Administraciones en red

La primera cuestión que cabe plantearse es: ¿hasta qué punto se pueden equiparar las circunstancias actuales con aquellas en las que surgieron las cooperativas? Al igual que el río nunca baja la misma agua, creo que ambas circunstancias son bien diferentes.

Ni siquiera el ámbito territorial es el mismo. Las cooperativas surgieron en un valle muy concreto y sólo después se fueron extendiendo a otras zonas. No debe ser casualidad que sea precisamente en Gipuzkoa donde nuestras Administraciones tienen una mayor cultura de hacer cosas en común.

Tanto las circunstancias económicas de la época, como las sociales y las políticas, eran bien diferentes a las actuales. Por ejemplo, la cultura del trabajo era distinta, así como la valoración social del esfuerzo, etc. Hasta tal punto han variado las circunstancias que tengo la impresión de que difícilmente sería posible que arraigara en la actualidad un fenómeno empresarial de las características que tuvo (y tiene) aquel movimiento cooperativo.

Podríamos plantearnos también: ¿Qué sentido tiene que el movimiento cooperativo ofrezca ahora su colaboración al proceso de paz?

Encuentro respuestas, tanto de fondo, acordes con los principios y la idiosincrasia de este movimiento, como de imagen, relativas a sus intereses empresariales. Por una parte, en el ideario de las cooperativas se contempla su compromiso social con el pueblo del que han surgido y en el que están insertas. Y, por otra, las cooperativas son empresas y, como tales, desde el punto de vista económico también les interesa alcanzar un clima de normalidad y de ausencia de violencia.

Pero, más que este debate, nos interesa reflexionar sobre los principios, valores y prácticas del movimiento cooperativo que pueden ser útiles para las Administraciones públicas.

Supongo que el principio básico debe ser el de la cooperación, que para eso lo llevan en el nombre. Y la cooperación no es sino una forma de participación para hacer algo en común.

De tal forma que sí parece que la participación es el rasgo fundamental que puede aportar el modelo cooperativista a otras organizaciones. Y es en ese sentido en el que apunta, precisamente, el post de Julen.

De hecho, supongo que también la crisis del modelo tiene que ver con una crisis de participación. Cuando las cooperativas adquieren una dimensión grande es más difícil que todos puedan participar en las decisiones, la brecha entre los niveles directivos y los trabajadores “de línea” se hace más ancha y las asambleas generales sirven para dar legitimidad formal a decisiones precocinadas.

¿Es posible extender el modelo participativo de las cooperativas a otros tipos de organizaciones y, en particular, a las administraciones públicas? La primera cuestión a analizar es la de la voluntad de las partes. ¿En razón de qué los que ahora toman las decisiones deberían compartir esta responsabilidad con el conjunto de las personas que trabajan en la organización? Y, por otra parte, ¿qué les puede motivar a estas personas a involucrarse y aceptar esa participación?

Una primera respuesta a estas preguntas puede parecer muy simple. Lo que motivaría a la dirección de una organización para facilitar la participación de los trabajadores sería, sobre todo, la convicción de que esa participación ayudaría al logro de sus objetivos. Los trabajadores, por su parte, se motivarían a participar en la medida que de esa forma se vieran más satisfechos personal y profesionalmente. Pero tengo para mí que estas respuestas son demasiado sencillas, si no para ser ciertas, sí para resultar útiles.

Creo que para avanzar en este análisis conviene diferenciar los niveles macro y micro que planteaba Julen en su post. El nivel macro tendría que ver con el encaje institucional de la participación, es decir, con el marco conceptual explicitado y asumido, en alguna medida, por todas las partes que fije los principios, los objetivos, los límites, los canales y los métodos de la participación. El nivel micro apelaría a la aplicación de ese marco general en cada unidad concreta de la organización, en cada proceso de servicio, en cada equipo de trabajo.

A fecha de hoy en la Administración pública, a diferencia de lo que ocurre en las cooperativas, no existe ese marco general que reconozca ni la necesidad ni el derecho de que los trabajadores públicos participen en la gestión de sus organismos. Supongo que avanzaríamos en el desarrollo de ese nivel macro si existiera la convicción, mencionada en un párrafo anterior, en el sentido de que la participación ayudaría al logro de los objetivos de la organización. Un ambiente teórico favorable a la participación podría facilitar la creación de niveles macro de participación en las administraciones.

Por ejemplo, la colaboración interadministrativa ha sido un concepto retórico durante muchas décadas, con honrosas excepciones. La creciente incorporación de las TICs y el desarrollo de la Administración electrónica han puesto en primer plano el debate sobre la necesidad de que las administraciones cooperen entre sí para desarrollar una Administración electrónica orientada al ciudadano y más integrada, hasta llegar a un punto en el que esta necesidad de colaboración interadministrativa es un lugar común, el menos, en el plano de las reflexiones y de las declaraciones. Pues bien, el proyecto de Ley de Administración Electrónica, actualmente en tramitación parlamentaria, dedica un título entero, el cuarto, a la cooperación entre administraciones para el impulso de la administración electrónica, comenzando por la definición del Marco institucional de cooperación en materia de Administración electrónica.

Este reconocimiento legal del “marco institucional” me parece muy importante y creo que sería bueno llegar a algo parecido con respecto a la participación y, en particular, con la de
los empleados públicos.

Lo que ocurre en el nivel micro, teniendo en cuenta que el macro no existe, es fácil de adivinar. No descubro ningún secreto si afirmo que el desapego del funcionariado con respecto a su trabajo y a sus organizaciones está bastante más extendido de lo que nos convendría a todos.

¿Es posible actuar en el nivel micro sin la definición previa de ese “marco institucional”? No voy a negar que algo se podría hacer, pero la dificultad del empeño es evidente.

Por nuestra parte, nos dedicaremos a abonar ese ambiente teórico favorable a la participación que contribuya a facilitar la creación de niveles macro de participación en las administraciones. Y sería estupendo que se llevaran a cabo experiencias piloto en unidades concretas, creando equipos autogestionados para la prestación de determinados servicios.

Continuaremos reflexionando sobre este tema.

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