Administraciones en red

No hay manera de tomarse un receso. Hoy quería dejar reposar el debate que nos traemos entre manos sobre los directivos públicos. Que hay que dar tiempo y espacio para leer también otras cosas interesantes que se han publicado sobre el tema. Por ejemplo, dos artículos de Oscar Cortés que no os podéis perder:

• «Dirección+Pública», que me va a obligar a replantear el post sobre los requisitos a exigir a los directivos públicos.

• Viejas y nuevas administraciones, que da qué pensar.

También me parece imprescindible el post «Ciudadanos 2.0«, de Rafael Chamorro, que, pese al título, es un emotivo canto a la blogosfera pública. Según él: «lo más interesante que está pasando en la Administración Electrónica en los últimos años«. Muchísimas gracias, por la parte que nos toca ;-).

Y, sin ir más lejos, tampoco podéis dejar de leer las reseñas que ha publicado Alorza sobre el Congreso de Ciudadanía 2.0. Mi compañero se está convirtiendo en un misionero infatigable de la Administración 2.0 ;-).

Pues hete aquí que, cuando ya me las prometía felices y descansadas, he leído en el blog de Iratxe Pikaza algo que no podía dejar pasar por alto. El IVAP ha publicado en su web (¡bien por el IVAP!) el informe sobre la futura Ley de Función Pública Vasca (PDF) a la luz del recientemente aprobado Estatuto Básico del Empleado Público. ¿Y qué dice sobre la figura de los directivos públicos?

Os lo pego directamente, que no está el horno para bollos.

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«Si conoces el sector público y tienes experiencia en puestos de dirección podrás desarrollar una atractiva carrera profesional en la Administración Pública. Se ofrece un sueldo digno y un trabajo gratificante al servicio de la ciudadanía.

Todas las candidaturas presentadas serán valoradas por un Tribunal de Selección en base a criterios objetivos. Las personas que cumplan los requisitos exigidos participarán en un proceso selectivo en el que podrán acreditar sus competencias para el desempeño del puesto.

Abstenerse mediocridades y aquellas personas que no compartan los valores públicos«.

Aviso que no soy un experto en selección de personal, ni mucho menos. Pero, de cualquier forma, me lanzo a la piscina con este post en el que pretendo efectuar una aproximación a lo que podrían ser, desde mi punto de vista, los requisitos exigibles para el acceso a la función directiva pública. Me temo que vuestra colaboración va a ser especialmente necesaria en esta ocasión. Nos vemos en los comentarios ;-).

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Tal y como anunciábamos el viernes pasado, vamos a continuar hoy el análisis de la «capa» directiva de las Administraciones públicas, reflexionando sobre los grupos que se la disputan. O sea, que hoy toca poner el foco en el manido debate de si son galgos o podencos. Lo siento, era inevitable.

Nos viene al pelo la siguiente afirmación de Francisco Longo, Director del Instituto de Dirección y Gestión Pública de ESADE: “El espacio de la dirección pública es disputado, con resultados variables, que difieren en las distintas instituciones, por los dos actores tradicionales de los sistemas públicos: las clases políticas, y la función pública tradicional«. Sin embargo, en su opinión: “ninguno de ellos puede responder a los desafíos de la dirección pública”.

Es la tesis que mantenemos a lo largo de todo este debate, que hay un espacio entre la Administración y la política que tiene identidad propia y que debería contar con unas reglas del juego específicas. En ese mismo sentido apunta también la tímida regulación de esta figura contemplada en el Estatuto Básico del Empleado Público. ¿Una nueva casta?.

Tal vez acierta Pablo Aretxabala en este comentario de apariencia tan sencilla: «para mi el principio es que un directivo público, ante todo, debe ser un directivo«. Nada más y nada menos.

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No es que quiera comenzar barriendo para casa. Lo de la mayúscula es cosa de la RAE, para distinguir la Administración, como organización, de la «acción y efecto de administrar«. Por cierto, si nos fijamos en cómo define la RAE a la Administración pública, Administración y política no son dos mundos muy lejanos entre sí: «Organización ordenada a la gestión de los servicios y a la ejecución de las leyes en una esfera política determinada, con independencia del poder legislativo y el poder judicial«.

La RAE tampoco nos facilita la delimitación entre la Administración y la política cuando define así a las personas políticas: «(Política) Dicho de una persona: Que interviene en las cosas del gobierno y negocios del Estado«. ¿Qué funcionario público no lo hace?.

Definitivamente, habrá que orientar la investigación por otros derroteros, pero me he permitido esta divagación porque me parece que estas definiciones nos vienen bien para ilustrar la proximidad que hay entre los ámbitos de la Administración y de la política.

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Antes que nada, quiero agradeceros vuestra extraordinaria participación. Estoy encantado y, al mismo tiempo, un poco abrumado. No quisiera defraudar las expectativas generadas. Os aseguro que pondré todo mi empeño.

Está muy bien que comentéis en este blog, por supuesto. Os animo a hacerlo todas las veces que queráis y de forma tan extensa como os apetezca. Pero quiero subrayar que la conversación no se limita a los estrechos márgenes de este blog. Ya sabéis que “no son los blogs, sino las blogosferas”. Así, como debe ser, este debate ha continuado también en otros blogs:

• ¿Deben ser los Directores Generales funcionarios públicos? (Rafael Chamorro)

• Más aportaciones al debate de la función directiva pública (Oscar Cortés)

• Quiero ser Director General (Rutilio Alonso)

Si sabéis de alguna otra aportación, os agradeceré que me la hagáis saber para añadirla a la lista.

Pero el objeto de esta nota es, sobre todo, contaros mis planes a corto plazo sobre este debate.

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Apenas enumeré en un post anterior los aspectos que deberían tenerse en cuenta a la hora de analizar la función directiva pública y unos cuantos, en vuestros comentarios, ya habéis ido directamente al meollo de la cuestión. Y es que cuando se saca este tema es difícil eludir la polémica de si tienen que ser galgos o podencos.

Siguiendo con mi obsesión de ir por partes, se me ocurre que es más lógico concretar primero de qué estamos hablando, y ya sacaremos después las conclusiones que nos parezcan. Si estamos hablando de la función directiva pública, no estaría de más empezar por una puesta en común intentado llegar a una idea compartida sobre en qué consiste esta cosa que llamamos «función directiva pública«.

Tal vez, algunos penséis que, a estas alturas de la película, la cosa ya está clara, que es evidente de qué estamos hablando. No diré que no. Pero si es así, no costará mucho ponerlo negro sobre blanco. Vayamos pues con ello.

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