Administraciones en red

El mes de julio demostró que el calentamiento global puede cursar con un enfriamiento local. No hay mal que por bien no venga: Iñaki aprovechó para quedarse en casa y publicar un grupo de tres posts (una tripostia) acerca de la discrecionalidad, el control y la transparencia en las administraciones públicas.

Al leer los comentarios y los otros posts a los que enlaza Iñaki, encontramos un acuerdo general respecto de la importancia de la transparencia. También el comentado libro “Administración inteligente” enfatiza la transparencia. La administración del futuro será transparente o no será. Todo muy bienintencionado, pero ¿seguro que estamos entendiendo todos lo mismo por “transparencia”?

Nuestro interés por la transparencia es antiguo. Dos de los primeros artículos de este blog tratan de la transparencia como valor –por lo tanto, como motor de cambio- y la caracterizan con esta fórmula: transparencia = claridad x obscenidad.

Iñaki y otros insignes miembros de nuestro club están tratando de operativizar el valor transparencia. Aparentemente, con un alto grado de acuerdo. Así, podríamos nombrar como aspectos comunes

• rendición de cuentas de los resultados de las políticas públicas a la ciudadanía
• acceso a los datos en bruto desde el mismo inicio de un proyecto público
• habilitar canales para responder a las consultas ciudadanas

Es una buena lista, y todos estaríamos encantados de que fuera de deseado cumplimiento por las administraciones. Digo “deseado cumplimiento”, porque “obligado” es un enzima que divide al cumplimiento en “cumplo” y “miento”.

Pero me parece que algo se nos escapa. Es poca cosa. Casi basta con abrir el acceso a las bases de datos en las webs institucionales para cumplir con esta lista.

Por otra parte, esta forma de operativizar la transparencia lleva por debajo una concepción de la administración como una relación empresa-cliente. Habría dos grupos claramente separados: el de quienes prestan servicio público y el de quienes lo reciben. Este es el esquema que nos ha traído la Nueva Gestión Pública, y ya hemos hablado más de una vez de sus límites y consecuencias indeseadas. El principal problema es que da al ciudadano un rol de absoluta irresponsabilidad, al tiempo que le confiere la potestad de quejarse de unos servicios en cuya mejora no toma ningún papel. Es la relación entre un restaurante y los comensales.

El concepto transparencia tiene más lustre en otros modelos posibles de administración. Crece en compañía de la participación, de la innovación, de la intensidad. Encuentra su mayor expresión en un modelo de Open Government, donde la administración es cosa de todos: del funcionariado, de la ciudadanía, de los proveedores públicos.

Por eso encuentro antipática la tan mentada “rendición de cuentas”. Al fin y al cabo, consiste en esperar a que un gestor público la cague (y casi siempre la cagarán en alguna medida, porque es más fácil fallar que acertar), para exigirle después una auditoría donde se demuestre que ha habido una gestión ineficaz o corrupta.

Tal como nos enseña la wikipedia, la transparencia radical requiere que todos los procesos de decisión sean públicos desde el principio, lo que permite hacer correcciones a tiempo. Si además el proceso se dota de mecanismos que lo hagan más democrático, la responsabilidad se comparte y las decisiones se legitiman.

Por lo tanto, lo importante no es fiscalizar los fallos al final de un proyecto, sino abrirlo a la participación de todas las partes interesadas, construirlo de forma conjunta y, sobre todo, aprender antes, durante y después.

Me sigo emocionando cuando encuentro instituciones con la voluntad de tratar al ciudadano como un colaborador con el que se hacen las cosas conjuntamente. Ni administrados pasivos, ni clientes mimados: ciudadanía cívica.