Administraciones en red

Tal y como anunciábamos el viernes pasado, vamos a continuar hoy el análisis de la «capa» directiva de las Administraciones públicas, reflexionando sobre los grupos que se la disputan. O sea, que hoy toca poner el foco en el manido debate de si son galgos o podencos. Lo siento, era inevitable.

Nos viene al pelo la siguiente afirmación de Francisco Longo, Director del Instituto de Dirección y Gestión Pública de ESADE: “El espacio de la dirección pública es disputado, con resultados variables, que difieren en las distintas instituciones, por los dos actores tradicionales de los sistemas públicos: las clases políticas, y la función pública tradicional«. Sin embargo, en su opinión: “ninguno de ellos puede responder a los desafíos de la dirección pública”.

Es la tesis que mantenemos a lo largo de todo este debate, que hay un espacio entre la Administración y la política que tiene identidad propia y que debería contar con unas reglas del juego específicas. En ese mismo sentido apunta también la tímida regulación de esta figura contemplada en el Estatuto Básico del Empleado Público. ¿Una nueva casta?.

Tal vez acierta Pablo Aretxabala en este comentario de apariencia tan sencilla: «para mi el principio es que un directivo público, ante todo, debe ser un directivo«. Nada más y nada menos.

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No es que quiera comenzar barriendo para casa. Lo de la mayúscula es cosa de la RAE, para distinguir la Administración, como organización, de la «acción y efecto de administrar«. Por cierto, si nos fijamos en cómo define la RAE a la Administración pública, Administración y política no son dos mundos muy lejanos entre sí: «Organización ordenada a la gestión de los servicios y a la ejecución de las leyes en una esfera política determinada, con independencia del poder legislativo y el poder judicial«.

La RAE tampoco nos facilita la delimitación entre la Administración y la política cuando define así a las personas políticas: «(Política) Dicho de una persona: Que interviene en las cosas del gobierno y negocios del Estado«. ¿Qué funcionario público no lo hace?.

Definitivamente, habrá que orientar la investigación por otros derroteros, pero me he permitido esta divagación porque me parece que estas definiciones nos vienen bien para ilustrar la proximidad que hay entre los ámbitos de la Administración y de la política.

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Antes que nada, quiero agradeceros vuestra extraordinaria participación. Estoy encantado y, al mismo tiempo, un poco abrumado. No quisiera defraudar las expectativas generadas. Os aseguro que pondré todo mi empeño.

Está muy bien que comentéis en este blog, por supuesto. Os animo a hacerlo todas las veces que queráis y de forma tan extensa como os apetezca. Pero quiero subrayar que la conversación no se limita a los estrechos márgenes de este blog. Ya sabéis que “no son los blogs, sino las blogosferas”. Así, como debe ser, este debate ha continuado también en otros blogs:

• ¿Deben ser los Directores Generales funcionarios públicos? (Rafael Chamorro)

• Más aportaciones al debate de la función directiva pública (Oscar Cortés)

• Quiero ser Director General (Rutilio Alonso)

Si sabéis de alguna otra aportación, os agradeceré que me la hagáis saber para añadirla a la lista.

Pero el objeto de esta nota es, sobre todo, contaros mis planes a corto plazo sobre este debate.

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Apenas enumeré en un post anterior los aspectos que deberían tenerse en cuenta a la hora de analizar la función directiva pública y unos cuantos, en vuestros comentarios, ya habéis ido directamente al meollo de la cuestión. Y es que cuando se saca este tema es difícil eludir la polémica de si tienen que ser galgos o podencos.

Siguiendo con mi obsesión de ir por partes, se me ocurre que es más lógico concretar primero de qué estamos hablando, y ya sacaremos después las conclusiones que nos parezcan. Si estamos hablando de la función directiva pública, no estaría de más empezar por una puesta en común intentado llegar a una idea compartida sobre en qué consiste esta cosa que llamamos «función directiva pública«.

Tal vez, algunos penséis que, a estas alturas de la película, la cosa ya está clara, que es evidente de qué estamos hablando. No diré que no. Pero si es así, no costará mucho ponerlo negro sobre blanco. Vayamos pues con ello.

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Hace un par de semanas se suscitó un interesante debate en el blog de Oscar Cortés sobre la siempre polémica cuestión de la dirección pública. El título de su post ya lo propiciaba: «Directivos públicos: la pugna entre políticos y funcionarios«. La verdad es que este tema me parece crucial para la transformación de las administraciones públicas y creo que no se le suele conceder la importancia que tiene. En unos casos, porque tal vez estemos tan acostumbrados al sistema actual de cobertura de los puestos directivos de la Administración pública que hayamos llegado a pensar que es natural que las cosas se hagan así y, en otros, porque posiblemente consideremos que los intereses en juego son demasiado fuertes para que el sistema pueda cambiar, con lo cual no merecería la pena perder mucho tiempo en este debate.

Desde mi punto de vista, no se trata de un pulso entre políticos y funcionarios, ni mucho menos. La cuestión es que las personas que ocupan los puestos directivos en cualquier organización, y la Administración pública no es una excepción, tienen una influencia enorme sobre su funcionamiento. Si queremos conseguir unas administraciones eficientes no podemos eludir el tema de la dirección pública. Y el debate no es si los directivos públicos deben ser o no funcionarios, sino cómo dotar a las administraciones públicas de los directivos adecuados para su buen funcionamiento.

Me quedo con esta frase de Oscar Cortés: «Estamos de acuerdo con que la idea fundamental debe ser la PROFESIONALIZACIÓN de la función directiva, que garantice a las administraciones públicas disponer de personal directivo de alta capacitación y preparado para liderar el sector público del futuro».

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