Entre la Administración y la política
No es que quiera comenzar barriendo para casa. Lo de la mayúscula es cosa de la RAE, para distinguir la Administración, como organización, de la «acción y efecto de administrar«. Por cierto, si nos fijamos en cómo define la RAE a la Administración pública, Administración y política no son dos mundos muy lejanos entre sí: «Organización ordenada a la gestión de los servicios y a la ejecución de las leyes en una esfera política determinada, con independencia del poder legislativo y el poder judicial«.
La RAE tampoco nos facilita la delimitación entre la Administración y la política cuando define así a las personas políticas: «(Política) Dicho de una persona: Que interviene en las cosas del gobierno y negocios del Estado«. ¿Qué funcionario público no lo hace?.
Definitivamente, habrá que orientar la investigación por otros derroteros, pero me he permitido esta divagación porque me parece que estas definiciones nos vienen bien para ilustrar la proximidad que hay entre los ámbitos de la Administración y de la política.
Tal y como anunciábamos ayer, continuamos con este post la reflexión sobre la función directiva pública. Es una idea compartida que la dirección pública encuentra su espacio en esa difusa frontera que existe entre la Administración y la política. Pero, ¿cómo podemos delimitar ese espacio?.
Analizando la naturaleza de las funciones propias de cada ámbito, no parece que podamos sacar mucho en claro. Si nos fijamos en las esferas de Moore, podríamos relacionar el ámbito político con la gestión estratégica y con lo que el propio Moore denomina gestión del entorno político, pero ¿qué directivo profesional no debería reflexionar estratégicamente o gestionar las relaciones de interés para su ámbito de actuación?.
Lo mismo nos pasa si atendemos a la definición del Borrador del Real Decreto del Estatuto del Directivo Público Profesional, cuando habla de comprometer externamente a la organización, tener responsabilidad por los resultados, disponer de información sensible, dirigir equipos de personas o gestionar presupuestos. Como bien señalaba Morgana en uno de sus comentarios:
«¿Quién no compromete externamente a la organización»? Todos estamos en ese barco, desde la secretaria hasta el ministro. Lo de especial grado de responsabilidad por los resultados finales, tiene tela como frase. ¿Qué significa especial grado de responsabilidad»?. ¿Qué significa responsabilidad?. Información sensible… ¿no la maneja a veces una secretaria?. ¿Estratégica?. ¿No la manejamos y debemos manejar todos?. ¿Dirigiendo equipos de personas?. ¿Un jefe de negociado, grupo C con tres auxiliares a su cargo?. La definición es tan vaga, que permite que casi cualquiera se adscriba a esta definición o que salga fuera de ella«.
Creo que tiene razón Morgana. Y más aun si la Administración evolucionara, como preconizamos en este blog, hacia un esquema de funcionamiento más participativo y más relacional, descentralizando el poder e involucrando a más personas en la toma de decisiones. En estas «administraciones en red» todos los puestos tendrían una mayor componente política.
Definitivamente, no parece posible categorizar de forma unívoca un puesto como político o administrativo-funcionarial atendiendo exclusivamente a la naturaleza de sus funciones.
¿Hacia donde tenemos que mirar pues para delimitar la frontera entre lo administrativo y lo político? Creo que ya habéis adelantado la respuesta en vuestros comentarios. Lo dijo Morgana: «hay una palabra interesante: responsabilidad«. Y también lo dijo nana: «sería necesario hablar de la responsabilidad«. Para mi ahí está la clave, en la responsabilidad. Mejor aun, en el tipo de responsabilidad que se asume y ante quién hay que responder.
Me da la impresión de que este enfoque nos resulta más útil para nuestro propósito. Veo claro que hay una responsabilidad política que se asume en último término ante la ciudadanía y se descarga periódicamente mediante las elecciones. Y, además, en los sistemas democráticos representativos, los responsables de los órganos ejecutivos responden de su actuación ante las asambleas parlamentarias, como representantes de la soberanía popular. Así lo dispone, por ejemplo, el artículo 108 de la Constitución española: «El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados«.
Creo que caben pocas dudas sobre este tipo de responsabilidad. Y tampoco me parece aventurado afirmar que debe ser asumida por las personas políticas. Si me permitís otra divagación, prefiero llamarles profesionales de la política, porque la profesionalidad también es exigible a las personas que se dedican a la política. Nada más hilarante que escuchar a determinadas personas que llevan toda la vida en la política haciendo gala de no ser políticos profesionales. Que no pasa nada, que la política puede y debe ser una actividad muy digna. No hay que avergonzarse de ser un profesional de la política. Al contrario, lo inadmisible es ejercerla con falta de profesionalidad. Pero no me quiero desviar ;-).
Y, por otra parte, estaría la responsabilidad que cabría exigir a los directivos públicos por los resultados de su gestión. Esta responsabilidad sería de carácter exclusivamente profesional. Diría más: desde mi punto de vista, no conviene mezclar la responsabilidad política del Gobierno con la responsabilidad profesional de los directivos públicos. Una vez fijadas las políticas públicas por quienes tienen legitimidad democrática para ello, con la colaboración de los estamentos profesionales administrativos y, en su caso, con la deseable participación ciudadana,
sería responsabilidad de los directivos y de los profesionales públicos gestionar eficientemente los recursos disponibles para alcanzar los objetivos establecidos. Para ello, la actuación de los directivos públicos se debería someter a evaluación del rendimiento y al control de los órganos superiores. Sin perjuicio de este control, los directivos públicos deberían desarrollar su cometido con independencia del ámbito político. En este sentido, coincido plenamente con Oscar Cortes cuando afirma: «Es fundamental establecer mecanismos que garanticen la independencia y objetividad del directivo para que (su actuación) no esté sujeta a los avatares políticos«.
Como conclusión, pienso que la política tiene su ámbito de responsabilidad y la Administración el suyo. Y que es precisamente el tipo de responsabilidad el que delimita los dos ámbitos. Pienso también que es bueno fijar los límites y las reglas del juego de cada cual. Y que cada ámbito debe poder actuar con independencia, dentro del marco de relación establecido. La política tiene la legitimidad democrática para decidir sobre las políticas públicas y controlar la actuación administrativa, pero la intromisión de los intereses políticos partidistas y/o cortoplacistas en la gestión administrativa sólo puede ir en detrimento del adecuado funcionamiento de la Administración y, a la postre, del interés general de la ciudadanía.
Sobre el tamaño de cada ámbito (cuantos galgos y cuantos podencos) hablaremos en el próximo post, si os parece bien. Vaya por delante que no me parece desencaminada la siguiente reflexión de Rafael Chamorro: «Yo establecería una barrera clara e inamovible entre funcionarios y políticos, y profesionalizaría todo lo que pudiera basándose en mérito y capacidad«.
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Realmente me siento sorprendido por el análisis conocimientos, y participación. Yo escribo desde México, y lamentablemente no tenemos nada parecido, y creo que tampoco en algunos países de América Latina. En forma general, observo un gran avance en los temas de gestión pública. Por esto, les felicito y a Iñaki en particular. Bueno, en cuanto al asunto en cuestión, me parece que la naturaleza de las funciones de la política y la administración si conduce a su delimitación. Porque el objetivo esencial de la política es la obtención y conservación del poder. Y como apuntó Iñaki, en su escrito Entre la politización y el corporativismo, «Lo cierto..los puestos directivos de las administraciones públicas han sido y son ocupadas mayoritariamente por personas de confianza política». Si los administradores se supeditan al poder político, entonces, como afirma Oscar Cortes «Es fundamental establecer mecanismos que garanticen la independencia y objetividad del directivo para que (su actuación) no esté sujeta a los avatares políticos». Es en mi opinión un tema fundamental de estudio y reflexión, no solamente para la administración, para la fiscalización es crucial, sin embargo, todavía no detecto que sea un tema de agenda para la discusión, quizá mi percepción esté equivocada, pero espero que el tiempo me podrá ubicar. En otro orden, no quisiera dejar de lado, una afirmación que me ha llamado la atención, en el blog de Oscar Cortes, en sus datos personales, dice «cree firmemente en lo público como actor clave para el progreso..»…¿lo público como actor? o no entiendo, o es una terrible confusión. Saludos
Efectivamente la responsabilidad es uno de los elementos que distinguen un puesto político de un puesto de directivo público. La política tiene toda su legitimidad en cuanto que Administración y sociedad no son dos entes aislados, sino que la primera representa un instrumento para atender a las necesidades de la segunda. Los políticos (al menos así debería ser) son los representantes de los ciudadanos para ponerse al frente de la Administraición, hacerse eco de los problemas de la sociedad, poner de acuerdo a distintos grupos de interés y plasmarlos en políticas públicas. Por tanto, tienen toda legitimidad en su trabajo. Ahora bien, los políticos están para esto, que no es poco …. Otra cosa bien distinta es traducir las directrices políticas, digerirlas, y poner en marcha la maquinaria que trabajar para obtener dichos resultados. Ese interfaz y esa gestión de la maquinaria le debería corresponder a profesionales que sean capaces de hacerlo por sus competencias y no por su adscripción política. Esos deberían ser directivos públicos, que en su sueldo de dirigir va implícito el saber entender a los políticos y saber entender a los funcionarios; entre sus competencias directivas deben estar incluidas estas dos, además de otras muchas. Por ello directivos del ámbito privado que pasan al sector público suelen tener problemas, porque no están acostumbrados a este entorno tan particular…. Eso hay que tenerlo en cuenta
Si algo me está quedando claro en este debate es que la mejor virtud de estos posts es la de provocar vuestros comentarios. Con vuestras aportaciones contrasto mis ideas iniciales: hay cosas que me parecen evidentes y leyendo los comentarios me doy cuenta de que no son tan claras y, de otro lado, me hacéis ver que hay otros aspectos importantes del debate en los que ni siquiera había reparado. Pero, bueno, no se de qué me sorprendo. Esa es la gracia de la conversación, ¿no?
@Morgana: Me alegro de que compartas la idea de los dos tipos diferentes de responsabilidad: la política y la «gerencial». A mí me parece básica para empezar a ordenar las ideas. Y el ejemplo del Ayuntamiento de Madrid viene al pelo.
Y el apunte sobre la Unión Europea no podía ser más oportuno. Ya había anunciado que en el siguiente post iba a tratar sobre el tamaño de esa «capa política» que, según nos cuentas, en la Comisión Europea es finísima. Por ahí va también mi opinión, que se podría resumir con este lema: «En la Administración: políticos, los justos«.
La reflexión de Polanco también me parece bien traída. La realidad es que el margen de maniobra de los partidos es relativamente pequeño. Al menos, entre las políticas que están dispuestos a llevar a cabo los partidos que pueden ganar las elecciones. Por eso buscan diferenciarse en «temas fetiche», como la educación para la ciudadanía o en la pugna para ver quién encarna mejor los valores de la patria. Pero la realidad es que el buen funcionamiento de los servicios públicos depende más del buen hacer de los gestores que de la ideología del partido gobernante. Con eso no pretendo la despolitización de lo público. Está claro que hay los que abogan más por lo público y los que abogan menos, pero en la práctica la mejor defensa de los servicios públicos es poner los medios para su buen funcionamiento. Y eso suele ser bastante independiente del carné de las personas que los dirigen. Pero ya seguiremos hablando más despacio de todo esto.
Cuídate que nos quedan, como mínimo, dos semanas de debate maratoniano ;-).
@Mak: Creo que estamos de acuerdo en que las líneas estratégicas de la Administración se deben fijar en la esfera política, desde la legitimidad democrática. Y también en que los puestos de la Administración se deben cubrir según los principios de mérito y capacidad, incluidos los de los directivos públicos. No digo que la política no deba interferir en la Administración. Al contrario, las políticas públicas se deciden de acuerdo con la correlación de fuerzas resultante de las elecciones. Y me parece bien que así sea (los más viejos hemos conocido sistemas peores), aunque tampoco estaría mal crear mecanismos de participación directa que permitieran a la ciudadanía tener un papel más activo que votar cada cierto tiempo. O sea, que la política influya en la Administración, por supuesto. Otro tema es que los partidos gobernantes tomen la Administración como un botín ocupando con personas de «su cuerda» una amplia capa directiva. Eso no beneficia ni al funcionamiento de la Administración ni tampoco a los intereses de la ciudadanía. En esas prácticas prevalece claramente un puro interés partidista. Lo malo tampoco es que tengan carné, sino que aveces ese sea su único mérito. Pero ya hablaremos también de los requisitos para la cobertura de los puestos directivos de la Administración.
Solo un apunte. En los organismos de la Unión Europea (parlamento, comisión, consejo), la capa política es finisima. En la Comisión (la más grande de las tres instituciones) sólo los comisarios son cargos políticos. Los directores generales son funcionarios, y carentes de cualquier tinte político. Son sin embargo ellos los que diseñan las estrategias en las materias correspondientes (agricultura, competencia, sociedad de la información o relaciones exteriores). Su caracter funcionarial hace que sean elegidos por méritos profesionales (quiere decirse que no basta con ser cuñado del amigo de un comisario), y dan continuidad a la institución, sin sobresaltos ni cambios bruscos cada 4 años (o menos). También es destacable que no está bien visto, que no sucede, que un director general sea de la misma nacionalidad que su comisario, para evitar que imperen los motivos nacionalistas en la selección de los directores generales (y también de los directores que son los que cuelgan de éstos), ya que en las instituciones europeas lo que prima no son los colores políticos en la creación de alianzas, presiones, grupos, etc. sino el color de la bandera de cada pais.
Y ya veis funciona: una capa política finisima, la de los comisarios, y por debajo funcionarios que no son cesados al cambiar los primeros, que dan continuidad a la institución, que no son elegidos por motivos políticos ni nacionalistas, y que realizan funciones que van mucho más allá que la mera operativa.
Por cierto, ¿recordais cuando dijo Polanco aquello de que le gustaría que en España hubiera un partido de derechas «no franquista» (o algo asi)? Personalmente me escandalizó cuando añadió que con un partido de derechas «normal» la alternancia política en España sólo significaría, como en el resto de Europa, un cambio de «gestores», sin cambios importantes.
¿En que estamos? ¿Son gestores y son fijadores de estrategias nuestros políticos?
Hola Iñaki.
Más o menos de acuerdo sobre lo de la independencia: «más» en lo que a los cargos se refiere, «menos» en lo de que la política no debe interferir con la administración (es eso lo que te entiendo, si no es lo que dices, perdón ;-]). Claramente los puestos administrativos deberían conseguirse por méritos (no me gustan esos puestos de «libre desginación», por ejemplo), pero al mismo tiempo, las directrices generales de la administración, es decir, los intereses ciudadanos que la administración debe favorecer, deben, creo yo, ser diseñados por la Política, e incluso por la política, si en ésta los partidos tuviesen la decencia de ponerse de acuerdo siquiera en lo que realmente están de acuerdo. Pero, como decía en mi primer comentario, ese papel se debería ver quizás más en los momentos de inflexión en que se decide el curso que debe tomar la administración.
Por cierto, he mencionado este debate en un artículo de Leolo, sobre Manuel Marín. Allí me pregunto si un puesto como el de presidente de congreso podría/debería ser más administrativo que político, con la intención de sacarlo del partidismo que nos corroe…(http://leolo.blogspirit.com/archive/2007/11/17/retirada-marin.html). Me parece un ejemplo que se podría ver en el límite de lo que estamos debatiendo aquí.
¡Me has puesto colorada Iñaki! 🙂
La verdad es que me sigue pareciendo buena tu separación entre responsabilidad ante la ciudadanía (político, otra cosa es que luego no actuen según el mandato politico recibido en las urnas y comprometido en su programa) y responsabilidad ante la organización que les paga. No se expresarlo mejor.
Lo que tenía que hacer la ciudadania era pedir esas responsabilidades de verdad. Y para eso si están las herramientas informáticas. Todo llegara, espero.
El escándalo de la concesión de licencias en el Ayuntamiento de Madrid me parece muy descriptivo. Gallardón (y los tribunales) deberá exigir a los corruptos responsabilidades (expediente y expulsión de la administración cuando los hechos sean probados). Pero los ciudadanos de Madrid a quien tienen que pedir responsabilidades es a a Gallardón que ha mantenido una organización en la que esas acciones son posibles. ¡A él le han votado para que eso no ocurra!
Por cierto… Con lo fácil que es poner un sistema de seguimiento on-line de los expedientes de concesiones de licencia, donde se especifiquen plazos, fases,estado, y donde se pueda ver a quien se ha concedido que en que plazos….¿no?
(sigo con gripe no estoy para grandes discursos)
@Mak: Te contesto ahora más tranquilo. Sí, yo también suelo hablar de política con mayúsculas y con minúsculas. Simplificando, la primera apela a los intereses generales de la ciudadanía y la segunda, mayormente, a los de los partidos.
La Administración está (o debería estar) intrínsecamente unida a la primera y ser independiente de la segunda. ¿No te parece?. Por ejemplo, uno de los motivos sería el que citas del ciclo político. Es un despropósito que cada proceso electoral suponga un cataclismo en la Administración, antes y después del día de las elecciones.
Hay un ámbito administrativo que tiene que depender del político, pero que, al mismo tiempo, necesita un margen de maniobra para funcionar. Porque, reconozcámoslo, hay muchos servicios cuyo funcionamiento depende poco de cuestiones ideológicas. Como decían en algún comentario, el gerente de un hospital tiene poca componente política. Que los servicios sanitarios o educativos funcionen adecuadamente depende poco de la ideología del partido en el poder, por más que quieran diferenciarse con las asignaturas de religión o de educación para la ciudadanía.
En fin, que hay un amplio margen de maniobra para la gestión «profesional» independiente de la política. Porque, además, cuando hablan de política, las más de las veces se refieren a intereses partidistas. Y, como bien decías, la Administración tiene mucho que ver con la Política con mayúsculas, pero cuanto más independiente sea de la política con minúsculas, mejor.
@Mak: Veo tu comentario ahora que he publicado el mío. No puedo entrar ahora a contestar en detalle, porqueya se me está haciendo tarde y me tengo que ir «a la carrera». Pero te adelanto que me alegra mucho verte en este debate, porque creo que el tema que estamos tratando no debe ser cuestión exclusiva de los de dentro, sino que los de fuera también tenéis mucho que decir y seguro que aportáis otro punto de vista que puede enriquecer el debate. Seguiremos conversando.
El mensaje que pretendía transmitir en este post en realidad era sencillo (o a mí, al menos, me lo parece): en este debate se dirimen dos tipos diferentes de responsabilidades.
Los políticos que deciden sobre las políticas públicas asumen una responsabilidad política ante la ciudadanía que los ha elegido para que lleven a cabo los programas electorales que, en teoría, serían el contrato que han suscrito con los electores.
Los directivos públicos asumen una responsabilidad profesional / gerencial para conseguir unos resultados mediante la gestión de los servicios a su cargo, igual que los directivos de cualquier organización, sea pública o privada.
Y creo que diferenciar estos dos niveles de responsabilidad nos da una pauta interesante para continuar este debate.
A la vista de estos primeros comentarios, tengo la impresión de que, o bien estoy desenfocado, o bien no he conseguido transmitir adecuadamente el mensaje. Lo intentaré a través de la respuesta a vuestros comentarios:
@Miguel: Si mi post te ha dado qué pensar hemos conseguido lo más importante. Creo que no es bueno mezclar la responsabilidad política con la «gerencial». Los directivos públicos deben responder por los resultados de su gestión ante el estamento político que ha firmado con ellos un contrato para que consigan unos objetivos, mientras que los políticos deben responder ante la ciudadanía que los ha elegido para que desarrollen determinadas políticas. Mezclar estos dos niveles de responsabilidad es la madre de buena parte de los vicios que tenemos en nuestras administraciones. Tú mismo lo explicas bastante bien en el segundo párrafo de tu comentario.
@Rutilio: Tenemos que conseguir que ese filo se convierta en un espacio estable y bien definido, donde los mecanismos de acceso y de «caída» sean lo más objetivos posible.
@Fernando: Creo que, precisamente, los argumentos que expones en el primer párrafo de tu comentario demuestran que no podemos diferenciar el espacio político del «gerencial» en base a sus funciones, porque parte de ellas son comunes para ambos espacios. Sin embargo, las responsabilidades son diferentes y se pueden delimitar claramente. Tal vez, he explicado algo mejor esta idea al principio de este comentario y en la respuesta a Miguel. Ahora no me puedo extender más, pero seguiremos hablando.
@Félix: Tienes razón en que el problema no es filosófico, que está cargado de connotaciones coyunturales y, sobre todo, de lo que se trata es de llegar a conclusiones prácticas. En los próximos posts empezaremos a tocar elementos más tangibles, y seguro que también serán controvertidos. Pero eso es lo bueno, suscitar la polémica, para que de la diversidad salga la riqueza de las ideas y de las conclusiones.
@Alorza: Estoy de acuerdo contigo en la necesidad de ir hacia formas más distribuidas de poder y de responsabilidad, pero la figura de los directivos públicos está regulada en el Estatuto Básico de la Función Pública y próximamente cada Administración tendrá que regular la aplicación de esta figura a su concreta realidad organizativa. Me gustaría que este debate fuera útil y aportara ideas interesantes ante la próxima definición concreta de esta figura. De aquí a pocos años, no creo que las administraciones vayan a conocer una gran revolución interna, ni vayan a adoptar formas de gestión de tipo federal, pero si se puede avanzar en la profesionalización de la función directiva aprovechando que los diferentes niveles administrativos están en la tesitura de regular esta figura a corto plazo. Cuanto mejor se regulen los directivos públicos, más fácil será avanzar en la transformación de todos los aspectos de la gestión pública. Mi objetivo es un debate para aquí y para ahora. Aunque seguramente el que tú propones es más atractivo. Tampoco son excluyentes.
Hola pareja. Por fin un post en el que nadie parece estar seguro y por tanto puedo meter baza, porque para variar, tampoco yo lo estoy 😉 Os cuento cómo lo veo yo desde fuera.
Creo que Política y Administración Pública -todo con mayúsculas- tienen que ir unidas. No veo cómo se podrían administrar las cosas sin unos principios políticos que rigiesen en cada momento crítico el camino a seguir, y desde luego la Administración Pública, en otro orden de cosas, está, al menos en alguna de sus facetas, para facilitar la realización personal, dentro de lo cual están algunos derechos políticos. Además, al concretar los principios políticos a cosas, acciones, programas, etc., mi opinión es que el papel lo debe tomar la Administración Pública (no la sociedad civil o las empresas solas, aunque eso es modelo de otros lugares).
¿Qué ocurre cuando se quitan las mayúsculas? Pues lo que ya habeis dicho los demás: políticas electoralistas, administraciones segmentadas, separadas, cerradas unas a otras, y, para mí, un auténtico caos de cara al ciudadano (el cliente, si quereis ya que se ha metido el lenguaje empresarial), en el que al final, y pagando como siempre justos por pecadores acabamos odiando por igual al político y al funcionario.
¿Se puede solucionar? Pues si no estais seguros vosotros, los expertos y currelas de ambos temas, yo menos. Para evitar el cortoplacismo y las dependencias de los intereses partidistas, primero se necesitaría que los partidos se pusiesen de acuerdo para permitir a la Administración funcionar en ciclos que supusiesen algo más de una sola legislatura (el plazo de 50 años que propone un comentarista antes me parece excesivo, dada la velocidad a la que cambian nuestras sociedades, hasta los plazos de la UE para temas «ecológicos» me parecen de risa), pero además algún cambio tendría que haber también en las administraciones para poder funcionar con esos nuevos ritmos, los eadmin-boys seguro que sabeis más de eso que yo. Y sobre lo de las administraciones estancas (cada vez habrá que compartir más y de forma más responsable y segura la información de los ciudadanos), también.
Por otro lado, y por cerrar una parte del bucle, no hay que olvidar que buena parte de la Administración afecta no a ciudadanos, individuos, sino a empresas. No creo que se pueda hacer camino sin ellas, porque al menos por los rumores que circulan por mi barrio, están detrás de muchas «políticas públicas», cuando no abiertamente enfrente.
Saludos.
Reconozco que en mi último párrafo puede paracer que abogo por un sistema «dirigido y diseñado» desde arriba. Me dí cuenta al poco de escribirlo. Pero no es así.
Me gusta mucho más el modelo propuesto por Alorza, acercar las decisiones al terreno en el que están las personas que lidian a diario con los problemas. No es facil. Y desde luego no es el modelo más aceptado hoy en las administraciones. Hay mucho que andar hasta llegar hasta él.
Yo tampoco tengo nada claro cómo debería ser. Ni siquiera tengo claro de hasta dónde llega la política, ni si habría que dejar la política en manos de profesionales. Mucho menos claro tengo que sea positivo contar con un ápice estratégico que tome las grandes decisiones a más de mil kilómetros de la realidad.
Por otra parte, no tengo un gran ejemplo que contraponer. Tal vez el mejor sea el de la ciudad holandesa de Nuenen, una ciudad del siglo XXI en manos de sus ciudadanos.
Mi corazón y mi cabeza están con esa idea de Handy que tanto emplea Julen: el federalismo en la gestión.
Cuando subsidiarizas al máximo y dejas abierta la estrategia para que puedan dibujarla quienes conocen las microcondiciones locales, cuando introduces un enfoque experimental y provocas un mercado de aprendizaje entre iguales, la función política y directiva cambia radicalmente. Pasan de ser ápices a ser brokers. Los políticos, brokers de la voluntad ciudadana, y los directivos, brokers de esa voluntad ciudadana y de la voluntad de las propias personas de su organización.
Yo tampoco veo tan clara la distinción entre Administración y política. De hecho, estos debates que estamos teniendo ahora donde mejor se encuadran es en el debate político.
Para mi el principal problema no es filosófico sino coyuntural. Lo que percibo de la clase política actual (no me refiero solo al partido gobernante, sino a la mayoría de los politicos, sean del signo que sean, al nivel estatal, autonómico y local) es una planificación y actuación excesivamente electoralista, una visión de los problemas y soluciones de la sociedad exclusivamente desde la óptica de partido, con enfoques miopes y cortoplacistas.
La tentación de «blindar» el funcionamiento de la Administración frente a los avatares políticos viene derivada pues de una mala experiencia en tiempos recientes por una ineficacia administrativa derivada de una excesiva y desafortunada intervención de los intereses políticos en las Administraciones.
Pero tampoco creo que este excesivo blindaje sea positivo. Mas bien temo que de lograrse tomarán el poder aún más si cabe los poderes fácticos internos de las Administraciones, lo cual dificultaría las necesidades urgentes de renovación que tienen las Administraciones.
En mi Administración Utópica, la clase política se pondría de acuerdo para establecer unos objetivos socioeconómicos de alcance (10 a 50 años), diseñaría las herramientas administrativas y legales para conseguirlos, pondría a gente capaz al frente, y les dejaría hacer su trabajo.
No estoy tan seguro de que haya que descartar la función como elemento discriminante para distinguir entre política y administración. Me refiero, en concreto, al liderazgo estratégico. Como bien decís tanto Morgana como tú, Iñaki, tod@s manejamos información estratégica, cierto, tod@s debemos conocer los objetivos estratégicos de nuestra organización para dirigir nuestra actividad hacia ellos. Pero sólo l@s directiv@s (y l@s polític@s, como directiv@s o ejecutiv@s de la empresa púiblica) tienen como función (no exclusiva, eso sí) CREAR, DEFINIR esa estrategia, la definen, la eligen, de entre las muchas posibles, toman las decisiones respecto a la misión de la organización. Creo que esta es una función esencial de cualquier directiv@ (de una empresa u organización pública o privada). El papel de los administradores de una empresa privada (su consejo de administración, su consejero delegado) o de su gerente es precisamente el análogo del político en la administración o en la empresa pública: la aportación y definición concreta de los objetivos de la organización y el establecimiento del «camino a seguir» para obtenerlos.
Tampoco estoy tan seguro de que la responsabilidad sea un elemento tan diferenciador entre polític@s y administradores o funcionarios. Los niveles de responsabilidad son, como es claro, diferentes, pero cada cual tiene la suya, respecto de sus funciones. Claro está que la responsabilidad cuando, según lo que decía antes, un@ acierta o se equivoca en la estrategia puede ser mucho más grave, o tener más impacto, que cuando te equivocas en la ejecución, en la puesta en práctica de las líneas estratégicas y objetivos operativos. Pero a cada cual lo suyo, para bien y para mal, ¿no?
Gracias, de cualquier modo, Iñaki, por insistir en el tema: nos obligas a reflexionar, y en estos tiempos de prisas se agradece el empujón reflexivo.
Estupendo Iñaki! Solo un detalle ¿no crees que el que se mueve en el filo corre riesgo de caerse?
Terreno resbaladizo. Tu entrada da qué pensar. No estoy yo tan seguro de que esa diferenciación sea la fundamental. ¿La responsabilidad sobre algo excluye la responsabilidad sobre lo demás, aunque esté íntimamente vinculado? ¿Una administración ineficiente (o eficiente) no tiene responsabilidad política? No lo veo claro.
Yo abogaría por una diferenciación que no liberase a unos o a otros de la responsabilidad en «lo del otro». Quizá un político deba establecer prioridades generales, áreas de actuación y desarrollo en función de la ideología que representa y de las posibilidades que el marco de su gobierno le permite, mientras que el directivo deba establecer los objetivos (concretos, medibles) que se alineen con esas prioridades y áreas, con independencia de su ideología y con la máxima eficacia y eficiencia ¿No es ese el juego?