Entre la politización y el corporativismo
Tal y como anunciábamos el viernes pasado, vamos a continuar hoy el análisis de la «capa» directiva de las Administraciones públicas, reflexionando sobre los grupos que se la disputan. O sea, que hoy toca poner el foco en el manido debate de si son galgos o podencos. Lo siento, era inevitable.
Nos viene al pelo la siguiente afirmación de Francisco Longo, Director del Instituto de Dirección y Gestión Pública de ESADE: “El espacio de la dirección pública es disputado, con resultados variables, que difieren en las distintas instituciones, por los dos actores tradicionales de los sistemas públicos: las clases políticas, y la función pública tradicional«. Sin embargo, en su opinión: “ninguno de ellos puede responder a los desafíos de la dirección pública”.
Es la tesis que mantenemos a lo largo de todo este debate, que hay un espacio entre la Administración y la política que tiene identidad propia y que debería contar con unas reglas del juego específicas. En ese mismo sentido apunta también la tímida regulación de esta figura contemplada en el Estatuto Básico del Empleado Público. ¿Una nueva casta?.
Tal vez acierta Pablo Aretxabala en este comentario de apariencia tan sencilla: «para mi el principio es que un directivo público, ante todo, debe ser un directivo«. Nada más y nada menos.
Lo cierto es que, hasta la fecha, los puestos directivos de las administraciones públicas han sido y son ocupados mayoritariamente por personas de confianza política. Así como los puestos funcionariales están definidos y cuentan con unos requisitos establecidos en las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPTs), los puestos directivos destinados a personal de libre designación no tienen una definición equivalente y, por tanto, su cobertura queda al albur del libre albedrío de los responsables políticos de turno. No hace falta decir que esta práctica, bautizada como spoil system, es una puerta abierta a posibles abusos por parte de políticos poco responsables. Y, desgraciadamente, los ejemplos de mal uso de esta práctica no son escasos.
Queda fuera de toda duda que este sistema no garantiza la cobertura de los puestos directivos por las personas idóneas para su desempeño, ni garantiza de ninguna forma los principios de mérito y capacidad que deben regir, con carácter general, los procesos de selección de personal en las administraciones públicas. Tampoco puede interpretarse que la designación de directivos en base al criterio de la confianza política venga inspirada por una búsqueda del interés de la ciudadanía, sino que más bien prevalece aquí el beneficio directo de los partidos políticos. En este punto hay que reconocer la función que realizan los partidos para el funcionamiento del sistema político, pero no me parece que esta forma de compensación sea la más conveniente para el buen funcionamiento de las administraciones públicas.
Por otra parte, la LOFAGE, como ha explicado ampliamente Rafael Chamorro, supuso un intento de «profesionalizar» los puestos directivos, haciendo reserva expresa de los puestos de subsecretarios, secretarios generales técnicos, directores generales y subdirectores a funcionarios pertenecientes a cuerpos para los que se exija titulación superior. La LOFAGE, en su exposición de motivos, explica que los altos cargos deben ser funcionarios «como garantía de objetividad en el servicio a los intereses generales«. Es cierto que los funcionarios, al menos, acreditan haber superado una oposición y, normalmente, para cuando acceden a puestos de responsabilidad directiva ya suelen contar con una dilatada experiencia en la Administración. Sin embargo, estos méritos ni me parecen suficientes para garantizar la objetividad que proclama la LOFAGE, ni tampoco acreditan la idoneidad para el desempeño de los puestos directivos. Por cierto, la aplicación práctica de la LOFAGE tampoco parece que se ha ajustado estrictamente a la letra de la Ley.
Mi opinión, que en este caso coincide con la de Longo y otros expertos, es que se debe institucionalizar la función directiva pública, estableciendo unos requisitos específicos para los puestos directivos y un sistema de selección que garantice los principios de mérito y capacidad. Tal y como anticipamos en el primer post de esta serie, en las próximas entregas trataremos de identificar las características de estos puestos y los aspectos básicos de sus reglas del juego.
En cuanto a la cúpula política que dirige las administraciones públicas, creo que habría que reducirla al mínimo necesario para garantizar la puesta en marcha de las políticas que cuenten con el respaldo de la ciudadanía. Así nos cuenta Morgana que sucede en la Comisión Europea:
«En los organismos de la Unión Europea, la capa política es finísima. En la Comisión sólo los comisarios son cargos políticos. Los directores generales son funcionarios, y carentes de cualquier tinte político. Son sin embargo ellos los que diseñan las estrategias en las materias correspondientes . Su carácter funcionarial hace que sean elegidos por méritos profesionales, y dan continuidad a la institución, sin sobresaltos ni cambios bruscos cada 4 años«.
Por ejemplo, en el caso de la AGE, me parece suficiente que la capa política esté constituida exclusivamente por los ministros y los secretarios de estado. El único motivo que veo razonable para considerar la cuestión de la confianza, que puede ser política o personal, es la de crear equipos bien cohesionados. Pero creo que hay fórmulas para conseguirlo sin necesidad de acudir a soluciones tan extremas como la «barra libre«. Hablaremos de ello cuando tratemos de la selección de los directivos públicos. A lo dicho: «En la Administración: políticos, los justos«.
Volviendo a la idea de Francisco Longo que citábamos al principio, ni la confianza política ni la pertenencia a un cuerpo funcionarial garantizan la idoneidad para el desempeño de un puesto directivo. Es necesario profesionalizar la función directiva, pero en el buen sentido, es decir, para garantizar que las personas que ejercen la función directiva sean idóneas para ello y desempeñen su función en el marco más propicio para lograr los mejores resultados. El espacio directivo público no debe ser coto privado de nadie, ni de políticos ni de funcionarios, sino de las personas que acrediten el mérito y la capacidad para ocuparlo. Y el interés que debe prevalecer no es otro que el de la ciudadanía.
Deja una respuesta
Licencia abierta
Administraciones en red by @alorza & @balapiaka is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 3.0 Unported License
Últimos comentarios
Alorza.net Work in Progress, S.L.
Administraciones en red 
Lo que plantea es algo que se sucede en varios ámbitos. Uno de los más politizados son lo órganos del Poder Judicial. La Constitución lo declara como poder independiente, sin embargo, asistimos, en cada legislatura, a un tira y afloja de trueques y politiqueos en los órganos judiciales que sonroja.
Organos que deberían velar por la justicia, imparcialidad y equidad, están embarrados.
Significa esto que como ya estamos así no hay que hacer nada = el conformismo y resignación?
La respuesta es obvia NO y por ello hay que recuperar la independencia de los órganos judiciales.
Lo mismo se puede aplicar a la Administración. Está embarrada pero no por ello hay que conformarse. La politización de la administración ha sido evitada en paises anglosajones avanzados (en beneficio de la profesionalidad).
An la Admon. española se da, además, el caso curioso de que a veces parece que los partitocracia va de acuerdo con determinados «cuerpos», así cuando gobiernan unos los altos cargos son X y cuando gobiernan los otros son Y. Lo que favore las luchas internas por el puestito, las revanchas y la falta de objetividad en los nombramientos.
El derecho de pertenecer a un partido no debe estar reñido con la profesionalidad.
Creo que partidos como Ciudadans o UPyD dan muestras de una democracia saludable y de una ciudadanía que no se resigna a tener 2 partidos egocéntricos y que utilizan las instituciones en su beneficio.
Bueno es que en su programa esté la regeneración política y mejor que hicieran de catalizador para poner un poco de buen Gobierno.
Veo que ha está todo dicho, pero a mí me gustaría aportar mi granito de arena.
Como funcionaria de una Administración Local, me pierdo un poco en la AGE, pero básicamente el problema es el mismo: faltan directivos públicos con una auténtica capacidad de liderazgo; no cabe la menor duda.
Pienso que una de las principales cuestiones a tener en cuenta es el método que se va a utilizar para seleccionar este personal (indpendientemente de que sea funcionario o no) y, sobre todo, tener muy claro qué se espera de un directivo público.
Es verdad que «cada uno cuenta la feria como le va en ella» , como ha dicho Iñaki, y por lo que a mí respecta (y creo que muchos empleados públicos estarán de acuerdo conmigo) siento una tremenda decepción cada vez que algún político nombra director general o asesor general a alguna persona (funcionario o no) al comienzo de una legislatura y, transcurridos los cuatro años preceptivos, la labor que ha venido desempeñando dicho director o asesor es totalmente desconocida para el resto de personas que integran la entidad pública. Algunos directivos ni se sabe cuándo vienen ni cuándo se van.
Aunque existe una base legal que reconoce la libre designación de directivos, no existe ninguna norma (al menos que yo conozca) que «obligue» a un directivo a presentar previamente a su nombramiento un proyecto referido a las funciones que se supone va a desarrollar en el ejercicio de su cargo; y, lo que es más importante, no existen ninguna norma que recomiende la realización de evaluaciones periódicas que demuestren el grado de cumplimiento del proyecto que, en su día, motivó la necesidad de su nombramiento.
Quiero decir con esto que, por lo menos en la Administración que yo conozco, no se exige a los directivos ningún tipo de responsabilidades ni previas a su nombramiento ni posteriores al mismo, con lo cual puede decirse que campan como «Pedro por su casa» en la Administración, conscientes de que de sus actuaciones no va a derivarse ningún tipo de responsabilidad ni se les va a exigir ninguna justificación sobre el desarrollo de su labor de dirección. Esto sucede con independencia de si el director es funcionario o no, puesto que los funcionarios que llegan a ocupar puestos de dirección lo hacen gracias a una afinidad ideológica con el partido gobernante.
La labor de un directivo debe tener unos fines concretos y debe estar sometida a evaluaciones acerca de los objetivos que se han conseguido y que previamente se definieron. Ahora bien, cómo se realiza la valoración del desempeño de un directivo es harina de otro costal.
Creo que hay cierta confusión entre libre designación, nombramiento politico, concursos y nombramientos a dedo.
Bueno. En realidad TDOS, en la AGE al menos, son nombramientos a dedo con estas diferencias:
Los nombramientos políticos no son puestos de lRPT (y van de director general para arriba). Se cubren por acuerdo de Consejo de Ministros,y se cesan de igual manera. No se publica en el BOE la convocatoria de porvisión del puesto. La LOFAGE estipula que ciertos de estos cargos polítcos, como habeis mencionado antes deban ser funcionarios de grupo A.
Tanto llas libres designaciones como las plazas que se cubren por concurso deben publicarse en el BOE antes de ser cubirertas, y cualquiera que cumpla los requisitos (de grupo) puede presentarse y optar a ellas. En principio se debiera «elegir» entre los candidatos presentados al más aptp para cubrir el puesto pero en la práctica se concede el puesto a quien da la gana al jefe, o al hefe del jefe. Pueden ser cesados en cualquier momento,
Los concursos son para las plazas de RPT tambiém, y una vez que se adjudican, en principio, son «en propiedad», es decir no hay cese posible (hay fórmulas pero poco utilizadas como cambio de RPT y desaparición del puesto o a resultas de un expediente sancionados, claro). Aunque las RPTs sulene tener una descripción del perfil y de las funciones de cada puesto, estas se modifican con cada concurso, y lo normal (en un 90%?) de los casos es que el perfil y las condiciones exigidas se ajjusten a la persona a la que de antemano se le va a conceder el puesto.Para proveer estos puestos hay una especie de comisión evaludadora que se reune para decidir a quien se da y a quien no una plaza, con presencia sindical incluida (y practicamente inutil, lo de los sindicatos en la administraciión es bastante de libro, de libro de terror quiero decir), :Pero todo el comitñe evaluador se atiene siemrep (en el 99,8% de los casos) a lo que diga el jefe de la Unidad correspondiente.
En definitiva en los tres casos los puestos se dan ·»a dedo» de una forma u otra.
Casos conocemos todos de gente que ha recurrido el resultado de un concurso y lo ha ganado …. al cabo de montón de años. Suelen ser casos flagrantes (porque al que se le da la plaza tiene tan escasa experiencia que aunponiendo su foto en el perfil del puesro siempre hay alguien que le mejora).
Existe la creencia (falsa) de que las libres designaciones pueden darse a quien al polñitico de turno le de la gana. Pues no. Prevalece el principio de mérito y cpacidad. Aunque es díficl de llevarlo a los tribunales y ganarlo conozco sin embargo un caso en que alguien recurrió un nombramiento de libre designación y lo ganó en los tribunales (concretamente en el Hispital de Navarra, el público, claro).
Sólo los puestos políticos pueden darse a quien se quieran (con las salvedades de la LOFAGE, que también son saltadas cuando interesa colocar a un amigo del ministro o a un chico del partido…).
Hay algunos níveles 30 (nivel de subdirector general) que son de concurso (osea no cesables), por ejemplo algún inspector general de servicios. Suelen provenir de reclasificaciones de la RPTs llevadas a cabo para favorecer al que ocupa la plaza y blindarle ante posibles cambios políticos…
En la Agencia Tributaria casi todos los niveles 28 (e incluso 26) son de libre designación (en la AGE los TICS entramos de 26, siendo el nivel 28 un pusto como «más normal»)
En casi todos los ministerios hay niveles bajos (de grupos C y D, niveles 14) de libre designación (secretarias de altos cargos, por ejemplo),.
Falta,, por ultimo los puestos de llos gabinetes de los ministros, que no tienen que ser de funcionaios, ni se les exige titulación alguna (quenuq ocupan puestos de RPT) que cesan automáticamente cuando cesa el ministro (los hay de nivel 30, pero tambiñen de bivel 26) Aqui funciona el dedo, pero el dedo «es legal)».
Bueno… Espero que aclare algo. Si ya lo ssbías perdonad el rollo
Mira Iñaki: por supuesto que las oposiciones no acreditan que valgas para ser un directivo. En realidad acreditanmuy poco, pero permiten un acceso en igualdad de condiciones a todos. Aunque de eso y de los matices a esta afirmación ya hablaremos cuando abras el debate sobre las oposiciones, que espero ansiosa 🙂
Tampoco creo que alguien que se haya pagado los 8 kilos que te puede llegar a costar un master del IESE esté preparado para serlo: como bien dice Alorza la capadidad de liderazgo, el carisma, innovador, capacidad de dinamizar equipos, etc… no son cosas que se aprendan en una escuela, ni en el IESE ni en el INAP (donde también se dan cuersos de formación de directivos, directivos públicos,claro que sin el marketing y el precio del IESE o del IE, y sobre todo sin su capacidad de influencia, lograda a base colocar a sus alumnos en sitios estrétegigoc para que luego estos les deban un favor y coloquen a los siguientes, etc, etc. Son lobbys).
Tengo un amigo del Insitituto de Empresa que se rie de su título y habla de él con bastante desprecio (es una excepción, claro). Es ingeniero industrial de la rama de organización y dice que no le enseñaron nada nuevo (un par de chorradas todo lo más que se aprenden en una tarde, suele añadir).. Pero Trabajaba en una consultora de esas grandes en MAdrid, le ascendieron a gerente y le obligaron a hacer el master (que se lo pagaron):Como el decía, no podían admitir que se dijera que alguien sin un «mba» podía ser muy bueno en un puesto alto de la organización, porque de esa forma desacreditaba sus masteres. Muchas empresas dirigidas por «masteres» de estos obligan a sus «directivos» a hacerlos, no porque les vean carentes de los conocimientos que vayan a adquirir en estas escuelas, sino por lo que decía mi amigo, para no poner a estas escuelas en evidencia.
Las escuelas de negocios tienen la misma capacidad de crear directivos que el INAP (por poner un caso). Ninguna.
La capacidad de liderazgo, la capacidad de activar un grupo, el carismo no se enseña, se nace con él, o se aprende con la experiencia. A ser un buen directivo se aprende dirigiendo!. Y escalando puestos poquito a poquito, demostrando en cada uno de ellos que lo haces bien.
Los directivos de confianza política… esos… esos están ahora viendo como se buscan la vida pasado marzo. No pueden perder el tiempo aqui…discutiendo con simples mortales
Hay una canción divertida de los años 60 yo la tengo en el mp3 versión de Moncho Alpuente para hacer alguna broma de vez en cuando..
«Me quieren quitar el cargo yo no me largo
Que este chollo no lo suelto me lo he ganao
Tantos años asintiendo y hasta aplaudiendo
y ahora vienen a decirme que me han cesao
Sillón de mis entretelas Mi despachito oficial
Quieren dejarme a dos velas a un director general
Me quieren echar afuera arrojarme al arrabal
Que puñal a la trapera el papelín oficial
Aferrao a mi butaca como una lapa
A mi nadie me despega de este sillón
Que es mi madre, que es mi esposa
será mi losa
ya me he untado en el trasero Sinteticón
A mi me han nombrao a dedo y aquí me quedo
por los siglos de los siglos Amen Jesús
No me mueven de este trono que tengo abono
hasta el día en que la espiche de un patatús»
Bueno pues eso. Curioso que una canción de la época de Franco siga siendo tan vigente….
Espero no haberte estropeado el post con esta chorrada.
Cada uno cuenta la feria como le va en ella ;-). Veo que a los funcionarios, en general, no les gusta nada que vengan «de fuera» a disputarles los puestos directivos, que podrían ser, de alguna manera, el destino natural de su carrera administrativa. Y supongo que los más partidarios de esta «apertura» serán precisamente los de fuera. Bueno, yo soy funcionario y no me parece mal que vengan directivos «de fuera», siempre que conozcan el oficio y tengan algo que aportar. Para mí, la cuestión está en qué requisitos se exigen y cómo se garantiza su cumplimiento en el proceso de selección. ¿Os acordáis de aquel Presidente de Gobierno al que le gustaba decir aquello de que «gato blanco o gato negro, lo que importa es que cace ratones«? Pues eso.
Por otra parte, cada uno partimos de una realidad distinta. En la AGE ya se ha implantado un sistema «corporativo», a través de la LOFAGE, que reserva a los funcionarios buena parte de los puestos directivos. Todo lo que sea «abrir» esos puestos a otros «aspirantes» se puede considerar un retroceso de los derechos de los funcionarios. La realidad que yo conozco es diferente. En la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi los puestos directivos de Consejero, Viceconsejero y Director están reservados a personal de confianza política de libre designación «entre cualquiera», o sea, no hace falta ser funcionario, ni tampoco se exige ningún otro requisito. Para mí establecer unos requisitos y un proceso serio de selección, al menos para los directores, supondría un avance muy importante para la profesionalización y la modernización de la Administración en la que trabajo. Sin embargo, el hecho de que sean o no funcionarios no me parece tan importante, desde este punto de vista.
¿Por qué los directivos y no el resto de los funcionarios? Pasando por alto que el sistema de acceso a la función pública me parece muy mejorable (pero este es otro debate), creo que hay diferencias significativas entre el personal directivo y el resto de los empleados públicos. Y no sólo en el sueldo ;-). Con todos los matices que queráis (que pueden ser muchos), los conocimientos que se acreditan en la oposición pueden ser válidos para el desempeño de los puestos técnicos, donde lo fundamental es la ejecución de determinadas tareas aplicando precisamente esos conocimientos que de alguna forma se han acreditado. Sin embargo, los puestos directivos no tienen como principal función la de ejecutar tareas de contenido técnico, sino que en ellos tienen más peso otro tipo de competencias que podríamos llamar «directivas». Esas competencias, por una parte, no se acreditan en las oposiciones y, por otra, pueden ser aportadas también por personas que han desarrollado su actividad en el sector privado. Por eso, pienso que no tiene sentido que acceda a un puesto directivo, por ejemplo, una persona que acaba de superar la oposición y sí, por ejemplo, alguien que tiene experiencia directiva en el sector privado. Ahora bien, como ya he dicho en el comentario anterior, también un funcionario puede adquirir estas competencias directivas. Y ahí juega un papel importante la formación, para que las Escuelas como las de Longo puedan hacer también su «negociete» con la Administración ;-).
De todos modos, soy consciente de que todos estos temas son muy opinables. Por eso estamos aquí ;-). Y, por cierto, echo en falta las quejas de los directivos de confianza política, los del spoil system. Supongo que no les gustará nada mi propuesta ;-). Pero no ha salido nadie en su defensa. Ni ellos mismos, claro. Será que leen cosas más serias que este blog.
Veo que está el debate al rojo vivo. Pues no seré yo quien lo sofoque.
Yo no tengo las cosas claras. Para empezar, no me atrevo a subscribir la tesis básica: «hay un espacio entre la Administración y la política que tiene identidad propia». ¿Seguro que lo hay? ¿O es una mera sinapsis que conviene mantener limpia? ¿O tal vez es una intersección? ¿O el filo de la navaja de Ockham?
Creo que Morgana tiene razón en mucho de lo que dice. En cambio, la frase de Pablo «un directivo público, ante todo, debe ser un directivo», parece que sigue el simple principio de que «lo que tiene nombre, existe». ¿Quién da el carnet de directivo? ¿Las escuelas de negocio?
Las direcciones se crean porque confundimos la organización con el organigrama. Agrupamos tareas similares en un puesto, puestos similares en una unidad, unidades similares en un dirección. Una vez creada una dirección, ¡habrá que nombrar a un director o directora! Pues igual no. O no siempre.
En cuanto a esa persona a quien vamos a confiarle la dirección, pedimos que cumpla una serie de requisitos: carisma, liderazgo, dinamizador de equipos, con valores fuertes, experto en la materia, flexible, innovador, que entienda a los políticos y a los funcionarios, orientado al logro, con idiomas… Vamos, lo que se conoce como «un mirlo blanco», o también como «un superhéroe». Pero los mirlos blancos ya están trabajando en Google, o en Telefónica, o en otras empresas donde ganan una pasta gansa. ¿De dónde sacamos directivos excelentes para la administración? Y no digáis que la solución pasa por pagarles mucho también aquí, por favor.
Veo saludable el agnosticismo de Iñaki cuando pide que no se cierre el camino de nadie a la Dirección, sino que se pidan requisitos. Ya que los mirlos blancos no existen, mejor poder elegir entre muchos mirlos pardos.
Más urgente que la profesionalización de los directivos es la democratización de la organización. Si introducimos medidas para que los funcionarios sean tratados como adultos responsables, descubriremos que una buena parte de las funciones directivas ya se están asumiendo.
Dicho esto, hay que distinguir entre distintas organizaciones públicas. En las organizaciones sanitarias y educativas, estructuradas como burocracias profesionales, se echa en falta claramente figuras que sepan de gestión y que garanticen unos niveles de calidad de servicio de forma paralela a la calidad técnica que ya garantizan los profesionales. Así, la figura del gerente en un hospital o una universidad suele ser beneficiosa. Pero este es otro asunto…
Iñalki:
¿Que esperas que diga Francisco Luengo? Cualquiera que tenga intereses en las escuelas de negocios (que son entes privadosy no conceden títulos con validez legal alguna) están muy interesados en colocar a sus alumnos en los puestos de poder. Ello proporciona prestigio a la escuela y hace que suban en el ranking, proporcionándoles mayores ingresos y capacidad de influencia. No les anima, al hacer este tipo de reflexiones más que interés personal. Estas escuelas son altamente elitistas (no por el nivel de suspensos ni de fracaso, que es practicamente nulo) sino porque no cualquiera puede pagar lo que cuesta uno de sus masteres. Es, como sistema de formación, totalmente antidemocrático.
«para mi el principio es que un directivo público, ante todo, debe ser un directivo». ¿Claro y que es un directivo? El que ocupa un puesto directivo, ni más ni menos, a no ser que nos inclinemos por las tesis de los que interesadamente propugnan por las escuelas de negocios (ESADE, IESE; IE, etc;) como detentadoras de la capacidad de otorgar este marchamo de directivo. Cualquier presidente de cualquier empresa (con excepciones, que tampoco han empezado de presidentes de personas como los hijos de Botín) se convierten en directivos escalando puestos directivos durante su trayectoria profesional, y asumiendo cada vez mayor papel directivo.
Los puestos funcionariales NO están definidos y cuentan con unos requisitos establecidos en las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPTs): los concursos redefinen estos requisitos para otorgar el puesto al candidato con el que se desea cubrir el puesto.
los puestos directivos destinados a personal de libre designación quedan, efectivamente, al albur del libre albedrío de los responsables políticos de turno. Y si, es una puerta abierta a posibles abusos por parte de políticos poco responsables. Pero los puestos de libre designación no son políticos (es decir, son puestos contenidos en las RPTs). Los puestos políticos (Directores generales, secretarios de estado, ministros,etc.) no son de libre designación y es el Consejo de Ministros quien firma su nombramiento.
Por otra parte, la LOFAGE, como bien dices, supuso un intento de «profesionalizar» los puestos directivos, haciendo reserva expresa de los puestos de subsecretarios, secretarios generales técnicos y directores generales (los subdirectores no son puestos políticos y se cubren por libre designación como muchas jefaturas de area e incluso secretarias, y son puestos de RPTS) para funcionarios pertenecientes a cuerpos para los que se exija titulación superior. No es sólo que los funcionarios acreditan haber superado una oposición solamente, sino que además cuentan con experiencia en la administración y conocen sus mecanismos (algo sumamente importante, y cuando has tenido un director sin este conocimiento te das cuenta de que realmente es un grave problema)
Efectivamente no son suficientes para garantizar la objetividad que proclama la LOFAGE, pero si creo que son necesarios. Necesarios pero no suficientes en definitiva.
Mi opinión, que en este caso coincide con la de Longo y otros expertos, es que se debe institucionalizar la función directiva pública, estableciendo unos requisitos específicos para los puestos directivos y un sistema de selección que garantice los principios de mérito y capacidad.
Efectivamente, además de ser funcionario de grupo A, debiera haber mecanismos que permitiera seleccionar de entre los muchos posibles para ocupar estos puestos a los que tuvieran mayores méritos y capacidad, probada por su trabajo previo en la administración. Lo lógico sería escoger a los directores generales entre los muchos subdirectores que hay, mediante concursos objetivos de méritos: una trayectoria exitosa en sus puestos anteriores, experiencia, etc.
El espacio directivo público no debe ser coto privado de nadie, ni de políticos ni de funcionarios, sino de las personas que acrediten el mérito y la capacidad para ocuparlo.
No estoy de acuerdo Iñaki. Podrías decir lo mismo del espacio público no directivo. ¿Por que entonces un ingeniero de caminos no funcionario no podría ocupar un puesto de ingeniero de caminos en la administración?
Las ventajas fundamentales de que los diretivos públicos sean funcionarios son las siguientes:
-No están vinculados a ninguna escuela de negocio, consultora, o empresa de proveniencia. Independencia del sector privado.
-Conocimiento de la administración. Especialmente en lo que se refiere a los temas de personal y a las relaciones entre las distintas unidades (que como sabes no es tema sencillo). Las fórmulas de gestión, en un espacio en que el objetivo no es obtener beneficio dista mucho de las fórmulas de gestión de una empresa privada.
-Si les cesan tienen un puesto al que volver. De nuevo se garantiza la independencia en sus actuaciones del poder político: no están presionados por un posible despido.
-Motivación del funcionariado. Si colocas a personas del sector privado para puestos directivos cortas las posibilidades de promoción de los funcionarios. ¿Para que esforzarse?
Existen normas de conducta no escritas que posibilitan las relaciones pacíficas entre los seres humanos, de tal forma que a un invitado no se le ocurre disponer de la casa del anfitrión como si la suya fuese, pues al romper las barreras invisibles que separan las conductas adecuadas de las que no lo son, corremos el riesgo de acabar como el rosario de la aurora.
Igual ocurre con la relación entre Administración y política, creo que la política ha roto las barreras que imponía el sentido común y; lo más grave; el interés general.
Injusta como cualquier generalización, pero real y más frecuente de lo deseable es el caso de esas cohortes de altos cargos, permanentemente reunidos consigo mismos, usufructuarios de restaurantes de tropecientos tenedores y alguna cuchara, que han aprendido a distinguir unas añadas de otras con abundante y generoso dinero público, y que lejos de aportar valores y métodos positivos a las distintas administraciones, las anulan, las ningunean, las retrasan, y encima ofenden con su arrogancia, convencidos de que ostentan ese puesto por sus muchos méritos y de que su designación emana directamente de la soberanía popular.
La cara negativa de la política como fuente de privilegios, prebendas y clientelismo, aquí evidencia su permanente puesta al servicio del poder en sí mismo, deja a un lado su carácter instrumental al servicio de los ciudadanos y del interés general, e infiltra cada vez más estratos de la Administración, con los efectos adversos que sobradamente; y más sutilmente que yo; se han descrito.
Iñaki, perfecto.
El planteamiento es perfecto y el debate enriquecedor. Ante una oposicion «real» para ser directivo nadie se va a oponer, salvo los «carcas» (que obviamente nunca la aprobaran). No solo hay seleccionar gente que conozca las TIC, hay que gestionar gente que sepa mover gente, gente capaz de construir, de movilizar equipos, de motivarlos, de solucionar problemas (en la administracion de actual, de estos muy poquitos) y de cumplir con lo que se predica. En definitiva, llevar a cabo lo que se pretende y no solo maquillar lo que se predica.
Dibujar la oposición y los requisitos para acceder parece tarea dificil. Animo a ver si lo conseguis entre todos!
Me gusta esa frase de «En la Administración: políticos, los justos».
Yo particularmente pienso como tu…que las clases políticas y los funcionarios tradicionales no pueden responder a los desafíos de la dirección, pero la salida no debe ser de incertidumbre pues esto ha sido así toda la vida. El reto está en la formación, tal vez haya que crear una nueva carrera universitaria relacionada a la política, a la manera de hacer política y a potenciar a los futuros funcionarios dándole un sentido empresarial a sus gestiones…
Mi propuesta es un sistema abierto. No digo que las personas que tengan un carné de partido o hayan superado una determinada oposición no puedan ser directivos públicos, lo que digo es que no sólo ellas puedan serlo, sino que la función pública directiva esté abierta a cualquier persona que acredite los mériros y la capacidad necesarios para su adecuado desempeño. Y digo también que estos méritos y capacidad también los deben de acreditar las personas que tengan un carné de partido o hayan superado una determinada oposición, porque ninguna de estas condiciones acredita por sí misma la adecuación para estos puestos.
Luego puede pasar como comenta Oscar que pasa en la UE, que al final muchos de los directivos públicos sean funcionarios. Normal, es la continuación lógica de su carrera profesional. Pero que las condiciones no sean sólo pertenecer a un cuerpo. Básicamente, esta es mi propuesta.
Y repito lo que le dije a fernando_mh en un comentario a un post anterior: es de agradecer la sinceridad de fernando_mh cuando reconoce que ni tiene todas las respuestas ni puede dar recetas infalibles. Esa es exactamente la situación en la que nos encontramos todos. Por eso estamos aquí compartiendo nuestras dudas, para ver si llegamos a alguna conclusión que, aunque no sea infalible, sea al menos consensuada por este grupo de locos que dedicamos una buena parte de nuestro tiempo a filosofar sobre estos temas tan áridos.
Gracias por vuestra atención y por vuestro tiempo.
Iñaki, suscribo tu post casi al pie de la letra. Vamor por la misma línea. Ayer hice un comentario en el blog de Rutilio que puede servir igualmente para el tuyo: «Respecto al nombramiento del personal directivo, su naturaleza, etc. el tema es complejo y espinoso. En la empresa privada, cuando nombran a alguien de Consejero Delegado, p.ej., sus responsabilidades están claras y si las acciones no se revalorizan o la compañía no crece en beneficio lo que marcan sus objetivos el Consejo pondrá a otro y ya está. Por eso es normal rodearse de conocidos pero que sabes que son buenos y te van a sacar las castañas del fuego. Eso no está mal visto; al contrario, es una práctica muy habitual que suele dar buenos resultados.
En lo público, esos «Consejeros delegados» son políticos en altos cargos cuya evaluación es muy discutible, su cese no se produce por una relación causa-efecto racional en base a unos resultados y lo que acaba pasando es que acaban nombrando a «amiguetes de partido» que en la mayoría de las ocasiones no están preparados para el puesto y acaba siendo un desastre. Para evitar este intrusismo hay que diseñar un sistema que blinde la dirección pública de estas prácticas. El sistema actual de la LOFAGE por el cual los puestos directivos deben ser ocupados por funcionarios grupo A para mí no resuelve nada porque al final a quienes nombran es a los «funcionarios políticos», es decir, a personas con oposición pero oque son del partido y tampoco acaban siendo buenos profesionales de la materia. Por eso esta solución tampoco me gusta y no la comparto. Mi propuesta es de un sistema de selección profesionalizado tipo «caza-talentos» interno pero con unos filtros de acceso transparentes y objetivos donde la experiencia en la materia y la experiencia en el sector público estén perfectamente autorizados. Partiendo de este principio el que éste sea funcionario o laboral sería lo de menos». Es más, ningún país avanzado creo que tiene una reserva como la actual de la LOFAGE en la que los altos cargos deban ser funcionarios del grupo A. Ya lo dije en otro post: ¿tiene sentido que alguna subsecretaria que andaba por ahí (hoy es Secretaria de Estado) estuviera hasta hace 4 años en una unidad de inspección de trabajo de provincias? ¿O de algún subsecretario actual que toda su carrera ha sido de sindicalista y gracias a ese «mérito» hizo un curso de homologación para ser funcionario grupo A? Todos cumplen la LOFAGE. Como ese subdirector general de normativa administrativa del cuerpo de Ingenieros del Estado. La LOFAGE actual no funciona y los países con un sector público tan fuerte como los nórdicos (que para mí son ejemplos en «casi» todo) desde luego no tienen normas de este tipo.
¿ Filtros? SI, desde luego. ¿Del tipo de la LOFAGE? NO. Exclusivamente filtros profesionales y no por tener una naturaleza en la relación laboral con la Administración.
Por cierto, y en matización a Morgana, los puestos directivos de la UE se cubren por procesos muy profesionalizados con unos requisitos de méritos muy exhaustivos y muy concretos. De acuerdo que no son políticos. Pero tampoco hay la exigencia de que sean funcionarios. Lo que ocurre es que al final la mayoría lo son porque son los que pueden acreditar mejor dichos méritos. Lo podéis comprobar en las ofertas de empleo que publican en prensa.
Yo tampoco estoy de acuerdo eon este planteamiento de que ni unos ni otros. Yo creo que la LOFAGE es, porque está en activo, una buena Ley y es su espíritu burlado el que hace el que se cree toda esta polémica. Qué es muy complicada porque es muy difícil de entender.
Por ejemplo, para aclarar las cosas, los puestos de libre designación no coinciden con los políticos y además, si están recogidos en la RPT. Un puesto clásico de libre designación es un nivel 14 secretaria de Subdirector General y todo el mundo estará de acuerdo en que no es un puesto político.
En la AGE todo está reglado, lo que pasa es que se burla la Ley. Pero un Ministro puede contar con hasta 5 asesores (6 antes de la llegada del PSOE al poder en esta legislatura) y uno de prensa. Estos 6 asesores en total son niveles 30, equivalentes a un Vocal Asesor, excepto en el caso de los dos Vicepresidentes que cuentan además con un Director General de Comunicación. Los Jefes de Gabinete de los Ministros tienen igualmente el rango de DG y no tienen porque ser funcionarios. Como veis, todo está reglado. Otra cosa, es como vulgarmente se dice, hecha la Ley hecha la trampa. Y sobre todo, que esta legislación no es conocida por el gran público, y lo que es peor tampoco por los estudiosos del tema.
Pero, yo creo que la legislación actual, es correcta y funcionaría si no se la burlara constantemente por parte de políticos y determinados cuerpos de funcionarios.
En cuanto a la función directiva lo que está claro es que hay interés en distorsionar donde acaba lo político y empieza lo técnico, y normalmente está muy claro. Y no entiendo porque en las Administraciones se debe pensar que los de dentro no están capacitados para dirigir. Es como si en Telefónica, por ejemplo, no se pensara qu e la gente de la casa esté capacitada para ser Director General. Y movilidad existe, entre los tres niveles de la Administración en España. Hay muchos funcionarios de la AGE en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, y viceversa. E incluso entre la empresa privada y la Adminstración. Hay un 20% de excedentes como mínimo en la mayoría de los Cuerpos Superiores. Y cualquiera puede ingresar en la Administración, siempre que cujmpla unos requisitos mínimos iguales para todos y a apruebe unas Oposiciones.
No sé si he entendido tu tesis: ¿ni galgos, ni podencos?. Ya que no podemos decidir entre politicos o funcionarios, que vengan otros de fuera. Entonces, esta decisión salomónica, ¿cómo se instrumenta?. Y otra cosa, ¿cómo pedimos cuentas? ¿Quien va a fijar y evaluar los resultados?. ¿Y el sueldo?.
La verdad es que no estoy de acuerdo con ese planteamiento. No resuelve nada sino que crea incertidumbre adicional.
En mi opinion, el problema no radica en la seleccion del directivo, sino en la del equipo de direccion. Si a un directivo se le impone el equipo de trabajo (este es el origen de autenticas «familias» en la administracion) en el que no puede delegar ni confiar en el, sera complicado trabajar y cumplir con los objetivos marcados. Es dificil ejercer un puesto directivo (llegues como llegues a el) atado de pies y manos.