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La Administración necesita incorporar programadores
Por fin le estoy hincando el ojo a «Open Government: Collaboration, Transparency and Participation in Practice«, el monumental libro editado por Daniel Lathrop y Lautel Ruma para O’Reilly Media. Aunque quizá el capítulo más conocido sea el número 2 –«Government as a Platform«, de Tim O’Reilly-, los editores han elegido encabezar el libro con «A Peace Corps for Programmers«, de Matthew Burton, probablemente por la refrescante claridad con que pone sobre la mesa un problema de vital importancia, común a todas las Administraciones públicas.
El capítulo golpea la conciencia de cualquiera que tenga algo que ver con la tecnología o con la Administración. No puedo menos que traducir aquí los cuatro primeros párrafos, donde se hace un diagnóstico contundente del desarrollo de software público:
«El gobierno federal debería despedirme. Al igual que los miles de otros contratistas que desarrollan software para agencias de gobierno, soy lento, demasiado caro, y no tengo contacto con las necesidades de mis clientes. Y estoy impidiendo innovar al gobierno.
En los últimos años, el gobierno ha llegado a ser casi completamente dependiente de los contratistas de tecnología de la información (TIC). Tan profunda es esta dependencia que el gobierno se ha encontrado en una posición que puede sorprender a los de la industria tecnológica: no tiene programadores propios; el código está casi totalmente externalizado. Los líderes del gobierno consideran las TIC claramente una función auxiliar, que se puede delegar a terceras partes.
Pero deberían preocuparse. Porque mientras ellos estaban sacando la responsabilidad de las TIC al exterior, el papel de la TIC se ha convertido en central para cada agencia. La informática podría haber sido una materia auxiliar hace 20 años, cuando los únicos ordenadores eran los mainframes del sótano. El empleado medio nunca tenía que preocuparse de ellos. Pero hoy, hay un ordenador en el escritorio de cada funcionario. Los funcionarios confían en sus equipos para realizar su trabajo con eficacia. Todos los días, se encuentran con nuevos problemas que podrían resolverse rápidamente con un poco de comprensión web, si simplemente hubiera un programador allí para ayudar.
Y necesitan ayuda desesperadamente. Imagine no tener Google para encontrar rápidamente la información, ni Facebook o LinkedIn para encontrar nuevos colegas, ni mensajería instantánea para comunicarse con los colegas una vez que los ha encontrado. Imagine tener que pedir permiso cada vez que quiera publicar contenido online, en lugar de ser capaz de hacerlo rápida y fácilmente con un wiki o blog. Este es el estado de la informática en el gobierno federal.»
Conceptos y etiquetas sobre Administración electrónica
Ayer @Yoriento lanzó una pregunta en Twitter: «Sobre Gobierno abierto y administración 2.0, ¿qué hashtag más adecuado/frecuente? #egov #ogov #gov20».
A partir de ahí, @scolomo, @andresnin, @mgarrigap, @Netoraton, @alorza y yo entablamos una interesante conversación sobre el tema.
Podéis acceder a (la mayoría de) los tweets con el #ogov:
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@Netoraton respondió que él suele usar #ogov.
Para @scolomo, Gobierno electrónico #egov, Administración 2.0 #gov20 y Gobierno abierto #ogov son cosas distintas, cada una con su #hastag.
@alorza lo tenía claro: #ogov sin duda, y también #irekia (barriendo pa’casa :). Y añadió que más allá del debate teórico, el tag dominante hoy es #ogov.
La propuesta de @mgarrigap era: #ogov si hablamos de gob abierto, si es admin 2.0 #gov20 y si es admin electrónica #egov ;-).
En mi opinión: el #gov20 forma parte del #ogov. Y el #egov es otra cosa, aunque tengan lugares comunes.
@scolomo no estaba de acuerdo: #ogov apertura de datos, #gov20 gobierno participativo, tangencial pero diferente.
Y @andresnin propuso la siguiente fórmula: #egov = #eadm + #ogov. Y añadió: #gov20 apenas lo uso #ogov para gobierno abierto (e-partic y transparencia) #egov para lo demás.
En este punto entré en una serie de matizaciones que apenas me cabían en 140 caracteres. Por eso intento explicarlo hoy en este post.
Participación ciudadana y medios digitales
Pedro Prieto Martín, viejo amigo de este blog, ha organizado un «Curso de Actualización Profesional sobre Participación Ciudadana y Medios Digitales«.
Este curso forma parte de la oferta académica de la Organización Universitaria Interamericana (OUI), el Colegio de las Américas (COLAM) y la Red Interamericana de Formación en Gobierno Electrónico (RIF-GE).
El curso, que se impartirá en modalidad virtual, tiene por objeto introducir a los participantes en los potenciales y contradicciones de la participación ciudadana: «Desde un enfoque práctico, analizaremos y experimentaremos cómo las posibilidades ofrecidas por el uso de Internet y las redes sociales afectan a las expectativas y prácticas de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos«.
Desde luego, Pedro Prieto Martín, como presidente fundador de la Asociación Ciudades Kyosei, tiene un largo bagaje en experiencias prácticas y reales de participación ciudadana.
El curso está dirigido a funcionarios y técnicos del sector público, políticos y cargos políticos, académicos e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, cuyo trabajo esté vinculado con el diseño, implementación o ejecución de estrategias, programas o proyectos de participación o de participación electrónica.
El plazo de inscripción está abierto hasta el próximo 6 de septiembre.
Para más información: ver Guía del Estudiante (PDF).
La Ley de transparencia
Cuando esta mañana he leído en El País que el Consejo de Ministros va a aprobar el próximo viernes, en la primera reunión tras sus vacaciones, el anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública me ha parecido una buena noticia.
Por fin, España puede dejar de ser el único país de Europa con más de un millón de habitantes que todavía no tiene una Ley de acceso a la información. Se regulará, así, un derecho reconocido en los tratados internacionales y en la propia Constitución española (artículo 105 b).
Y se podrá cumplir, también, el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos.
Siendo una buena noticia, sobre este anteproyecto de Ley se ciernen algunas sombras que César Calderón ha reflejado muy acertadamente en su blog. La primera de ellas, la paradoja de que una Ley de transparencia se haya tramitado de forma opaca y, a fecha de hoy, aun no se haya hecho público su contenido. Comparto, también, las restantes observaciones de César en el sentido de que la Administración debe ser transparente de forma proactiva (no sólo a demanda de los ciudadanos), que una Ley del siglo XXI tendría que contemplar el uso de las TICs para hacer efectiva la transparencia y que sería bueno aprovechar esta Ley para promover la apertura de los datos públicos. Pero mientras no conozcamos el texto tampoco tenemos muchos elementos de juicio para saber cómo se resuelven todas estas cuestiones en el anteproyecto de Ley.
Quién desee una información más completa puede acudir al blog de Juan Varela, que ha publicado hoy un artículo muy documentado y con numerosos enlaces sobre este tema.
Estaremos atentos a conocer la letra de este anteproyecto de Ley que puede ayudar a la implantción y al despliegue del Gobierno Abierto en el conjunto de las administraciones públicas del Estado.
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