

No quiero pasar por alto un detalle significativo de la entrevista. Ante la pregunta de cuándo y cómo van a ir estando disponibles estos servicios, Juan Miguel Márquez se extiende en explicar los diversos comités y comisiones creados para impulsar y coordinar la implantación del DNI electrónico en la Administración General del Estado, sin poder entrar en los cómos y, mucho menos, en los cuándos de la puesta en marcha de estos servicios. Hay que reconocerlo, es difícil. Pero intentar una planificación del desarrollo de estos servicios es un reto que contribuiría a clarificar el panorama y, al mismo tiempo, supone correr el riesgo de caer en una cadena de incumplimientos que, cuando menos, resultaría incómoda para cualquier cargo público.

El nuevo Director General de Modernización Administrativa explica las razones que han impulsado al Ministerio a preparar el anteproyecto de Ley de Administración Electrónica:

• la elevada dispersión en número y rango de la normativa sobre Administración Electrónica
• la ausencia de principios y criterios comunes rectores de la normativa
• la falta de adaptación del marco jurídico a la realidad tecnológica, la incompatibilidad de algunas soluciones y la falta de interoperabilidad entre algunos sistemas de las Administraciones Públicas

.

Y apunta que esta Ley puede aportar lo siguientes beneficios:

• Definirá un código legal estable con la normativa esencial de la Administración Electrónica y evitará discriminaciones de acceso o trato en función de la solución o servicio utilizado.
• Unificará unos criterios rectores para toda normativa o desarrollo sobre Administración electrónica y facilitará la adaptación del ordenamiento jurídico administrativo.

Destacando, asimismo, que «la nueva ley va a consagrar el principio de interoperabilidad entre administraciones y dentro de ellas«.

Desde mi punto de vista, la Ley va a contribuir, al menos, a concretar el marco en el que deberá desarrollarse la Administración electrónica, y cuanto más claro esté el marco en el que nos vayamos a mover, mejor para todos. Máxime en un aspecto como éste en el que, por su novedad, existen muchos ámbitos de indefinición.

Preguntado por las inversiones en tecnología me ha gustado la referencia que ha hecho al señalar que “la clave del gasto y de la inversión está en la reingeniería de procesos”, citando el ejemplo de Estados Unidos, donde, al parecer “por cada dólar invertido en infraestructura y tecnología se invierten 10 en reorganización”.

A continuación, Juan Miguel Márquez aporta una definición de Administración electrónica que nos resulta conocida en este blog:

“Consideramos que la Administración Electrónica es el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración para que, combinadas con ciertos cambios organizativos y nuevas capacidades de los empleados públicos, mejoren la eficacia, la productividad, la agilidad y la comodidad de los servicios públicos a los ciudadanos y empresarios. Sin olvidar, que debe servir también para reforzar las
políticas públicas en cualquier campo de actuación y fortalecer los procesos democráticos”.

Y es que, al parecer, el nuevo Director General de Modernización Administrativa coincide con nosotros en que este tema trata de algo más que de tecnología: “La aplicación de los avances tecnológicos es condición necesaria pero en modo alguno es suficiente para la modernización”.

Añadiendo:

«Pero depende también de la necesaria colaboración y coordinación entre administraciones en aquellos procedimientos competencias de varias, creando una cultura de cooperación y de compartición de recursos y soluciones. Dependerá de que seamos capaces de invertir en cambios organizativos y no sólo en tecnología, dependerá de que siempre tengamos del máximo respaldo y compromiso político y administrativo, como el que tenemos ahora«.

Otra perla de esta entrevista es la siguiente, en la que Juan Miguel Márquez hace referencia a los factores que condicionarán el futuro de la Administración electrónica: “Y por último dependerá de que incorporemos a los directivos y trabajadores de las Administraciones Públicas a esta tarea, ya que de ellos depende la implementación de las iniciativas y por tanto sus éxito. De nada sirve proporcionar nuevos medios tecnológicos y procesos innovadores si aquellos que han de gestionarlos y utilizarlos no están convencidos de su importancia o capacitados para su empleo”.

En resumen, una interesante entrevista.

Y una última cita para terminar esta reseña: “La tecnología no es ni puede ser un fin en si misma, sino que es un medio habilitador para transformar la Administración”.

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